El metaverso, los criptoactivos, las aplicaciones móviles (apps) y la inteligencia artificial parecerían no tener nada que ver con la creación de series televisivas, ritmos musicales o medicamentos a base de plantas, pero todos estos activos tienen un hilo que los une: la propiedad intelectual, cuya defensa se ha convertido en una práctica legal de creciente uso en el país.
Danilo Romero Raad, socio de Holland & Knight Colombia, explica que en los últimos años se ha disparado la protección de obras y nuevas creaciones digitales soportadas por sistemas blockchain. Esta tecnología, precisamente, ha servido como herramienta de cadena verificable, transparente e ininterrumpida de las obras que se quieren proteger. De esta manera, autores y titulares pueden garantizar la autenticidad de los bienes, su pago seguro y una mejor trazabilidad en el mercado. El desafío ha estado en la regulación, pues la normatividad en protección de propiedad intelectual en Colombia aún no ha reconocido estas nuevas herramientas de manera explícita.
Asimismo, Yuliana Salamanca, asociada sénior del área de propiedad intelectual de Baker McKenzie, cree que el mundo pospandemia está viendo el desarrollo a gran velocidad de activos digitales por medio del metaverso y las tecnologías y bienes relacionados con él, lo cual representa oportunidades para las compañías en todos los sectores, no solo el del entretenimiento. “Colombia no es ajena a este desarrollo y está viendo empresas que todos los días buscan involucrarse en este mundo digital, para el cual seguramente veremos adaptaciones normativas”, aclara. Paralelamente, Patricia Renjifo, socia de Propiedad Intelectual de Ecija Colombia, considera que dicha protección ha sido uno de los pilares principales del crecimiento comercial y económico del país en los últimos años.
Dice que incentivos como la Ley de Economía Naranja, las tarifas especiales para jóvenes emprendedores, los beneficios tributarios por inversión o donación a proyectos culturales y creativos, han servido para que tanto las grandes empresas puedan acceder a la protección de su propiedad intelectual, como para formalizar las industrias creativas y de innovación, que en su mayoría son de emprendedores y empresas pequeñas.
La labor de la SIC
Juanita Pérez Botero, socia de Propiedad Intelectual de Gómez-Pinzón, destaca la labor de las diferentes autoridades administrativas encargadas de facilitar el aseguramiento de estos derechos. Por ejemplo, en temas marcarios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recientemente expidió una resolución que permite a una compañía de un grupo empresarial obtener el registro de una marca similar a una marca previamente registrada por otra compañía del mismo grupo, al considerarse que en estos casos no se genera un riesgo de confusión o de asociación. “Estas disposiciones son muy importantes, ya que incentivan el uso del sistema de propiedad intelectual colombiano e incrementan su eficiencia”, precisa.
María Ximena Guavita, asociada de Baker McKenzie, agrega que Colombia ha avanzado mucho en patentes gracias a que la SIC, entidad que evalúa dichas solicitudes, tiene una muy buena infraestructura humana y tecnológica, que permite presentar y tramitar digitalmente las patentes. “Tiene excelentes motores de búsquedas de patentes, y cuenta con un grupo de examinadores, tanto en la parte legal como técnica, con amplia experiencia. Asimismo, la SIC tiene convenios con sus contrapartes de Estados Unidos, España, Japón y Corea del Sur”, puntualiza.
El resultado de estas políticas se ve en el creciente número de inventores que quieren proteger sus creaciones, con el fin de poder comercializarlas.
Más recursos
Actualmente, un desafío importante para los inventores colombianos radica en poder financiar sus solicitudes de patentes dentro y fuera del país, trámites que pueden ser bastante costosos dependiendo del mercado de interés. Sin embargo, Guavita señala que existen ayudas como el Programa de Asistencia a Inventores (PAI) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), al que pertenece Colombia. Este programa ayuda gratuitamente a inventores y microempresas en la redacción del texto de la patente y en su trámite en determinadas jurisdicciones. Además, hace poco se lanzó el Manual Andino de Patentes, documento que facilitará su solicitud en las oficinas respectivas de este grupo de naciones.
Precisamente, Helena Camargo, socia de Propiedad Intelectual de Posse Herrera Ruiz, aclara que el núcleo central de las normas de propiedad intelectual aplicables en Colombia, fueron expedidas por la Comunidad Andina, por lo que para realizar un cambio significativo se requiere un consenso entre Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, lo cual suele tomar años. “No obstante, cada nación tiene un margen regulatorio, lo cual ha permitido que en Colombia se hayan expedido normas relevantes que han solucionado problemas a los que se enfrentaban artistas y empresarios. Una de ellas es la Ley 1915 de 2018, que expidió una actualización a las excepciones al derecho de autor en donde se incluyó el derecho a hacer parodia. El año pasado, se expidió el documento Conpes 4062, mediante el cual se traza una importante estrategia para incentivar y proteger la propiedad intelectual en el país”, aclara esta experta.
Por su parte, Catalina Gómez, directora de Brigard Castro, sostiene que hoy el principal desafío en propiedad intelectual es que no se mantenga o se reduzca el presupuesto para investigación e innovación. Añade que hoy en el país las universidades trabajan bastante innovación en las áreas de mecánica, química y biotecnología. Estas invenciones se protegen generalmente en Colombia y en algunos casos se busca protección en el exterior mediante la modalidad PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes). “En el caso de las empresas, hemos visto un aumento significativo en las invenciones relacionadas con aplicaciones (apps). Aunque este tipo de materia es bastante compleja y su patentabilidad presenta enormes desafíos”, subraya.
Claramente, proteger la propiedad intelectual es cada vez más relevante en Colombia.