El confinamiento de los colombianos por la pandemia de la covid-19 ha incrementado el uso de llamadas automatizadas por robótica y las quejas de los ciudadanos que no quieren verse obligados a recibir mensajes publicitarios no deseados. Esto llevó a la Superintendencia de Industria y Comercio a emitir una resolución para poner en cintura esta práctica que atenta contra la protección de datos, toda vez que algunos de los que han sido sancionados, desestiman la gravedad de la violación del derecho a la protección de datos. Si bien el uso de esta tecnología automatizada no está prohibida en Colombia, el superintendente, Andrés Barreto fue enfático en resaltar que se debe contar con la debida autorizacion del titular de la línea telefónica. Según Barrero, cualquiera que use esta tecnología se arriesga a una multa de hasta 2.000 salarios mínimos dependiendo de las quejas. Esto es un poco más de 1.755 millones de pesos.
Aunque en casos anteriores de aplicación de este tipo de sanciones, la Superindustria ha sido objeto de acciones jurídicas que alegan exageración en la multa, la entidad de control se ratificó en una decisión alrededor de la empresa Mervicol, que presta servicios relacionados con la ingeniería del gas y deberá pagar una multa de 12,4 millones de pesos. La falta cometida fue el uso de tecnología para hacer llamadas automatizadas y contactar a personas que no habían dado permiso para utilizar sus datos personales. La Superintendencia consideró que las sanciones que se desprenden por la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales no pueden ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca cuantía, por lo que ratificó la multa impuesta a Mervicol. Durante este año, el 70,9 por ciento de las quejas ciudadanas allegadas a la SIC son de personas que reciben llamadas, mensajes de texto, email de mensajes publicitarios sin que la persona haya previamente autorizado la recolección y uso de sus datos de contacto para esos fines.