Se veía venir. Al menos la renuncia de Juan José Echavarría de la junta directiva de Ecopetrol había sido anunciada con antelación, pero tras conocerse la carta con los motivos, el hecho no dejó de causar estupor. Echavarría es representante de los 250.000 accionistas minoritarios, entre los que están los fondos privados de pensiones, y hoy por hoy es uno de los pocos integrantes del equipo directivo que quedan como verdaderamente independientes, pues muchos otros que se inscriben como tal tienen independencias relativas.
En el caso del economista que alza la voz por los pequeños inversionistas, en las pasadas elecciones de directivos, durante la asamblea de Ecopetrol, fue visto como una piedra en el zapato debido a su enérgica posición en contra de la plancha propuesta por el Gobierno, con integrantes que no en todos los casos cumplían con los requisitos para ser parte de la mesa que toma decisiones en la compañía que contribuye con cerca de 4 puntos del PIB a la Nación, a través de los impuestos, la inversión, las regalías y dividendos, como lo recordaron los dos disidentes en su misiva.
Por su parte, Luis Alberto Zuleta, aunque fue postulado en 2023 por el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al igual que Mónica de Greiff y Gonzalo Hernández, tiene una particularidad y es que se le considera como una de las fichas claves en la baraja de nueve integrantes de la junta en la empresa más grande del país.
El reputado economista no estaba incluido en la plancha inicial propuesta en marzo de este año, donde aparecieron nombres que causaron controversia, como el de Edwin Palma, exsindicalista y abogado; o el de la activista ambiental Tatiana Roa, férrea oponente del fracking, técnica involucrada en el negocio vetado por el Gobierno, que era visto desde diversos ángulos como de amplio beneficio para los ingresos de la Nación. En un reacomodo de postulados a la junta de aquel entonces, dentro de una segunda plancha, Zuleta apareció en el nuevo listado.
En el equipo no existía al menos un miembro con experticia financiera, como lo exige la SEC, autoridad que protege a los inversionistas en empresas listadas en la bolsa de Estados Unidos, como es el caso de Ecopetrol. Él (Zuleta) la tiene, tras su paso por sendas juntas directivas de grandes compañías, como Bancolombia, para mencionar solo una, y por entidades del sector público y privado. De hecho, seguramente reemplazarlo ahora será la dificultad que puede demorar la conformación de la junta, que, sin embargo, aun con la salida de dos, podría deliberar, pero va quedando sin contrapesos.
Las reglas corporativas indican que la junta solo puede sesionar si hay al menos cinco miembros (la mitad más uno), y los nuevos miembros –una vez se haga efectivo el retiro de Echavarría y Zuleta– tienen que ser nombrados por la Asamblea. En el caso del representante de los minoritarios, debe renunciar primero ante los accionistas que lo eligieron, y ellos deberán presentar el nuevo candidato, confirmó una fuente conocedora del tema.
Y ni qué decir de la búsqueda del reemplazo de Zuleta, que también podría extenderse.
Alrededor de la renuncia de los dos expertos, hasta el propio Ricardo Roa, presidente de la compañía en la que la Nación tiene el 88,5 por ciento de la propiedad accionaria –y la hace valer–, lamentó la renuncia, que fue redactada “luego de amplias deliberaciones”, según dice la carta.
Allí afirman que fue motivada por el veto que puso el Gobierno a la realización del negocio que Ecopetrol tenía entre las manos para adquirir entre el 20 y el 30 por ciento de los activos de CrownRock, propiedad de la Occidental Petroleum Company (Oxy) en la cuenca del Permian, en Estados Unidos, como sustentaron los dimitentes.
Falta un pedazo
Durante dos días de esta semana, la junta de Ecopetrol tuvo su reunión de agosto, en la que estaba previsto que Echavarría presentara la carta, también con la firma de Zuleta. El destape de la renuncia, que aún no había sido oficializada en el espacio que correponde, condujo a muchos pronunciamientos, entre ellos, el del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien señaló que esa decisión –efectivamente– requería de una asamblea extraordinaria.
El titular de la cartera de las finanzas detalló que, en la carta, los dimitentes no usaron la palabra irrevocable, lo que por un momento parecía indicar que el Gobierno podría no aceptar su salida. Sin embargo, vino después la declaración del ministro de Minas, Andrés Camacho Morales, quien afirmó que, tanto Echavarría como Zuleta “deben salir de la junta si no se sienten alineados”.
Esa no alineación se venía dando de tiempo atrás, pero pareció quedar en evidencia plena en la misiva en la que se exponen las bondades del negocio con la Oxy: “Impacto favorable sobre las utilidades, la producción y las reservas de la empresa, además de bajos efectos ambientales y un nivel de endeudamiento alto, pero manejable”, dice el documento.
El camino para llegar al no rotundo sobre el negocio con la Oxy ha dado para pensar y cuestionar la dimensión de la independencia de la junta directiva. Los dimitentes recordaron que, en una primera oportunidad, el equipo había aprobado por mayoría la concreción del negocio. Incluso, “se informó al mercado que se adelantaban negociaciones con la Oxy”, dijeron en la carta.
Posteriormente, los integrantes de la junta habrían sido informados del desacuerdo del presidente Gustavo Petro con el negocio, para lo cual argumentó el hecho de que se invertiría en fracking, lo que además significaba más deuda para Ecopetrol y envío de recursos al exterior. No hay que olvidar que el Gobierno rechaza tajantemente el fracking y ya hay un nuevo proyecto de ley haciendo fila en el Congreso de la República para prohibirlo, luego de un intento en la anterior legislatura, en la que fue hundido.
Según relatan en la carta, en una segunda votación, la junta decidió no continuar con el negocio, mientras el voto de Zuleta y Echavarría continuó parqueado en el sí. “El proyecto era fundamental para proteger el futuro de Ecopetrol y el de más de sus 250.000 accionistas. Su no aprobación motiva nuestra renuncia a la junta directiva de Ecopetrol.
Sin los recursos futuros que aportaría el proyecto, las finanzas de Ecopetrol se deteriorarán y se reducirán las transferencias de la empresa al Gobierno nacional”, argumentaron. En respuesta, Roa negó que sin ese negocio se deterioren las finanzas de la empresa.
El punto final al negocio que parecía jugoso para Ecopetrol y que motivó la renuncia de Echavarría y Zuleta pone en la vitrina el dilema del Gobierno: no le gusta el petróleo y menos extraído con fracking, pero lo necesita para hacer la transición.