En una audiencia pública recientemente realizada, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dejó lista la tarea para que el ‘fracking’ sea una realidad. Lo que falta ya son algunas clasificaciones adicionales.
Se llevó a cabo ya el proceso de clasificación de las áreas para pilotos de ‘fracking’, lo que sucedió casi de forma paralela al concepto emitido por la Procuraduría General, en el que pide anular los decretos que permiten esta práctica extractiva, por considerarla incompatible con el desarrollo sostenible.
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Canacol Energy y Parex Resources presentaron ofertas por 4 áreas, para las que previamente habían manifestado interés o solicitud de incorporación. A ellas les fueron validadas y aprobadas las solicitudes por parte de la ANH, con lo cual, se dará el siguiente paso en los pilotos, en las áreas ubicadas en las cuencas del Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena y Llanos.
Según manifestó la agencia de hidrocarburos, las ofertas iniciales para las actividades de exploración de las áreas suman aproximadamente 40 millones de dólares.
Según estableció la ANH, el tercer ciclo en el proceso contempla la recepción de contraofertas, lo que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre. Para esa oportunidad, 14 empresas más estarán habilitadas. En caso de no recibirse contraofertas, la asignación de áreas se hará el 30 de noviembre, mientras que las áreas que sean objeto de contraofertas, se adjudicarán el 14 de diciembre.
La controversia sigue
De esa manera, mientras las autoridades mineras celebraron el hecho, como un paso firme para “la reactivación del sector hidrocarburos en Colombia”, los argumentos de la Procuraduría fueron llevados al Consejo de Estado, ante el cual, el Ministerio Público hizo la petición de declaratoria de nulidad de la norma que permite avanzar con el 'fracking’.
La Procuraduría, para su conceptualización, se basó en la Constitución, y argumentó que hay “abundante evidencia científica” y otras informaciones sobre los “riesgos y daños irreversibles” que la práctica de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales pueden causar tanto al recurso hídrico como al medio ambiente en general.
Contrato especial
Como se trata de pilotos, se creó la figura conocida como Cepi (Contrato Especial de Proyecto de Investigación). Este mecanismo será el que aplique para ejecutar los proyectos piloto de investigación integral sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos.
Dicho marco jurídico fue establecido en el Decreto 328 de 2020. Aquí hay que señalar que las normas que pidió tumbar la Procuraduría son el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014. En ellas están contenidos los parámetros para explorar y explotar hidrocarburos bajo la modalidad de ‘fracking’.
También es clave precisar que el contrato establecido para los pilotos de esta técnica de extracción solo aplicarán para los proyectos aprobados en esta fase, cuya finalidad es realizar las investigaciones y exploraciones, para identificar los principales riesgos asociados con el desarrollo de estos recursos.
Qué es el ‘fracking’
El ‘fraking’ está entre dos orillas. Los que lo impulsan lo describen como una técnica oportuna en un momento en que hay una creciente demanda de energía y al mismo tiempo se hace necesario buscar recursos más limpios que el carbón. Por el contrario, los que se inclinan más por la defensa del tema ambiental sostienen que se trata de una herramienta de extracción que genera grave riesgo para la salud y el medioambiente. Por esa razón, ha estado en polémica su uso desde hace varios años.
Se trata de una técnica de fracturación hidráulica con la cual se llega a la extracción del llamado gas de esquisto, hidrocarburo no convencional que está en las capas de rocas, a gran profundidad de la superficie.
Cuando en la exploración se ha llegado al punto donde está la roca, el paso que sigue es el de una inyección, a alta presión, de grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar la roca y liberar el gas, metano.