El pasado 2 de febrero, el Consejo de Estado tumbó el decreto con el que el presidente Gustavo Petro pretendía bajar las tarifas del servicio de energía en el país. Esto, en respuesta a la solicitud de medidas cautelares luego de que los abogados Juan David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao presentaran ante el alto tribunal una “acción de simple nulidad” contra el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023, con el que el presidente Petro reasumía algunas de las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento.
Tras este revés para el jefe de Estado, que con bombos y platillos anunció que este decreto le permitiría tener “la facultad de generar las políticas generales de administración de servicios públicos domiciliaros que son el agua, la luz”, este viernes 7 de abril, el mandatario presentó el borrador de la nueva política del servicio público de energía.
De acuerdo con la propuesta, se adicionan nuevas medidas y lineamientos al Decreto 1073 de 2015, para el aseguramiento de la prestación del servicio para propiciar esquemas competitivos para la selección del Prestador de Última Instancia, PUI.
Además, se busca establecer políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público. De igual forma, también se adicionan medidas para el mercado. Entre los puntos más importantes está la transición a una tarifa ajustada a la población.
“(...) se pública para participación ciudadana el proyecto de decreto ‘Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, único reglamentario del sector administrativo del sector Minas y Energía, y se establecen políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica’, con el objeto de recibir observaciones y comentarios”, dice en la página del Ministerio de Minas y Energía, donde está alojado el borrador.
“Lo dispuesto en la presente Resolución no impacta directamente los recursos de la Nación”, hace énfasis uno de los apartados del documento.
De igual forma, toma en cuenta la segregación de riesgos de cartera entre aquellos agentes que operan en mercados competitivos y aquellos que atienden a usuarios de áreas especiales. Además, se busca fomentar la participación en el mercado mayorista, lo cual implicaría que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) diseñe los mecanismos necesarios para los usuarios y los agregadores de demanda.
El borrador estará abierto a comentarios hasta el próximo miércoles 19 de abril de 2023.
De acuerdo con el Gobierno, por medio de este proyecto de resolución, se promueve la contratación a largo plazo con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), “lo que tendrá un impacto positivo en el medio ambiente al incentivar la incorporación de fuentes de generación de energía. Según lo expuesto en el documento, con la implementación de FNCER, se contribuiría a:
- Fortalecer la resiliencia de la matriz de generación de energía eléctrica ante eventos de variabilidad y cambio climático a través de la diversificación del riesgo.
- Mitigar los efectos de la variabilidad y cambio climático a través del aprovechamiento del potencial y la complementariedad de los recursos energéticos renovables disponibles, que permitan gestionar el riesgo de atención de la demanda futura de energía eléctrica.
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector de generación eléctrica de acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia en la Cumbre Mundial de Cambio Climático en París (COP21).
Lea el borrador completo: