Al cierre de la primera semana de negociación del salario mínimo, las posiciones de empresarios y trabajadores siguen muy alejadas.
Con una economía en recesión y el desempleo en doble dígito, la prioridad es pensar no solo en quienes pudieron conservar su puesto en medio de la pandemia, sino en los desempleados y los informales que no lo lograron. Pero tras conocerse la cifra de productividad negativa y las bajas expectativas de inflación, los empresarios y analistas insistieron en un aumento máximo del 3 por ciento.
Los trabajadores, por su parte, creen que ante el desplome de la economía, el incremento debe ser del 15 por ciento. Insisten en que el mínimo debe alcanzar el millón de pesos para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, y consideran que al poner plata en los bolsillos de los colombianos, la reactivación se acelerará.
Este es el libreto de todos los años, en el cual cada parte defiende su posición. Sin embargo, en un año tan complejo crece la posibilidad, como en otros años, de que el salario mínimo se fije por decreto.
El motivo es que parecen estar hablando de cosas distintas. Mientras los trabajadores discuten sobre lo poco para lo que alcanza el salario, los empresarios hablan de competitividad y lo costoso que es pagar un empleado formal. Y ambos pueden tener razón: lo que cuesta contratar formalmente un trabajador no es lo mismo que este recibe.
Si el salario mínimo para el empleado este año es de 877.803 pesos (sin auxilio de transporte), por ejemplo, el costo para el empleador es de alrededor de 1,4 millones de pesos. Esto significa casi 1,5 veces más luego de hacer los aportes a salud, pensiones, ARL, cesantías e interés de cesantías, prima legal, vacaciones, auxilio de transporte y cajas de compensación (ver tabla).
Eso sin contar otros gastos indirectos como las incapacidades médicas, los aprendices del Sena o incluso los recargos dominicales y por festivos.
Por eso, un incremento del 6 por ciento como el aprobado en los dos últimos años termina siendo un aumento del 9 por ciento para los empresarios. Y subirlo 15 por ciento, como piden los trabajadores, significaría una adición del 22 por ciento en los costos de contratación, algo difícil en estos momentos.
Estas cuentas han servido de base a muchas propuestas para luchar contra el desempleo que se provocó en la pandemia. Algunas buscan la eliminación de costos no laborales para facilitar la generación de empleo. Por ejemplo, han sugerido la reducción temporal de los llamados parafiscales, entre ellos la disminución de los aportes a las cajas de compensación para empresas que mantengan y creen puestos de trabajo.
Esta semana un grupo de economistas liderados por el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, fueron más allá y propusieron pagar solo el 80 por ciento del salario mínimo a los nuevos empleados, y que no se hagan los aportes completos a pensiones o a las cajas de compensación familiar hasta que termine la emergencia sanitaria. Esto iría unido a una mayor inversión pública y al impulso de pequeñas obras en todo el país.
Lo que en el fondo muchos proponen es la flexibilización temporal del mercado laboral. Si bien Colombia ha adoptado medidas para reducir estos parafiscales –la Ley 1607 de 2012 eliminó los pagos al Sena y al ICBF, que pasaron a financiarse directamente del presupuesto nacional–, los costos laborales no salariales en el país son mayores a los que se pagan en las demás naciones de la región y de la Ocde.
Esto hace que el país no solo tenga un desempleo estructuralmente más alto, sino que incentiva una gran informalidad.
Sin duda, el modelo en el que la seguridad social y otros temas se financian por medio de mayores costos a la nómina es una de las causas de que cerca de la mitad de los trabajadores en el país sean informales. En las zonas rurales, la informalidad es del 83 por ciento.
Para los empresarios reunidos en el Consejo Gremial Nacional esta es una buena coyuntura para impulsar la formalización laboral y empresarial. En la agenda para la reactivación que plantearon esta semana, enfatizaron la necesidad de fortalecer el régimen simple de tributación y brindar subsidios o alivios tributarios específicos para cofinanciar la nómina de empresas que hagan el salto de la informalidad a la formalidad.
Los empresarios también pidieron impulsar una reforma que modernice el régimen laboral, que corrija las restricciones y rigideces que desincentivan la contratación formal. En esta solicitan asuntos como permitir la cotización y contratación por horas, un modelo de verificación de incapacidades para limitar el abuso y eliminar normas como la estabilidad laboral reforzada, entre otros.
De la misma manera, propusieron programas de formación dual para cerrar las grandes brechas que hoy existen entre las habilidades y conocimientos que requiere el sector empresarial y los que están formando el ramo educativo.
Para los sindicatos, no se puede hacer una reforma laboral excusados en la emergencia que vive el país.
Muchos analistas han sugerido avanzar en medidas de choque que permitan dar un impulso a la creación de empleo y que, una vez atendido lo urgente, será necesario revisar lo estructural.
La discusión de la mesa de concertación no puede ser por una cifra en la que cada parte esté pensando en cosas distintas o lo vean como una negociación de suma cero: un juego de ganadores y perdedores. La mesa debe ser un buen escenario para darle una mirada integral a la situación del mercado laboral.
Pese a que el desempleo se redujo a 14,7 por ciento en octubre, por encima de lo esperado y cinco puntos menos que la cifra alcanzada en el peor momento de la crisis, sigue siendo muy alta. Además, en muchos casos esta recuperación en cantidad de puestos de trabajo ha sido a costa de una baja calidad, ya que está soportada en mayor informalidad, que alcanzó un nivel del 48,5 por ciento.
Si el país quiere recuperarse del golpe provocado por la pandemia, tiene que empezar a crear acuerdos y consensos. Según estimaciones de varios analistas, que la economía vuelva a niveles prepandemia podría tardar entre dos y tres años, incluso mucho más en algunos sectores.
Hay que pensar en el bien de la mayoría, y no solo en intereses particulares. El 15 de diciembre es el primer vencimiento para que las partes lleguen a un acuerdo. Es hora de cambiar el libreto de todos los años y comenzar a hablar el mismo lenguaje para que las reformas que se quieren discutir en el país hacia futuro no se conviertan en un diálogo de sordos. n