Con el anuncio del Gobierno de que será necesaria una nueva reforma tributaria en el país, comenzaron a llegar las propuestas de todos los centros de pensamiento y analistas colombianos.
El turno este miércoles fue para Anif, que celebró la decisión del Ejecutivo de darle rienda suelta a este cambio en los impuestos, pero fue más allá en los detalles que debería incluir la norma. Para Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios, sin duda será necesaria una reforma fiscal en Colombia que permita solventar los gastos hechos para enfrentar la pandemia y recuperar la economía nacional.
En su concepto, el proyecto ideal debería incluir ajustes de fondo, entre los que están aumentar la base gravable del impuesto de renta de personas naturales, de tal forma que más personas paguen este tributo. "En Colombia, solo el 4,5 % de la población económicamente activa paga Imporrenta, lo que lleva a que este impuesto se recargue en un 20 % en las personas naturales frente al 80 % de jurídicas", indicó el directivo. Y agregó que este ajuste permitiría "avanzar en materia de formalización, al ampliar la base de declarantes de ingresos", lo cual los pone en el radar del Estado para conocer mejor su situación económica. Pero esto no es lo único. El presidente de Anif también plantea que se unifique la tasa del impuesto a las ventas (IVA), incluyendo la canasta familiar, y que se eliminen las exenciones que tiene este gravamen, cuyo costo fiscal supera los 70 billones de pesos anuales.
La propuesta de reforma tributaria de Anif incluye gravar plenamente la canasta familiar con el impuesto a las ventas (IVA). En su concepto, el país está listo para dar este paso, pues el Gobierno ya implementó el mecanismo de devolución del IVA, lo cual le permite compensarles este gasto a las familias más pobres. Asimismo, Santamaría dice que es urgente revisar las decenas de exenciones y beneficios tributarios que se entregan en Colombia. "Se estima que estas tienen un costo cercano a los 80 billones de pesos; enhorabuena, la Ley de Financiamiento creó una comisión para estudiar los beneficios vigentes en el sistema tributario", añadió. Según la propuesta del centro de estudios, todo lo anterior tendría que ir acompañado de la expedición de un nuevo Estatuto Tributario, en lugar de modificar el que existe en el país desde 1989. "Con todo esto se avanzaría en lograr un sistema tributario con mayor recaudo, progresividad y eficiencia", concluyó.
El Gobierno deberá estudiar esta y otras iniciativas que se planteen desde el sector privado y la academia, de cara al trámite de la reforma fiscal, que se podría dar entre finales del próximo año y comienzos de 2022. Por ahora, lo único que se sabe de parte del Ejecutivo es que buscará recaudar dos puntos del PIB con este proyecto, es decir, unos 20 billones de pesos.