SEMANA acaba de conocer que, finalmente, se hará efectiva la demanda contra la brasilera Camargo Correa, Conconcreto, Conisa y otros interventores.
Las conciliaciones que se adelantaban en la Procuraduría concluyeron sin ningún éxito.
En consecuencia, EPM iniciará la demanda, por 9,9 billones de pesos, que había sido anunciada en agosto, contra la Brasilera Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa, así como contra interventores y diseñadores.
La demanda se anunció en agosto y causó un remolino que llevó a la renuncia de toda la junta directiva de EPM, la cual alegó desconocer la decisión, al tiempo que sus integrantes manifestaron su desacuerdo con el manejo que le estaba dando el mandatario local y la gerencia de EPM a la empresa.
Se trata de la suma demandada más alta requerida por una entidad pública en la historia de Colombia contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto de Hidroituango.
Quizás por esa razón, después del anuncio original de la demanda y de la renuncia de los integrantes de la junta de EPM, hubo variados hechos, como el pronunciamiento de la calificadora Moody’s, que advirtió retrasos e incrementos en los costos de EPM, lo que además pondría en riesgo la calificación otorgada por Moody’s.
Preparan acta
Una vez concluidos los términos previstos por la ley, que se extendieron por 5 meses, en la Procuraduría General están preparando el acta de finalización de la conciliación.
En días pasados, el procurador delegado para temas de conciliación, Iván Darío Gómez Lee, había destacado la participación en esta audiencia de quienes han sido convocados a la misma, en donde estaba EPM y las Empresas, Consorcios y Compañías para la construcción, el diseño, la interventoría y el aseguramiento del proyecto Hidroituango.
De igual manera, también participó la Contraloría General de la República y contó con la presencia de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía.
En diciembre pasado, a mediados de mes, hubo acercamientos con el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y se buscó conexión con el gobernador de Antioquia y otras entidades y organizaciones del Departamento, según confirmó la Procuraduría.
No obstante, al término de los tiempos de conciliación, lo que para unas partes es un fracaso, para el procurador delegado Gómez Lee es que “hubo puntos importantes de acuerdo que quedarán consignados en el acta”.
En todo caso, algo se ganó
Desde el 27 de octubre la Procuraduría dio inicio a las mesas de trabajo preliminares como un espacio de acercamiento y diálogo previo a esta etapa de conciliación entre las partes.
Se buscaba propiciar un acercamiento con el propósito de escuchar y encontrar propuestas y alternativas de solución que sean valoradas por su ecuanimidad y objetividad.
Esas mesas y la audiencia se realizaron por invitación, con una participación absolutamente voluntaria. Gómez Lee destacó en su momento que la buena fe y la lealtad eran los ingredientes especiales para que se construyera la confianza en los acuerdos conciliatorios.
Por ello, “ha sido un gran desafío para la Procuraduría, intervenir y hacer nuestro mayor esfuerzo en la búsqueda de un acuerdo que brinde seguridad jurídica y sentido ético”, dijo Gómez Lee.
El proyecto es clave
El proyecto que fue objeto de conciliación tiene un aporte de 2.400 megavatios de energía generada al concluir la obra, lo que beneficiará a todos los colombianos, al crecer en un 70 por ciento la capacidad instalada de EPM, que aportará el 17 por ciento para atender la demanda energética nacional. De ahí la importancia de la tarea que se venía adelantando.
En lo social el proyecto ha generado mas de 10.000 empleos a personas de todo el país, en especial en su zona de influencia que es la que aporta el 20,9 % de los empleados. El impacto positivo en la economía regional es indudable, teniendo en cuenta que en esta zona la economía se fundaba en actividades de agricultura, de ganadería y muchas otras actividades productivas.
En cuanto a inversión social y ambiental luego de finalizada la obra de infraestructura, y puesta en operación comercial, la hidroeléctrica generará transferencias a los municipios, para inversión en proyectos de protección ambiental, con lo cual se podrá mejorar la calidad de vida de sus habitantes.