Dos contratistas concentraron gran cantidad de los mayores costos de obra en la ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar): las extranjeras CB&I (Chicago Bridge and Iron) y Foster Wheeler, según las denuncias de la Contraloría General de la República conocidas este martes. Reficar, obra clave para disminuir la dependencia del país en materia de refinación de combustibles, estaba calculada para tener un costo cercano a 4.000 millones de pesos y terminó costando el doble. De ahí la preocupación del organismo de control fiscal. Según el extenso informe de la Contraloría, estos mayores costos del proyecto obedecen a incrementos del 43 % en cantidades de materiales, incrementos del 15 % en precios, demora en la entrada en operación que representan 25 % de los costos, y 13 % por menor productividad. Es decir, el presupuesto de Reficar aumentó desde el 2009 en 101 %. La Contraloría puntualizó que la actividad contractual se concentró en un reducido número de contratistas y que algunos son contratistas comunes con CB&I y Foster Wheeler. La primera entró de la mano del socio mayoritario del proyecto, Glencore, pero terminó vendiendo su participación a Ecopetrol. Aun así, dejó amarrados los contratos para la ejecución de las obras, las compras y la ingeniería. A CB&I se le pagaron más de 6,5 billones de pesos. Por su parte, Foster Wheeler tenía a su cargo y responsabilidad la gerencia total del proyecto. Según la Contraloría, uno de sus contratos de consultoría, pactado inicialmente por 95,2 millones de dólares, se modificó en tiempo y valor en varias oportunidades, con lo cual terminó en 231,3 millones de dólares, es decir, un incremento del 143 %. Advertencia Por ello resulta grave la advertencia que lanzó este jueves el contralor general, Edgardo Maya Villazón, en el sentido de que CB&I estaría yéndose del país sin entregar toda la información que requiere la Contraloría General de la República para adelantar la auditoría a Reficar y establecer los responsables de los sobrecostos y otras irregularidades. “La información que tiene la Contraloría, lo vamos a constatar en el día hoy (jueves), es que se están yendo del país y creo que pueden incurrir en algunas conductas de carácter penal”, aseguró el jefe del organismo. Añadió que “aquí hay que entregar toda la información, no se puede borrar la información y no se pueden sustraer los discos duros de los equipos, que es lo que están haciendo, según algunas denuncias que se han conocido”. Semana.com conoció que se investiga si también Foster Wheeler estaría adoptando la misma estrategia para evitar rendir cuentas. “Nosotros necesitamos toda la documentación y la información posibles para llegar de forma inmediata a entregar a la sociedad colombiana los resultados de los responsables de estos hechos, que no solamente son las personas vinculadas a las entidades colombianas sino también los contratistas internacionales que han intervenido en este proceso. Ellos no pueden llegar a evadir esta responsabilidad yéndose del país”, agregó Maya.