Mientras aún avanzan las discusiones de las reformas a la salud, las pensiones y el mercado laboral, ya el Gobierno alista otras iniciativas. Desde hace unas semanas se ha venido socializando una en el campo ambiental. Se trata de un proyecto de ley que busca reformar la Ley 99 de 1993 y “modernizar el Sistema Nacional Ambiental (Sina)”, pero todavía no tiene fecha para su presentación en el Congreso.
En un borrador de casi un centenar de páginas, se consagran nuevas reglas en materia de institucionalidad del sector, por ejemplo, con la aparición del Consejo Nacional de Sustentabilidad que sustituye al Consejo Nacional Ambiental o los regímenes entrantes de gobernabilidad y administración de las Corporaciones Autónomas Regionales. También, los alcances de las licencias ambientales para actividades productivas, todo enmarcado en el concepto de sustentabilidad.
Sin duda se trata de una iniciativa fundamental para evitar el falso dilema entre el desarrollo o el medioambiente y buscar caminos que le permitan al país crecer, avanzar en infraestructura, proyectos productivos y nuevos sectores en los que lo económico, lo social y lo ambiental sean un trípode ganador.
Sin embargo, tras las primeras reuniones y talleres, en el sector privado se encendieron algunas alarmas.
Para el abogado José Vicente Zapata, hay tres factores en la discusión del borrador, que, seguramente, tendrá nuevos ajustes. El primero está relacionado con la centralización del poder de decisión ambiental. “El proyecto hace un esfuerzo relevante por centralizar el poder en cabeza del Gobierno central”, dice. Eso se evidencia en los órganos directivos que modifica tanto en las Corporaciones Autónomas Regionales como en el Consejo Nacional de Sustentabilidad, “pues saca al sector privado de esos consejos directivos y, en cambio, se nombran más ministros del despacho y más funcionarios del Gobierno central”, agrega.
El segundo tema espinoso tiene que ver con las facultades de supervisión. El borrador impulsa al Ministerio de Ambiente para ser interventor y autoridad superior que puede no solamente constatar los permisos y autorizaciones de las corporaciones, sino también de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Es decir, al establecer que el ministerio, que hoy cuenta con funciones de regulador, tenga además tareas de ejecución de permisos y autorizaciones, se convertiría en un déjà vu, volviendo a principios de los noventa, cuando se creó la institucionalidad.
Y, finalmente, la posibilidad de que se creen requisitos adicionales al licenciamiento y a las actividades productivas que antes no los tenían. Como advierte un empresario, “si estamos tratando de sobrerregular con hechos jurídicos realidades que ya están frenadas, se hará más difícil licenciar. Además, la estructura pública para los procesos de licenciamiento no será suficiente para tener una ejecución ágil y expedita”. En esto coincide con un dirigente gremial que aseguró: “Triplica los tiempos en expedición de licencias y abre una caja de Pandora para licenciamiento ambiental”.
SEMANA contactó al Ministerio de Ambiente para obtener una explicación sobre los alcances del proyecto, pero al cierre de esta edición no había respuesta.
Según Zapata, un cambio como este puede frenar el desarrollo sostenible del país. “Si se materializa una decisión de estas, ¿quién se mete a hacer un proyecto? O, peor aún, terminamos en la irregularidad”, concluye.