Para que del suelo colombiano salga petróleo y gas no solo se requieren papeles firmados. De hecho, la información que registra la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) muestra la existencia de 381 contratos suscritos con empresas dedicadas a la actividad extractiva. Sin embargo, no deja de deambular el fantasma de un desabastecimiento que lleve a requerir importación de combustibles, sin que aún se haya dado una transición que les dé mayor protagonismo a fuentes de energías alternativas.
Del sol, del viento y del hidrógeno se puede obtener energía, pero aún es insuficiente tanto para encender la industria como para reemplazar los recursos públicos que provienen de estos productos. Representan el 40 por ciento de las exportaciones del país, el 20 por ciento de los ingresos fiscales y el 76 por ciento de las regalías que reciben las regiones por cuenta de la industria del petróleo y gas.
Por eso, es preocupante que estén los contratos firmados y no puedan avanzar por cuellos de botella que lo impiden. Así, del total de contratos, con corte a noviembre de 2022, existen 331 manejados por ANH, 49 son de Ecopetrol y uno es parte de una concesión. El panorama indica que hay 273 en ejecución, 43 de los cuales son de la petrolera estatal y hay 63 en trámite de terminación; 9, de yacimientos no convencionales, y 35 se mantienen suspendidos, los cuales significarían un flujo de recursos por 500 millones de dólares si se logran destrabar. Ante esa realidad, “de nada sirve sacar contratos nuevos si no podemos resolver los que ya tenemos”, dijo a SEMANA el director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas, Felipe González, quien expresa de manera contundente: “La energía alternativa no compite con los hidrocarburos, no son excluyentes”. Un mensaje distinto al que se ha enviado desde que empezó el Gobierno Petro.
El paso hacia una transición energética para dejar atrás el petróleo y el gas tendrá que darse, pero no de un solo salto, concluyeron en el foro ‘Petróleo y gas’, realizado por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Francisco Lloreda, presidente del gremio, enfatizó el sí a la transición energética, pero no de manera autocrática, puesto que “los países que más han avanzado en reducción de gases de efecto invernadero son los que tienen democracias liberales”.
Para ilustrar la distancia que falta por recorrer, Fedesarrollo mostró estadísticas que muestran el papel preponderante del petróleo y el gas en la matriz energética del país. La primera fuente son las hidroeléctricas, que tienen una capacidad productora de 11.974 megavatios. Le siguen los combustibles fósiles (hidrocarburos), que son los que viven en el ojo del huracán, tildados de ser los mayores aportantes de gases de efecto invernadero. Esa idea fue desvirtuada por la ACP: “Colombia representa entre el 0,4 y el 0,6 por ciento de las emisiones de estos gases y al sector energético se le debe el 31 por ciento. Los demás sectores productivos ponen el restante 69 por ciento”.
Dentro de las fuentes energéticas, el gas, por ejemplo, tiene una capacidad efectiva de generación de energía de 2.683 megavatios, mientras que la del viento es de 18 megavatios y la del sol, de 166. Esto llevó a Tomás González, exministro de Minas, a expresar que la transición no es solo con sol y viento.
En ese escenario, el país está a la expectativa del informe oficial de reservas de la ANH que presentará este mes. Ahí se sabrá si hay o no riesgo de desabastecimiento de combustibles ante la creciente demanda de un país en desarrollo, principalmente, proveniente del parque automotor, que no para de aumentar y duplicaría su tamaño actual en 2050.
Quienes se oponen al plan gubernamental de no permitir nuevos contratos aseguran que en poco tiempo habría que importar sobre todo gas, con consecuencias económicas y ambientales gravosas por el aporte adicional a la emisión de contaminantes derivados del transporte de combustibles desde otras latitudes.
Tira y afloje
Así las cosas, el escenario de la exploración de hidrocarburos en Colombia no sale del tira y afloje. Las compañías reclaman porque no se han permitido nuevos contratos, y el recién nombrado ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pidió aclarar quién los está pidiendo y en dónde.
González, el director de Hidrocarburos del MinMinas, confirmó que, según un análisis realizado por esa cartera, en algunos años del periodo 2010-2022 hubo pocas o ninguna firma de contratos. De ahí su interés en destrabar lo que no está fluyendo en 35 contratos suspendidos.
Además, recordó que “los cuellos de botella vienen de tiempo atrás” y están relacionados con temas de seguridad, reclamos de las comunidades o asuntos ambientales. Arauca, por ejemplo, es uno de los casos emblemáticos de afectación por seguridad en el sector. Allí Parex Resources suspendió la exploración y producción que adelanta en los municipios de Tame y Saravena. El 16 de enero de 2023, la compañía denunció amenazas del ELN y suspendió su actividad para garantizar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad local. Parex produce el 80 por ciento del GLP (gas licuado de petróleo) que abastece a Arauca e inclusive esa zona del país podría tener excedentes para distribuir a otras regiones, lo que evidencia la cascada de efectos positivos si se resuelve este cuello de botella.Al respecto, González manifestó que hace un par de semanas se desenredó este caso, con lo cual desde Parex vuelven a salir carrotanques con 11.000 barriles por día.
Para seguir quitando las piedras en el camino, el martes próximo se volverá a relanzar el grupo élite conocido como ETH (Entidad Territorial de Hidrocarburos), una especie de mesa permanente de soluciones, de la que forman parte los ministerios de Minas y de Defensa, la ANH, la Fiscalía, gremios como Campetrol y ACP, y empresas operadoras.
El objetivo es apagar el incendio antes de que se vuelva una conflagración. La articulación de todos los actores permitirá conectar los conflictos con soluciones. De esa manera, si la comunidad levanta la mano porque no se hizo la carretera, el problema debe ser resuelto lo más rápido posible.
En situaciones como la ocurrida en marzo con Emerald Energy, única petrolera que ha entrado en el Caguán, Caquetá, sus voceros dijeron que la comunidad esperaba que la empresa supliera las funciones del Estado. Le reclamaban vías y obras, y la situación terminó en un estallido con la retención de 79 policías y la pérdida de dos vidas. Al respecto, el director de Hidrocarburos del MinMinas sostiene que hay un histórico incumplimiento en obras prometidas. “Son circunstancias que se deben entender y atender en su complejidad, pues la situación no es igual en Arauca que en el piedemonte llanero o en La Guajira y Putumayo. Para ello estará la ETH”, manifestó.
Hay de todo
Dentro de los 35 contratos suspendidos, hay todo tipo de combinaciones. “Arauca tenía cuellos de botella en seguridad, en comunidades y en medioambiente. En Putumayo, los temas ambientales y de seguridad eran los protagonistas”, dijo González, lo que implicará para la ETH abordar contrato por contrato, empresa por empresa.
Las negociaciones en busca de una salida al conflicto que traba los proyectos de exploración deberán tener en cuenta el interés de todas las partes. Por ejemplo, señala González, así como es injusto que se active un bloque que detenga una exploración, también lo es que por el frente de un hogar pase el gasoducto y la gente esté cocinando con leña. “En Rubiales hay un cable de alta tensión que pasa por todos los Llanos y la gente lo ve pasar, sin que tenga ningún beneficio energético porque es para los equipos necesarios en la actividad del petróleo”, sostuvo el funcionario.
Por ahora, el suministro de energía en Colombia a partir de hidrocarburos se hace con los contratos activos. El futuro es la clave para lograr tranquilidad en autoabastecimiento, pues la exploración y el hallazgo de combustibles es de largo plazo y de grandes inversiones. Por el momento, según las reservas que se conocen antes del informe de la ANH, los hidrocarburos alcanzan para siete años en petróleo y para ocho en gas.
La esperanza, antes de conocer a ciencia cierta el nivel de reservas, está en los 35 contratos suspendidos, que se ubican en Arauca, donde se extraen gas y petróleo, y en el piedemonte llanero, donde el director de hidrocarburos del MinMinas dice que hay entre 3 y 5 teras de gas.Pero el tema de la seguridad es uno de los que debe ponerse en alto relieve, pues no solo toca a lo que hay hoy, la exploración y extracción de gas y petróleo, sino lo que viene, la transición energética.