La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) pidió al Gobierno nacional y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), tomar medidas urgentes que permitan frenar el alza de los precios de la energía en Colombia.

El gremio advierte que el precio final de la energía eléctrica está asociado con el indexador Índice de Precios al Productor (IPP), “el cual para el año 2021 se incrementó en un 18,6 % y solo en el mes de enero de 2022 un 3,6 %, generando el correspondiente aumento en los más importantes componentes de las tarifas que son la generación, comercialización y la distribución, así como en algunos componentes de gas”.

Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía, aseguró que el alza en las tarifas de energía “está afectando fuertemente el nivel de los subsidios que el Gobierno Nacional tiene que aportar a los beneficiarios de los mismos en los servicios públicos de electricidad y gas combustible, dejando estragos en las finanzas del país”.

Además, afirmó que el aumento en los precios de la energía es generalizado para todo tipo de usuarios, incluyendo la población más vulnerable, los sectores industriales y comerciales, que están recientemente recuperándose apenas de los años de la emergencia sanitaria y de las dificultades de orden público.

De acuerdo con la directora Ejecutiva de Asoenergía, la finalidad de una tarifa de servicio público es remunerar el servicio prestado, de manera que la tarifa se logre descomponer en ciertos componentes que están presentes a lo largo de la cadena del mercado del servicio, “abarcando factores asociados como las operaciones de infraestructura que se requieren para la prestación de los servicios, las inversiones, mantenimientos, planes de expansión, entre otros”.

Asoenergía aseguró que el aumento en los precios de la energía es generalizado para todo tipo de usuarios, incluyendo la población más vulnerable.

“Asoenergía advierte que el incremento del indexador IPP no está directamente relacionado con el aumento de costos que han tenido quienes desarrollan las actividades de oferta de electricidad o de gas, lo cual les está permitiendo recibir unas altas rentas a costa de los usuarios, y que en el caso de generación eléctrica les está permitiendo definir unas bases de precio mucho más altas, que están y van a impactar las negociaciones de contratos en este componente en el mediano futuro”, destacó Sandra Fonseca.

Por tal razón, solicitó modernizar el indexador asociándolo a las realidades de los costos particulares, y adoptar medidas inmediatas como establecer un control sobre el crecimiento (un techo) del indexador del IPP que permita disminuir el impacto sobre las tarifas de energía para todo tipo de usuarios.

“Se requieren medidas a largo plazo que permitan plantear la definición de un nuevo indexador más acorde con la realidad del incremento de los costos de estos servicios”, subrayó Sandra Fonseca.

El alza en las tarifas de energía está afectando fuertemente el nivel de los subsidios que el Gobierno Nacional tiene que aportar para las familias. | Foto: Foto: Twitter @AfiniaGrupoEPM

Piden al Gobierno nueva subasta de energía para atender la demanda creciente

Aunque en el corto plazo no se ven problemas en el suministro de energía y el sector está a la expectativa de la entrada en operación de las dos primeras unidades de Hidroituango, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) estima que, hacia 2025, el balance entre oferta y demanda de energía en firme se va a estrechar y Colombia tendría muy poca capacidad de reaccionar.

Por ello, el gremio le pidió al Gobierno nacional hacer una nueva subasta de Cargo por Confiabilidad, con miras al periodo 2025 - 2026 o máximo en 2026 - 2027, para atender el crecimiento de la demanda que se estima para ese momento. También hay que tener en el radar una posible aparición de un fenómeno de El Niño que puede apretar y estresar el sistema.

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, reconoció que es necesario hacer una nueva subasta de energía para suplir la demanda de energía al año 2026, y próximamente se abrirá el proceso para que el próximo gobierno realice las respectivas adjudicaciones.

“Estamos definiendo si solo necesitamos una subasta de Cargo por Confiabilidad, en la que ya pueden participar energías renovables no convencionales, o si es necesario complementarla con una subasta de renovables”, afirmó.