SEMANA: En Colombia se percibe un enredo monumental alrededor de EPM e Hidroituango. El problema es que esa situación está poniendo en riesgo la expectativa de generación de energía, que es lo que les interesa a los ciudadanos. ¿Cuál puede ser la salida?
Jorge Carrillo: Ese riesgo en la generación de energía que menciona es un mensaje que se ha transmitido y no es tan cierto. El proyecto está en plena ejecución, con un cronograma de entrada que va acorde con las obligaciones de suministro de energía que tenemos. Hay sobre la mesa, con los contratistas actuales, una propuesta de prórroga. Nos falta determinar las condiciones. EPM se prepara frente a un eventual fallo, por eso hay un plan B. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Todo lo que podemos hacer lo estamos haciendo. Lo que sucede es que hay voces interesadas en crear mecanismos de presión para que se den ciertas situaciones que a alguien le convienen.
SEMANA: ¿Eso significa que el proyecto en ningún momento estaría en riesgo?
J.C.: Estaría en riesgo si por alguna razón los contratistas nos dijeran ‘no nos interesa la prórroga’. Estaría en riesgo si llega el fallo de la Contraloría y EPM no está preparada. Pero para todo eso estamos listos.
SEMANA: Usted menciona la continuidad del consorcio, pero, por otro lado, se escucha al alcalde Daniel Quintero en controversia con ellos. ¿Ustedes tienen contradicciones en ese punto?
J.C.: Lo que yo he mencionado públicamente es la posición que tenemos hoy como empresa. Sobre las aseveraciones del alcalde, hay que ponerlas en el contexto completo. Hay denuncias penales, hay recusaciones. Se sataniza una sola de las posiciones y no se mira que la pugnacidad está en muchos frentes. Más allá de ello, mi deber es actuar diligentemente en la empresa, comunicar lo que está pasando, en lo que estamos pensando. Es lo que he hecho. Si uno revisa las declaraciones del alcalde, él no está en contradicción con nosotros.
SEMANA: Es decir, ¿él también está de acuerdo con que siga este consorcio hasta que se abra una licitación?
J.C.: Sí, porque la realidad es que a primero de enero de 2022, sin ellos, no tendríamos una solución de continuidad aún. Estamos obligados a darle continuidad al proyecto con una prórroga. ¿Hasta cuándo? Hasta que el proyecto esté en un escenario seguro frente a cualquier eventualidad, llámese fallo, llámese que llegó el contratista nuevo. Vamos a prorrogar hasta que entren en funcionamiento las unidades uno y dos, de forma garantizada. El que prende esas unidades es EPM. Ojalá nos dejaran actuar como empresa, pero, cuando llegan las presiones, nos toca dedicar mucho tiempo a atender los requerimientos jurídicos. Queremos concentrarnos en los temas que le corresponden a una empresa que toda la vida lo ha hecho bien, pero que ahora buscan que actúe en determinado sentido.
SEMANA: Usted habla de presiones. Puntualmente, ¿cuáles son y de dónde vienen?
J.C.: No le puedo poner nombre a las presiones, pero sí quiero expresar que no son por el proyecto en sí. Hemos sido claros al decir que tenemos unas alternativas técnicas que caben dentro del ordenamiento legal, que están preparadas para el peor escenario y están sobre la mesa. ¿Por qué sigue la presión? ¿Por qué se sigue confundiendo con la idea de que el país se va a quedar sin energía? ¿Que se va a caer la presa? Tenemos un plan de continuidad ya diseñado. Dependemos de la voluntad de las partes, y las señales indican que vamos a llegar a un acuerdo.
SEMANA: La situación ha trascendido internacionalmente, como lo muestra la posición revelada por el BID sobre su retiro del proyecto si continúa la incertidumbre con los contratistas que terminarán la obra. Oficialmente, ¿qué les ha dicho esa entidad?
J.C.: En junio y en ausencia del fallo de la Contraloría, ya habíamos tomado la decisión de prorrogar con los contratistas actuales. Incluso, la junta directiva fue informada y no tuvo objeciones al respecto. Lo que cambia el panorama es un fallo en primera instancia, el cual debo decir que a nosotros nos sorprendió el momento en el que salió. A partir de ahí, hemos seguido lo que nos pide la ley que hagamos. Eso lo entienden muy pocos o hay mucho interés en que nadie lo entienda. La dificultad es que todos opinan y dan a entender que a EPM no le interesa que entre en operación la hidroeléctrica. ¿A quién le puede caber eso en la cabeza? Sobre la posición del BID, los invito a que busquen una declaración en la que haya expresado lo que se ha dicho.
SEMANA: Pero Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, habló en vivo sobre el tema.
J.C.: Él habló de incertidumbre. Las incertidumbres las tenemos que reconocer. No sabemos en qué sentido va a salir el fallo ni sabemos cuándo.
SEMANA: Entonces, no tienen temor de que el BID se retire.J.C.: Vemos en el BID un aliado. Uno acude a un financiador para que lo apoye en los momentos difíciles y así nos hemos sentido acompañados por el BID. No siento que existan razones para que no nos acompañen.
SEMANA: En el peor escenario posible, que se retire el BID como financiador, ¿hay posibilidades de seguir?
J.C.: No queremos que se vaya el BID. No creemos que se vaya a ir. Hoy tenemos un desembolso por parte de ellos de 450 millones de dólares. Queremos que estén ahí, pero, si por alguna razón se tuvieran que ir, EPM tiene la capacidad, como la ha tenido toda la vida, de seguir adelante. Hace unos días, dimos a conocer la situación financiera de EPM con corte a septiembre, en la que mostramos resultados por 18,2 billones de pesos, pero le hicieron poco eco a esos datos. Ahí está la matemática.
SEMANA: ¿Los seguros se requieren para la financiación?
J.C.: Sí. Forman parte de las proyecciones financieras que tiene EPM. Hay una expectativa, unos recursos importantes que van a entrar, y lo van a hacer. No debe haber duda, se está haciendo la gestión para que entren. Estamos haciendo el cobro bajo el procedimiento que corresponde.
SEMANA: Se dice que tienen cuentas alegres con 2.500 millones de dólares en seguros, pero, cuando se pactan las pólizas, no tienen un retorno al ciento por ciento.
J.C.: Los 2.500 millones de dólares son la cobertura total. Ese monto se materializaría si el proyecto se hubiera destruido por completo, cosa que no sucedió. De entrada, no tenemos derecho a 2.500 millones de dólares, aunque toda la situación de contingencia nos haya costado esa cifra. Este es un contrato de seguros que tiene unas reglas, y estamos en un proceso de ajuste. Hay una expectativa que tenemos, que no podemos revelar, porque se trata de una negociación, según los daños ocurridos que se evalúen y confirmen.
SEMANA: Su discurso suena claro, pero también está en juego su cargo. Si llega a prosperar la demanda que busca separarlo de la gerencia, resultaría más afectado el proyecto Ituango. ¿Qué posibilidad hay de que prospere esa demanda?
J.C.: Estoy tranquilo con eso. El tema se estudió antes de mi nombramiento, el cual está ajustado a derecho. Tengo confianza y sigo metido en estas decisiones que sé que son de alto costo, con la convicción de que estamos actuando con responsabilidad. La verdad nos dará la razón.
SEMANA: ¿Cuál es la realidad de la deuda de EPM y qué tanto de ella tiene que ver con Hidroituango?
J.C.: Por supuesto que la deuda de EPM es grande, pero ese es el modelo de servicios públicos en Colombia. Es normal la estructura de deuda que tiene. Pero EPM está sana, no puede haber duda en ello. La hidroeléctrica es un proyecto que va a costar 18,1 billones de pesos. Estaba presupuestado que costaría 10 billones. Hay que buscar alternativas para financiar eso. Hay deuda que se utilizó para Ituango o para otros proyectos, porque EPM usa sus recursos para diferentes frentes, pero estar endeudado en el nivel que está EPM es normal. Es la forma como se construyen las infraestructuras en el mundo, en lo que tiene que ver con los servicios públicos. Si no fuera con deuda, no sería posible. Por ese lado, no tiene que haber ninguna preocupación.
SEMANA: Si el costo del proyecto pasó de 10 a 18 billones de pesos, casi al doble, ¿podrán mantener la promesa original con Hidroituango, en el sentido de que bajarán las tarifas del servicio de energía y no le trasladarán los costos adicionales a los colombianos?
J.C.: En el caso de una hidroeléctrica del tamaño de Ituango, su entrada en operación tiene un efecto en la tarifa de todos los colombianos. Pero es porque hay más energía disponible y es una energía más barata de producir. Ese mayor valor de la inversión es un tema que está asumiendo EPM, que, en últimas, no va a ser trasladado a los usuarios, porque la regulación no lo permite así. Pero, si entra Ituango, que es lo que todos debemos buscar, habrá un ahorro en la tarifa de todos los colombianos. Les va a bajar la tarifa.
SEMANA: Se ha hablado de vender la participación que tiene EPM en UNE. Si se hace y entra en el esquema de financiación, ¿qué tan rápido se lograría? ¿Y tienen previsto vender otras propiedades accionarias como la que tienen en ISA?
J.C.: Siempre debemos buscar las mejores decisiones financieras. Vender UNE, vender ISA tiene todo el sentido, porque no las controlamos, generan una rentabilidad menor a la que tienen inversiones controladas por EPM. En este momento, la única decisión tomada por parte de la administración de EPM y de su junta directiva es la de enajenar las acciones en UNE y en Invertel. Eso, para poderlo materializar, requiere autorización del Concejo, que, en su autonomía, definirá si vale la pena o no. Nosotros la recomendamos, los recursos son para el proyecto Ituango. Si no pasara, tendríamos que buscar alternativas, y en eso es en lo que estamos permanentemente. Por ahora no contemplamos la venta de las acciones en ISA, porque confiamos en que el Concejo va a tomar una decisión favorable respecto a UNE.
SEMANA: El uso prolongado del vertedero, sin que se genere la energía con el agua allí depositada, se menciona como un riesgo para las comunidades. ¿Cuánto tiempo más puede esperar?
J.C.: Vivimos monitoreando. Mi mensaje: no nos dejemos meter pánico donde no lo hay. El proyecto va a tener continuidad. Eso quiere decir que vamos a generar energía, el agua va a pasar por las unidades de generación, y así le quita presión al vertedero. No hay necesidad de asustar a las comunidades o al país frente a algo que está controlado. No nos dejemos paniquear.