Por estos días, todo el mundo está haciendo cuentas. No solo de lo que gastará en regalos navideños y vacaciones de fin de año, sino en lo que viene para 2024 y qué tanto aguantará el bolsillo en medio de una profunda desaceleración económica.
Aunque desde marzo de este año la inflación viene cayendo, lo ha hecho lentamente, y Colombia, frente a países como Brasil, Chile o Perú, tiene todavía un indicador muy alto que además influye en diversos precios y tarifas para el año siguiente. El más reciente dato de inflación, a noviembre, llegó a 10,15 % anual y se estima que cerrará este año entre 9,5 y 10 %.
El costo de vida en el país sigue amenazado por factores como el fenómeno de El Niño, cuya intensidad se empezará a ver con fuerza entre diciembre y enero y aún no es claro cuál será su duración. También lo inquietan los incrementos de la gasolina y los que tendrá el ACPM. Además, la cifra de la inflación indexará precios de servicios y productos, como arriendos, cuotas de administración, educación o peajes, los cuales mantendrán las tensiones económicas de las familias.
La inflación también será la base para fijar el salario mínimo de 2024, que, a su vez, dará la pauta para que las empresas determinen en gran parte el costo de sus productos. Además, el salario mínimo determina cada año el precio de las Viviendas de Interés Social (VIS), el cual se ha disparado.
Sin embargo, no son las únicas preocupaciones para los bolsillos de los colombianos. Este año entra en plenitud el impacto de la reforma tributaria del Gobierno Petro para las personas naturales, en las que los beneficios por deducciones se reducen dramáticamente, al tiempo que se depurarán las bases de datos para la entrega de subsidios, lo que dejaría sin esta ayuda estatal a familias que ya no serían consideradas tan pobres.
Sigue la carestía
Según una encuesta de Ipsos en América Latina, la mayor preocupación de los colombianos, después de la inseguridad, es el costo de vida, pues persisten las amenazas de brotes inflacionarios.
“El escenario que tenemos es que el comienzo de 2024 puede ser complicado porque la inflación va a ceder a un ritmo muy gradual y buena parte de la reducción de tasas de interés no se va a sentir sino hasta final del año. Entonces, hay que arrancar 2024 con prudencia, volver a revisar los presupuestos y cuidar el endeudamiento”, señala José Ignacio López, director de estudios económicos de Corficolombiana y presidente designado de Anif.
Esas preocupaciones inflacionarias tienen varias aristas. Una de ellas son las indexaciones, y una de las más importantes es la de arriendos, factor que puede llegar a pesar casi la cuarta parte del presupuesto de los hogares. Los arriendos pueden subir máximo la inflación causada del año inmediatamente anterior, que para 2024 podría ser cercana al 10 %, que es el nivel con el que se espera termine este indicador en 2023.
“Para responder a estos ajustes, este año muchos hogares cambiaron de vivienda en arriendo. Se fueron a áreas más pequeñas con alquileres más bajos para no tener que pagar incrementos tan altos”, comenta explica Andrés Langebaek, director de estudios económicos del Grupo Bolívar.
Por su parte, Camilo Herrera, fundador de la consultora Raddar, aclara que si bien los arriendos pueden aumentar hasta el tope de la inflación causada, no se ha llegado a ese techo. “La inflación de arriendos para noviembre de este año es del 7,43 %, por debajo del total de la inflación de 2022, que fue de más del 13 %”.
El otro golpe directo, vía indexación, que sentirán los colombianos es en la educación y vendrá por dos vías. La primera, los aumentos que autorizó el Ministerio de Educación en octubre para las instituciones privadas de preescolar, básica y media, que se aplicarán en 2024. La base del incremento se fija con el Índice de Precios al Consumidor con corte a agosto de 2023, emitido por el Dane, el cual se ubicó en 11,43 %.
A partir de allí, cada establecimiento educativo podrá acceder a puntos porcentuales adicionales, de acuerdo con diferentes criterios. Y la segunda, la llamada temporada escolar –especialmente para el calendario A– que, según Herrera, representa 5 % del crecimiento del gasto de los hogares entre enero y febrero, en promedio, teniendo en cuenta que no todos tienen hijos. Y los costos de la temporada escolar no solo incluyen libros, útiles, uniformes y ropa. También productos de tecnología y acceso a internet.
También se indexan por inflación los precios de los peajes, que este año no subieron por decisión del Gobierno. Ahora, para cubrir ese rezago en 2024 tendrán dos incrementos: uno arrancando el año y otro a mediados de año. Paralelamente, hay expectativas frente al alza en los precios de los combustibles.
El panorama lo empezó a despejar el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aseguró que ya no faltarían tres aumentos, sino uno solo. En diciembre no hubo incremento, lo que le quitó presión a la inflación. Posiblemente el alza se dé en enero. Según los cálculos de Herrera, el aumento en el precio de la gasolina afecta a cerca del 30 % de los hogares que tienen carro o moto y, en algo, a la operación logística.
“Pero cuando entra el diésel, este incluye a camiones y tractomulas que mueven la papa que llega a las ciudades y la mercancía que llega de los puertos. Esto sí, metería un golpe fuerte en los costos, haciendo que la inflación baje más lento y con implicaciones importantes porque el tema no es que la inflación ceda rápido o despacio, sino que al estar alta, inevitablemente, lleva a unas tasas de interés altas y esto hace que el mercado se mueva a una velocidad mucho menor a la esperada”.
Precisamente, en el aumento en el precio del ACPM el Gobierno propuso subir solo a los grandes consumidores. Sin embargo, ha recibido críticas por ser una medida parcializada. Hace unas semanas, la Cámara Intergremial de Transporte calculó que el incremento del ACPM generalizado podría llevar a que los pasajes de transporte intermunicipal y los fletes de carga aumenten 30 por ciento, que se reflejaría en precios a los consumidores.
Las alarmas también están encendidas por el impacto del fenómeno de El Niño en los alimentos y en la energía. Langebaek tiene dos visiones. Una, que según diferentes pronósticos este evento climático tendría en diciembre y enero su mayor intensidad, pero luego se reduciría y en mayo habría desaparecido. Y la otra es que, de todas maneras, “sí impacta los precios de los alimentos por las heladas, especialmente en la región Andina, y la falta de lluvias en el resto del país. Y eso lo veremos reflejado en febrero y marzo”, agrega.
En el caso de la energía, las menores lluvias de El Niño harían necesario poner a disposición la generación térmica que puede resultar más costosa. A eso se suma el lío de la opción tarifaria, que consistió en aplazar los pagos del servicio de energía durante la pandemia, lo que generó un hueco en las finanzas de las distribuidoras y comercializadoras de energía, las cuales, para recuperar esos saldos pendientes, empezaron a cobrarlos desde octubre pasado. A todo lo anterior, se suma la discusión del salario mínimo. Los dos últimos años los incrementos han sido históricos, precisamente por los aumentos en la inflación.
La decisión para 2024 aún sigue en negociaciones entre empleadores, trabajadores y Gobierno. El salario mínimo es clave en la definición de precios como los de la vivienda VIS. “Esta ha subido más del 35 por ciento en tres años. ¿Quién aguanta eso? Hay muchos que aspiran a ella y ganan menos del mínimo. Es otro factor que ha tumbado las ventas de VIS”, dice Langebaek.
El salario mínimo también afecta la estructura de costos de las empresas, a las que no les queda otra opción que subir los precios más de lo que estaban esperando y eso, al final, lo que hace es comerse el aumento de los salarios. “Hay que encontrar un justo equilibrio”, advierte Herrera, de Raddar, y agrega: “Antes de 2023 las estructuras de costos en Colombia para las compañías crecieron cerca del 20 % y la inflación no llegó a transmitirse a más del 13 %; es decir, las empresas se comieron una gran cantidad de aumento de sus costos, lo cual reduce los márgenes de las compañías y eso no es una buena noticia porque pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas e incluso afecta el recaudo tributario”.
En medio de ese contexto, el dólar ha corregido y tras tocar máximos por encima de 5.000 pesos, recientemente se ha cotizado por debajo de 4.000, siendo, como dice López, el “choque bueno” en esta novela inflacionaria.
Los próximos días serán de definiciones. Por una parte, la junta directiva del Banco de la República mandará una señal clave: si ya es el momento de empezar la senda de rebajar las tasas o todavía la inflación persiste y los brotes son amenazantes. Y, por otra, la decisión en torno a la fijación del salario mínimo.
Bajan las gabelas
Quizás uno de los mayores golpes que recibirán el año entrante los cinco millones de colombianos que declaran renta se derivará de la reforma tributaria de 2022, la cual tenía el objetivo de buscar que más personas naturales paguen impuestos.
Más que un cambio de tarifas, lo que estableció la reforma fueron modificaciones en las gabelas que permiten reducir el impuesto a cargo, que se conocen como deducciones. Carolina Munar, socia y líder del área de derecho corporativo y negocios internacionales de Scola Abogados, explica que, aunque la reforma entró en vigencia este año, en realidad se sentirá el entrante, porque será en 2024 cuando se pague renta por los ingresos recibidos en 2023.
“Para las personas naturales hay un mecanismo anticipado de recaudo del impuesto que es la retención en la fuente, cuyas normas cambiaron este año, pues se redujo el valor máximo que se puede deducir por diferentes conceptos”, explica Munar.
Así en las rentas laborales, en donde todos los trabajadores tienen exento el 25 %, se estableció, sin embargo, que ese 25 %, que antes no podía superar las 2.880 UVT, ahora no sea mayor a 790 UVT (de 122,1 a 33,5 millones de pesos a valor de hoy).
Con el avance del presente año, algunos trabajadores de altos ingresos ya sobrepasaron el nuevo límite y, por eso, en sus desprendibles de nómina mensuales evidencian aumentos en la retención en la fuente que les hacen sus empleadores. Igualmente, se redujo el límite general de rentas exentas y deducciones, el cual no puede superar el 40 % de los ingresos anuales del contribuyente. Ese 40 % exento antes no podía ser mayor a 5.000 UVT y ahora bajó a 1.340 UVT (212 a 56 millones de pesos de hoy). Entre las rentas exentas están los pagos por dependientes, por intereses de crédito hipotecario y la medicina prepagada.
“Ahí no hubo cambio de tarifas, pero sí de la base que se puede deducir. El impacto lo sentirán más quienes ganan más de 12 millones de pesos y se concretará cuando en 2024 declaren renta con las nuevas normas”, precisa la abogada Munar y agrega que también las personas que reciben dividendos y participaciones de utilidades ya no tendrán una tarifa diferencial, sino la misma de la llamada cédula general.
No obstante, la reforma tributaria del Gobierno Petro estableció dos beneficios nuevos, cuyo impacto aún no se ha podido medir, pues dependen de la realidad de cada contribuyente. Uno tiene que ver con los dependientes. Se establece que en la declaración se podrán reducir 72 UVT (tres millones de pesos) por dependiente y máximo por cuatro dependientes.
El segundo beneficio para las personas consiste en que van a poder deducir 1 % del valor de la adquisición de bienes o servicios por máximo 240 UVT (hoy 10,1 millones de pesos), siempre y cuando esas compras estén soportadas en facturas electrónicas.
“En resumen, la tarifa del impuesto de renta sigue igual y va desde el 0 hasta el 39 %, pero lo que puedo deducir es más chico”, subraya Munar y agrega que los nuevos impuestos creados en la pasada reforma tributaria, como los llamados saludables y los del plástico de un solo uso, son indirectos y, por ende, su impacto es más difícil de medir.
Cambian los beneficiarios
Tras casi tres décadas, el que nació como un sistema para identificar beneficiarios de la política económica (Sisbén), entra en una nueva etapa, luego de la actualización realizada por Planeación Nacional, para la cual se utilizaron 40 bases de datos nacionales, mientras se avanza en más de 1.800 bases territoriales.
El resultado de ese cruce de información llevó a que 732.740 familias dejaran de estar en la franja de extrema pobreza y 446.141 salieran de la vulnerabilidad, lo que no ha sido bien recibido del todo, principalmente, por los que dejan de ser beneficiarios de ayudas del Estado. En la clase media, en la que había 1.332.090 familias, ahora son 1.895.454.
El efecto visible de esa movilidad social será en los subsidios que, en 2024, avanzarán para que los colombianos que más lo necesiten obtengan una renta ciudadana, la cual se complemente con una orientación para que puedan progresar y dejar de depender de la ayuda estatal.
Según la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, ese programa es la columna vertebral del Sistema de Transferencias, con el cual el Gobierno tiene prevista una inversión de 6,4 billones de pesos durante 2024, pero sumando todos los programas de transferencias, la inversión asciende a nueve billones. La aspiración con el programa Renta Ciudadana (antigua Familias en Acción) es reducir en 2,4 % la pobreza y en 6,6 % la pobreza extrema (indigencia).
Algunas voces han manifestado su preocupación por los cambios al Sisbén. Si bien es cierto que los subsidios deben ser transitorios, de manera que no estimulen la permanencia de las familias en un punto de bajo desarrollo, para así seguir recibiendo auxilios públicos, también lo es que el panorama económico actual ha impactado mucho más a la población colombiana. Miguel Lotero, exviceministro de Energía, argumenta que el registro social de hogares “es un mecanismo de medición insuficiente que no permitiría medir bien todas las variables para determinar la pobreza y la necesidad de un subsidio”.
El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, también ha sido crítico de la actualización del Sisbén, pues considera que esa recategorización dejará a numerosas familias excluidas de la oportunidad de obtener créditos para vivienda. De hecho, recordó que ya tres de cada diez hogares han renunciado a continuar con su proceso para ser propietarios, debido a sus reclasificaciones en el Sisbén.
Por otro lado, Sarabia confirmó que otra novedad del programa Renta Ciudadana en 2024 será que los hogares ya no necesitarán inscribirse para recibir el incentivo, pues serán identificados a partir del Registro Social de Hogares.
Menos horas y aportes
El nuevo año arrancará también con cambios que vienen de gobiernos anteriores, como es la reducción de la jornada laboral, la cual fue decretada en 2021. La idea es que esta pasará de 48 a 42 horas semanales, en una reducción progresiva que arrancó en julio de 2023 y termina en el mismo mes de 2026.
Hoy está en 47 horas y en julio de 2024 bajará a 46 horas. Si bien puede ser una buena noticia para los trabajadores, no lo es tanto para los empresarios, que tendrán que pagar una hora de trabajo más costosa, sin tener en cuenta el ajuste del salario mínimo. Así, por ejemplo, en un sueldo de 1,5 millones de pesos, hoy la hora de trabajo sale a 6.383 pesos; el año entrante, por la reducción de la jornada, subirá a 6.522, un alza de 2,17 % (para 2026 el incremento será de 11,9 % frente al valor actual).
Asimismo, con menos horas a la semana, los empleadores tendrían que aumentar el pago de horas extras para poder cumplir con sus metas, el lío es que esas horas se encarecerán de aprobarse la reforma laboral en curso en el Congreso.
Por otro lado, en el Plan de Desarrollo del Gobierno Petro se estableció una reducción en los aportes a salud de los pensionados que devengan entre dos y tres salarios mínimos –que son la mayoría– y que deberá arrancar en 2024.
“Antes de la ley 2010 de 2019, todos los pensionados pagaban un aporte al sistema de salud del 12 % de su ingreso, pero desde entonces se estableció que aquellos con mesadas de un salario mínimo deben pagar solo 4 % y los que reciban entre uno y dos salarios mínimos de 10 %.
Con la nueva norma se busca ampliar ese 10 % a pensionados que devengan hasta tres salarios mínimos”, explica Misael Triana, gerente de Abogados Triana.
Este cambio debe ser reglamentado a través de decreto y Triana estima que eso se dé, por tarde, el 15 de enero.