A partir del primero de enero de 2022, el plazo máximo de pago a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) proveedoras de bienes y servicios será de 45 días por parte de sus clientes. “Con la Ley de Pago a Plazos Justos tendrán el flujo de capital adecuado, para que puedan invertir en innovación para su desarrollo, superar los retos que nos impone la crisis económica de la covid-19 y mantener el empleo que generan. También nuestras empresas serán más competitivas y productivas, incidiendo incluso en el precio final del consumidor porque si no se tienen que endeudar más con un banco, se podrían trasladar al consumidor final reducciones importantes en los precios de bienes y servicios”, dijo Mauricio Toro, representante a la Cámara del partido Alianza Verde y autor del proyecto. Lea también: Con pago a plazos justos, pymes no se endeudarán paga pagar impuestos La norma estipula que los contratos entre grandes empresas son los únicos exceptuados y solamente entre ellas podrán fijar plazos distintos. Con esta iniciativa, se prevé que las empresas van a tener un mayor flujo de caja que les permitirá cumplir con sus obligaciones tributarias sin la necesidad de incrementar el endeudamiento. La Ley también afirma que los trámites de actas de aprobación, aceptación o rechazo de factura, entre otros, deberán surtirse todos dentro del plazo máximo fijado en la ley. El Estado también tiene la obligación de pagar sus facturas en un plazo máximo de 60 días y las empresas que incumplan con la norma serán sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Lea también: Las peticiones de las mipymes al presidente Duque “Las empresas enmarcadas en el sistema general de salud deberán pagar sus facturas a 60 días a partir del 2023”, dice la norma que también evita que se lleven a cabo acuerdos que pretenden pactar plazos diferentes a los establecidos por la Ley. “Este proyecto estuvo respaldado por estudios internacionales de la Ocde, que hablan del beneficio de este tipo de pagos, por el estudio de ley pymes que habla del impacto positivo en el desarrollo económico de un país, por los estudios de Acopi y de Confecámaras”, dijo Toro semanas atrás.