La reapertura de la economía avanza en el país a paso de tortuga. Esta etapa comenzó muy gradualmente y con gran variedad de restricciones en varias regiones, por lo que luego de tres semanas todavía no se recupera la demanda. A medida que todos retoman sus labores, aparece con claridad el duro golpe al sector empresarial, que lo tiene resentido, endeudado y sin capital de trabajo.
Ante este panorama, el Gobierno nacional instaló esta semana una Comisión Consultiva para el Financiamiento Empresarial, integrada por gremios, empresarios grandes, pequeños y medianos e incluso empresas financieras de base tecnológica (fintech) para analizar cómo dinamizar los negocios. Como el tiempo es oro, este grupo de trabajo presentará el lunes sus primeras propuestas.
La comisión le apunta a potenciar los mecanismos ya implementados para salvar empresas, pero también a crear nuevos instrumentos para capitalizar al sector. Hay un consenso en que las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos meses sirvieron para mitigar el choque causado por la pandemia. Pero también en que resultan insuficientes en esta nueva etapa de reactivación. Además, en esta nueva fase las empresas no solo requieren subsidios y créditos, sino involucrar al mercado de capitales ante las limitaciones fiscales del Gobierno.
Por eso los empresarios propondrán hacer cambios adicionales a las líneas de crédito garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías, entregar subsidios a la nómina adicionales a los ya implementados por el Gobierno y crear un gran fondo de capitalización y salvamento. Ese fondo podrá emitir bonos de capitalización, comprar deuda y facturas e inyectar capital con pactos de recompra de acciones a largo plazo. Todo para que las empresas se ocupen de lo que saben hacer y no solo de ver cómo pagan sus deudas.
La propuesta de la Andi para que el Banco de la República otorgue un crédito directo no ha tenido buen recibo en los sectores académicos y empresariales, que lo consideran un mecanismo poco ortodoxo y de última instancia. Pero con una economía que cae por encima del 10 por ciento y con un desempleo urbano del 25 por ciento, la situación tiene extrema gravedad.
Y no falta quien espere que el Emisor tome un papel más activo, como Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Recuerda que solo en su sector, que incluye bares, restaurantes y hoteles, ya han cerrado más de 150.000 empresas. Pero teme que en tres o cuatro meses esta cifra se duplique, con un daño irreparable para el empleo y la economía.
Potenciar lo actual
Muchos empresarios reconocen los esfuerzos del Gobierno y las medidas aplicadas para contener el desastre económico. Pero critican que llegaron tarde y que les faltó agresividad. Incluso, que en su reglamentación quedaron exclusiones odiosas.
Con el subsidio a la nómina, el Gobierno ha desembolsado 3,35 billones de pesos en estos cuatro meses, que han beneficiado a más de 134.000 empresas y protegido alrededor de 3,37 millones de empleos, dice el Ejecutivo. Eso sí, algunos recuerdan que cuando lanzó este programa estimó que costaría dos billones mensuales por tres meses. Es decir, seis billones de pesos, lo que indica que al final ha utilizado un poco más de la mitad de lo previsto.
La causa: la reglamentación excluyó a muchos. Rosemary Quintero, presidenta de Acopi, explica que en el país hay alrededor de 1,6 millones de empresas formalmente constituidas, pero solo 555.664 compañías están registradas con Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila). El número de empresas beneficiadas con el programa de subsidio a la nómina representa el 24 por ciento de las empresas registradas en Pila, o menos al mirar el universo total.
Por eso, el gremio de las pymes ha pedido incluir grupos hoy excluidos, como las casi 250.000 empresas formales de una o dos personas que hay en el país y los más de 295.000 trabajadores autónomos o por cuenta propia, a los cuales les podrían abonar el camino hacia su formalización.
Acopi también ha pedido que el requisito de que se hayan reducido los ingresos en 20 por ciento se cuente sobre el ingreso real y no por causación de las facturas, pues hay muchos pagos retrasados. Así mismo, que al 40 por ciento de subsidio a la nómina se sume el factor prestacional para pymes.
El Gobierno ya anunció que ampliará el Programa de Apoyo al Empleo Formal, (Paef) hasta marzo del próximo año. Pero habrá que ver si lo hace en condiciones distintas.
Algo similar sucede con las líneas de crédito del Fondo Nacional de Garantías (FNG). Este programa dispuso más de 25,2 billones de pesos, de los cuales solo ha desembolsado hasta el momento alrededor de 7,5 billones, es decir el 29 por ciento. Para no utilizarlo más, los empresarios aducen las condiciones del crédito y la incertidumbre.
El Gobierno también extendió hasta junio las líneas de garantías y amplió el porcentaje de las mismas hasta 90 por ciento para las pymes. Pero estas piden ampliar los periodos de gracia y los plazos de los créditos, menores tasas de interés y hasta flexibilizar el perfil de riesgo.
Innovar para capitalizar
El crédito sigue abierto y el Gobierno ha comenzado a flexibilizar sus instrumentos actuales, pero hay consenso en que el mercado de capitales debe asumir un papel más activo. Muchos hablan de la necesidad de potenciar los fondos de deuda y los fondos de capital privado para que inviertan en las empresas. También hablan de cómo facilitar a compañías de tamaño intermedio emitir bonos o titularizar los créditos garantizados.
Al tener la garantía del Estado, estos instrumentos se convierten en un papel de deuda pública que se puede empaquetar para que lo compren grandes inversionistas. De ese modo salen la cartera de los bancos y estos pueden prestar mucho más.
Las fintech también podrían desempeñar un papel clave, pero habría que quitar algunas restricciones hechas para épocas normales. Ahora se requiere flexibilidad y potenciar temas como crowdfunding. También acelerar la facturación electrónica para obtener dinero por medio de facturas (factoring) o el confirming.
Sin duda, muchos ven en esta crisis una oportunidad de acelerar el desarrollo del mercado de capitales y ponerle una mayor competencia al sector financiero.
Los empresarios piden apoyar con líneas directas de crédito a las empresas que entren a ley de insolvencia como el Gobierno hizo con Avianca.
Sin duda, como dijo uno de los asistentes al lanzamiento de esta Comisión Consultiva, este es el mayor plan de restructuración de deuda hecho en el país.
El Gobierno hace bien en convocar al sector empresarial, pero una vez conozca sus recomendaciones debe implementarlas pronto. Muchos temas no exigen recursos, sino gestión y coordinación.
Y como hay muchas ideas por fuera de este comité, valdría la pena considerarlas. Analistas como José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, han propuesto que el Estado asuma temporalmente los parafiscales para facilitar la recontratación de personal, o certificados de reembolso tributario para quienes contraten.
El tributarista Juan Guillermo Ruiz propone verdaderos alivios de caja en materia tributaria y no solo aplazamiento de impuestos. Incluso, explica que en otros países han hecho reformas tributarias ‘exprés’ para reducir la carga a las pymes por los siguientes dos años.
Otros ven la necesidad de que el Emisor cree canales de liquidez exclusivos para créditos para las pymes.
Pero, sin duda, para los empresarios será fundamental acelerar la reapertura, hoy en manos de los alcaldes. De no lanzar un plan agresivo para proteger el tejido empresarial, los daños para el empleo se volverán estructurales y la crisis afectaría al sector financiero. Para salvar el empleo hay que salvar las empresas.