La baja en las tarifas de energía en Colombia no se ha podido dar. Ahora, vía decreto, el Ministerio de Minas tiene un proyecto que busca aplicar medidas de alivio, pero la Contraloría General de la República consideró que resultan innecesarias e inoportunas.
Desde el 5 de marzo, en un debate de control político en la plenaria del Senado, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció el proyecto de decreto que estaba para comentarios del público.
La finalidad de la norma es resolver el tema alrededor de la fórmula tarifaria, que de manera reiterada causa polémica, reclamos y hasta protestas sociales.
De esa manera, el proyecto de decreto apunta a que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revise todos los componentes de la fórmula tarifaria, de manera que se pueda ajustar lo que sea necesario y posible.
Así las cosas, la Contraloría General estima, en primer lugar, que “los aspectos que pretende (el decreto) desarrollar como la revisión quinquenal de las fórmulas tarifarias en cumplimiento de los principios tarifarios, la publicación y divulgación a la ciudadanía, la facultad de ajustar las subastas de Cargo por Confiabilidad, y la priorización de conexiones a proyectos de generación, ya se encuentran reglamentados e instituciones como la Creg, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y XM las vienen adelantando”.
La entidad de vigilancia manifiesta que “las decisiones ordenadas en el proyecto establecen plazos para comenzar su ejecución de entre tres y seis meses”, algo que podría generar un riesgo de “procrastinación (retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas o pereza a realizarlas) frente a decisiones que ya debieron estar adelantadas por parte del Gobierno nacional”.
Llamado a que se conforme la Creg
Según el pronunciamiento de la Contraloría General, más bien es necesario “que se active la institucionalidad”. Esto, en referencia a la interinidad que hay en la Creg, donde hay una demora en la designación de los integrantes de ese equipo de expertos para la regulación en materia de gas y energía.
A juicio de la Contraloría, la designación de los integrantes de la Creg deben cumplir con sus funciones y competencias, lo que incluye la posibilidad de expedir una nueva fórmula tarifaria “dentro del año siguiente de la fecha de terminación de la vigencia de cualquiera de los componentes de la fórmula” vigente.
Inaudito
Para la Contraloría General, resulta inaudito e increíble que de seis comisionados requeridos, solo se haya nombrado uno y un posible segundo integrante de la Creg o no se haya podido posesionar por exceder la edad requerida por la función Pública (la disyuntiva para un cargo de esta envergadura: experticia versus edad).
En el pronunciamiento de la Contraloría, el ente de control recordó que el asunto no es menor y ya lleva un largo tiempo.
Además, desde octubre del año pasado, cuando se llevó a cabo la mesa de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía sobre la problemática energética, “la Contraloría está a la espera de los proyectos, planes y programas que esa cartera llevará a cabo para el cambio a la transición energética sin que se afecten las finanzas públicas y la seguridad energética del país”.