En una sesión virtual del Senado de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, dio a conocer que el Gobierno planea declarar una nueva emergencia económica para emitir una serie de decretos que permitan brindar un paquete de ayudas enfocadas en mantener los empleos de las pequeñas y medianas empresas.Ha trascendido que el Ministerio de Hacienda y otras instancias del gobierno están considerando la posibilidad de subsidiar nóminas hasta por dos salarios mínimos. Al parecer, el Ejecutivo estudia seriamente las propuestas que formularon gremios como la Acopi, la Andi y Fenalco.
El viceministro Juan Pablo Zárate ya había anticipado la evaluación de este tipo de medidas en una intervención virtual que realizó en la Comisión III del Senado, donde aseguró que el objetivo del Gobierno es brindar ayudas adicionales con cargo al fisco nacional para proteger los contratos laborales.La mayoría de la pequeñas y medianas empresas se encuentran entre la espada y la pared, pues las medidas de aislamiento frenaron las actividades en seco y la caja se les agotó.
Según cifras de la más reciente encuesta al sector comercio de Fenalco, a pocos días del pago de las nóminas uno de cada tres comerciantes no tiene recursos para hacerlo y tan solo el 6 % lo hará con créditos otorgados por el Gobierno.Además, el 38 % del comercio anuncia cierres o ingreso a la Ley de Insolvencia y el 69 % de los empresarios dice que tendrá que disminuir su personal entre un 25 % y un 75 %.
Una alternativa para reducir los despidos es un acuerdo en que empleadores y Gobierno asuman parte de la nómina, y los trabajadores sacrifiquen parte de su salario.Tal vez la peor parte de la crisis recae sobre el sector comercio, el cual, al parecer, será el último eslabón de la reactivación económica que empezó tímidamente con la entrada en funcionamiento de los sectores de la construcción y la manufactura.Por tal motivo, desde Fenalco han propuesto al Gobierno algunas medidas que podrían ser incluidas en la segunda generación de decretos anunciada ayer por Carrasquilla.La principal propuesta en materia laboral de Fenalco, que ha sido construida con otros gremios, considera que el pago de las nóminas sea compartido de manera tripartita entre los empleadores, el Gobierno y los trabajadores; es decir, que una parte sea pagada por el Estado, otra por las empresas y que el empleado acuerde la reducción de una parte del salario, siempre y cuando devengue más del salario mínimo. Dicha reducción, que está contemplada en el Código del Trabajo, solo puede ser de carácter temporal y supone un común acuerdo con el trabajador. Además, piden que se aplacen durante mayo, junio y julio los aportes parafiscales para que sean cubiertos durante el último trimestre del año en curso. Con estas medidas se espera evitar despidos.
Adicionalmente, piden que el Gobierno empiece a irrigar liquidez inmediata a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas, las cuales constituyen el 93 % del tejido empresarial. Con este fin solicitan que se incremente al 100 % las garantías del FNG que hoy son del 80 y 90 %.Para los sectores que iniciarán tardíamente la reactivación inteligente, como el comercio, el turismo y la economía naranja, proponen líneas de reconstrucción del tejido empresarial de largo plazo (cinco años) con periodos de gracia de uno o dos años y sin intereses. Sin duda, la prioridad de este nueva declaratoria, de la que aún no se conoce fecha, deberá ser la protección del tejido empresarial y del empleo. En este sentido, la Anif coincide con Fenalco y recomienda que se diseñe un mecanismo de alivio directo para el pago de la nómina de las mipymes que están en crisis, en el que se incluya un programa especial que cubra los ingresos de los trabajadores que ganen entre uno y dos salarios mínimos.
De adoptarse este mecanismo, según cifras de la Anif, se cobijará a 5,4 millones de trabajadores, para lo cual se tendrán que disponer recursos mensuales por por $5,7 billones.“Lo más importante es anotar que la actividad económica debe reactivarse paulatinamente, ya que es imposible para el Gobierno financiar cerca del 1 % del PIB todos los meses”, concluye la Anif.