Llegar a Cerrejón es como visitar una tierra de gigantes. Camiones descomunales cargan el carbón térmico para la exportación a través de una línea férrea de más de 150 kilómetros hacia el puerto, en el norte de La Guajira. Un ejército que supera las 12.500 personas mueve una producción cercana a 22 millones de toneladas del mineral cada año. Decenas de talleres, que parecen hangares de aviación, reparan equipos y extienden su vida útil.
Y así como su tamaño, el impacto del Cerrejón es muy grande. La minería representa para La Guajira el 57 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento y casi el 60 por ciento de sus trabajadores son de la región. Además, solo en 2023, la empresa giró al Estado 10,6 billones de pesos entre impuestos de renta y regalías producto de su operación.
Por eso, preocupan muchas de las decisiones del Gobierno, en torno a la operación minera, en particular la de carbón térmico que produce Cerrejón. En plena transición energética, el Gobierno y el mismo presidente Gustavo Petro han endurecido su posición contra este sector, a pesar de los recursos que provee al Estado.
Por ejemplo, en los decretos de emergencia económica de La Guajira, que no prosperaron ante la Corte Constitucional, particularmente en el 1277, se incluían temas como la limitación de concesiones de explotación de recursos naturales. A juicio de la Asociación Colombiana de Minería, estos decretos conllevan a la modificación y el desconocimiento de instrumentos ambientales ya otorgados, situación que podría generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica.
Ahora, el Gobierno impulsa una serie de medidas que podrían afectar la operación minera, en especial la de carbón térmico. Entre ellas, se destacan tres: por un lado, decretos del Ministerio de Ambiente que establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal; por otro, la creación de Ecominerales, que tendrá a su cargo la administración de bienes de reversión por títulos mineros y la comercialización, exploración y extracción de minerales estratégicos.
Pero, además, el proyecto de ley que reforma el Código de Minas incluye la prohibición de contratar la exploración y explotación de carbón térmico.
“Estamos preocupados. La incertidumbre jurídica que está viviendo el país es enorme, pero la que está viviendo el sector minero creo que es incluso mucho más grande”, señala Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón.
Recuerda que en el segundo semestre de 2022 se aprobó una nueva reforma tributaria, que calificó de “bastante onerosa” para el sector privado, “pero mucho más onerosa para el sector del petróleo y del carbón, cuando ya los contratos mineros de Cerrejón incluyen que pagamos más regalías cuando se superan unos precios. Es decir, en nuestros contratos tenemos esa obligación, y esta fue adicional”, explica Bejarano.
Según ella, el otro gran golpe, para la minería del carbón, fue la no deducibilidad de las regalías, que, sin embargo, fue declarada constitucional por la Corte. Frente a los decretos de emergencia económica de La Guajira, advierte que desde Cerrejón siempre han sido colaboradores con este territorio, “pero no podemos reemplazar al Estado”.
“En estos decretos de emergencia había uno en particular, el 1277, que implicaba un riesgo muy alto en las operaciones de Cerrejón y que podía realmente pararlas y llevar las cifras a cero”, añade Bejarano y señala que, aunque la Corte finalmente falló en ese tema y lo declaró inexequible, el Ministerio de Ambiente emitió dos decretos: uno, el 044, que tiene que ver con el manejo de reservas y la autorización de permisos mineros; “y el otro, el 043, que es exactamente igual al 1277 de la emergencia económica. El decreto de emergencia, que afectaba a Cerrejón, sigue vivo en el decreto 043”.
Bejarano considera que las distintas reformas del Gobierno y “los cambios tan drásticos generan incertidumbre y les van a quitar competitividad a la minería y al Cerrejón, así como a todo el sector empresarial”.
Según ella, el impacto puede ser alto porque estas decisiones alejan la inversión extranjera, y Colombia necesita de esos recursos. “La inversión extranjera nos hace crecer, trae tecnología, mueve la economía y genera empleo. Cuando no hay inversión extranjera se afecta el empleo”, agrega.
Cerrejón tiene una concesión que va hasta febrero de 2034. El plan de la empresa es seguir operando, “pero es supremamente retador”, dice Bejarano, no solo por la posición del Gobierno frente a la producción de carbón térmico y a esta actividad minera, sino por las tensiones sociales en una región con muchísimas necesidades insatisfechas.
“Queremos seguir produciendo alrededor de 20 a 22 millones de toneladas, continuar generando ingresos que benefician no solo al país, sino también a La Guajira; sin embargo, es un escenario complejo”, dice la ejecutiva, al referirse a las tensiones sociales en las que las comunidades ven en la empresa la respuesta a sus necesidades.
Esto ha llevado a bloqueos que afectan la operación. Este año se han dado cerca de 150, que suman más de 50 días parados. “En menos de seis meses, llevamos ya más del 60 por ciento del número de bloqueos que tuvimos en todo 2023”, precisa.
Por ejemplo, solo el 25 de junio se registraron siete bloqueos: tres dentro de las instalaciones de la mina y cuatro en la línea férrea. Las protestas iban desde reclamos por las fallas en el servicio de energía hasta exigencias de algunas comunidades para ser incluidas en consultas previas, a pesar de que los jueces habían determinado que no eran objeto de consulta.
Pese a estos retos, Cerrejón apalanca programas para la región y sus comunidades. La inversión social el año pasado llegó a 105.000 millones de pesos, mientras que en 2022 fue de 129.000 millones de pesos. Además, el tren distribuye agua a unas 160 comunidades y en 2023 suministró este líquido a más de 160 comunidades.
Bejarano defiende la gestión ambiental de la compañía. Afirma que han rehabilitado más de 5.000 hectáreas y que el año pasado las inversiones en proyectos de protección ambiental ascendieron a 395.000 millones. “La minería tiene que ser responsable con el medio ambiente. Cuando dicen que lo acaba, es lo contrario: contribuimos incluso más y mejoramos lo que existía, y ese es el caso de Cerrejón”, señala.
Puso como ejemplo lo que sucede con el agua. “Hay un mito que dice que Cerrejón acabó el agua de La Guajira. Por Dios, eso es falso. Menos del 8 por ciento del agua que usa Cerrejón viene de agua fresca, y es para atender los campamentos, empleados y contratistas. También para el agua que se les lleva a las comunidades”, dice Bejarano.
Considera que el carbón seguirá existiendo por mucho tiempo y que las fábricas que lo consumen deben avanzar en desarrollos que permitan controlar emisiones.
Para Bejarano, Colombia debería seguir aprovechando este recurso mientras se tiene y trabajar en la generación de energías renovables en paralelo. “Hay que aprovechar los recursos que hoy le da la minería a Colombia para crecer y apalancar esa transición energética, pero tiene que ser justa, ordenada y planeada”, señala.
Invitó a las comunidades a aprovechar las regalías que les llegan del Cerrejón para mejorar la infraestructura de la región, incluida la educativa. “Si esa plata realmente se invierte, La Guajira será otra, generará empleo y apalancará, por ejemplo, el turismo. ¿Qué persona va a venir si no hay agua, si no hay luz? No podemos reemplazar al Estado. Este y los gobernadores locales tienen una responsabilidad: asegurar que haya una gran Guajira después de que Cerrejón se vaya”, concluyó.