Justamente cuando el país empezaba a hablar de trabajo decente, aunque la ruta para lograrlo no fuera la esperada por los sindicatos de trabajadores, apareció la pandemia y el debate, al igual que las personas, “se encuarentenó”.

Sin embargo, fue necesario expedir decretos que, para muchos, principalmente para los sindicalistas, constituyeron toda una reforma laboral a punta de decretos.

El problema, según el informe presentado este miércoles por la Escuela Nacional Sindical (ENS) no eran las medidas tomadas en la emergencia, sino la zanja que se estaba abriendo alrededor de la protección social de los trabajadores. Esto, sin contar con que se ahondaron las distancias entre el acceso de la mujer al mercado laboral, en comparación con los hombres, es decir, retrocedimos en años ganados en ese sentido. Y la juventud llegó a un desempleo histórico, del 39 por ciento.

De acuerdo con el informe, la pandemia llevó a agravar más el panorama, que ya mostraba que solo el 44,2 por ciento de la población ocupada se encuentra afiliada a alguno de los subsistemas de protección social.

De esa porción que no alcanza ni a ser la mitad de los ocupados, el 46,8 por ciento está afiliado al sistema de riesgos laborales; solo un 41,4 por ciento está en el régimen pensional; el 44,2 por ciento al régimen de salud y un 44,2 por ciento tiene afiliación en los fondos de cesantías. En el caso de la salud, implica que todo ese resto de población depende del aseguramiento subsidiado, lo que, a todas luces, es un golpe fuerte a la bolsa pública que financia este servicio vital.

Críticas y propuestas

Es en ese contexto que el estudio de la ENS lanza fuertes críticas a las regulaciones incluidas a la luz de la pandemia. Desde su perspectiva, “con el argumento de proteger empleos y mitigar los impactos negativos en la economía, se abrió una ventana para la vulneración de derechos laborales individuales y colectivos”.

La ONG agrega que las medidas legislativas, lejos de proteger plazas laborales, terminaron elevando el trabajo informal y los índices de desempleo.

La propuesta transversal de la ENS apunta a que “la crisis del empleo no la pueden pagar los trabajadores”.

En consecuencia, proponen que el trabajo decente sea una realidad y la reactivación económica se produzca, se requiere un plan de transición económica y social por el empleo decente. Allí entran medidas económicas fiscales, monetarias, tributarias, de empleo y generación de ingresos, con el fin de lograr un cambio de tendencia en las políticas de desarrollo, de fortalecimiento empresarial y de protección de los derechos laborales y sociales de la población, incluyendo trabajadores informales y la economía popular.

Las ayudas deben enfocarse en las empresas, si, pero en las micro, pequeñas y medianas empresas, economías populares y cooperativas. “El favorecimiento hasta ahora es para la gran empresa”, critica la escuela.

De igual manera, se requiere un apoyo productivo sectorial, haciendo énfasis en algunos sectores como el agrícola y el turismo sostenible, incluyendo medidas de empleo verde, y fomentar la transformación digital de los servicios turísticos.

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