La gran preocupación es que el remedio resulte peor que la enfermedad. La reforma a la salud que ha anunciado el presidente Gustavo Petro y la ministra de esta cartera, Carolina Corcho, ha generado más inquietud que tranquilidad entre usuarios y representantes del gremio. El Gobierno ha señalado que esta propuesta busca hacer un saneamiento financiero que permita que los recursos públicos lleguen directamente a quienes prestan los servicios y a quienes asumen la atención de los pacientes.
La ministra ha dicho: “Este es un debate legislativo que se presentará el próximo año, en marzo. Es una necesidad. Hay una realidad objetiva en términos del cumplimiento de condiciones financieras para permanecer en el sistema. La reforma entra a resolver un problema, es una propuesta de transformación del sistema de salud, que de ninguna manera significa que vayamos a destruir el sistema”. Conveniente o no, los abogados dan su diagnóstico:
Lloreda Camacho
Daniel Cardona, socio de esta firma, considera que, en materia de reformas a la salud, la Ley 100 de 1993 constituyó en su momento un cambio radical de lo que se conocía en el funcionamiento del sistema de salud, ante un panorama en el que se presentaban grandes deficiencias en materia de prestación de servicios de salud y cubrimiento de la población en general. “En ese sentido, desde su creación hemos visto grandes logros en materia de cobertura, evidenciando que en principio existe una cobertura de casi el ciento por ciento de la población colombiana que necesita acceder a servicios de salud”, señala.
Está de acuerdo con que se necesitan cambios en el sistema de salud para garantizar mejores indicadores de satisfacción y aseguramiento de tecnologías de salud para los usuarios del sistema, pero “en nuestro criterio los cambios que sean propuestos no pueden ser en detrimento de todo lo que hemos logrado en materia de cobertura y aseguramiento en un país con tantas complejidades para la prestación de servicios de salud”.
Sobre eliminar las EPS, señala que el modelo existente en el que estas organizan y garantizan la prestación de los servicios de salud ha funcionado. “Y si bien entendemos que día a día existen observaciones en relación con la prestación de servicios de salud, no vemos cómo la eliminación de las EPS necesariamente implique un mejoramiento en las redes de prestación. De esta manera, en nuestro criterio, uno de los cambios debe partir en el fortalecimiento de las actividades de inspección, vigilancia y control que son realizados por la Superintendencia Nacional de Salud”.
Anota Cardona que por el impacto que traerá la reforma a la salud es altamente probable que todos los actores del sector salud se vean afectados. “En nuestro criterio, uno de los retos más importantes que tendremos todos los abogados será concentrarnos en velar por el beneficio del paciente y que tengan la posibilidad a acceder a servicios y tecnologías en salud innovadoras de forma oportuna, en condiciones de calidad y seguridad”.
DLA Piper Martínez Beltrán
Felipe Quintero es socio de esta firma de abogados. Considera que, por los anuncios hasta ahora realizados por el Gobierno, la reforma que se presentará en 2023 se enfocará en un nuevo diseño institucional del sistema que implique la eliminación de la intermediación financiera y administrativa, así como la descentralización territorial de los servicios.
“Este nuevo diseño parte de la premisa de que la gran mayoría de las EPS son inviables, con contadas excepciones según las declaraciones recientes del Gobierno, y la asunción que la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) podrá asumir el rol hasta ahora cumplido por las EPS. En mi opinión, la premisa no es necesariamente correcta y las EPS inviables son la excepción y no la regla”.
Subraya que no debe confundirse la actividad de aseguramiento con el mecanismo de pago de los servicios. “Los esfuerzos de la reforma en materia institucional deberían enfocarse en establecer mecanismos más eficientes de seguimiento al servicio de las EPS, la dinámica de pago a las IPS y proveedores, el fortalecimiento de la red de prestadores, la modernización de la red pública, el fortalecimiento de la atención primaria, la optimización de los sistemas de gestión de riesgos, así como en facilitar los mecanismos de liquidez del sistema”.
Advierte este abogado que eliminar de manera abrupta las EPS buscando la migración de su actividad a la Adres y a entidades territoriales puede causar un colapso de un sistema que ha logrado unos hitos muy importantes en materia de cobertura, justamente por la labor de aseguramiento de aquellas EPS que han hecho bien la tarea. “Su rol de agencia como gestores y articuladores de la red ha sido fundamental para que el usuario sea atendido y no se pierda en el sistema. La intención del Gobierno de conseguir mejor servicio y cobertura es muy importante, pero no creo que la Adres y las entidades territoriales tengan la capacidad financiera y administrativa de llevar a buen puerto los objetivos planteados. Los esfuerzos deberían enfocarse en la mejora del sistema y no en la eliminación de lo que estructuralmente está bien cimentado”, agregó Quintero.
Ante este impacto, los abogados no la tendrán fácil y cumplirán un rol activo durante el proceso de debate en el Congreso de la reforma, “ya que hemos sido testigos de las bondades y de las falencias del sistema, procurando que la institucionalidad salga fortalecida y no afectada con el texto final que sea finalmente aprobado. Una vez entre en vigor, tendremos que apoyar a nuestros clientes que invierten y operan en el sector para implementar los ajustes que se deriven de la misma forma consistente con su propósito empresarial en cumplimiento del nuevo marco legal”.
Baker McKenzie
Tatiana Garcés es socia y líder regional del grupo de empleo y compensación en Latinoamérica de esta firma de abogados. A ella le preocupa perder la experiencia de todo lo construido en estos años posteriores a la Ley 100 de 1993. “Colombia se ha destacado por implementar un sistema de seguridad social que realmente aplica los principios de solidaridad y universalidad. Un ejemplo de esto es que tenemos la cobertura más amplia de los países de América Latina, y que el Plan Básico de Salud es igual en el régimen contributivo que en el subsidiado”. Reconoce que el sistema tiene muchas oportunidades de mejora, pero no cree que volver al esquema anterior garantice la eficiencia. “Vemos con ojos positivos formalizar la contratación en el sector salud”.
Frente a la iniciativa de eliminar las EPS, señala que sería un retroceso de trámites y procesos. “Volver a un sistema de seguridad social administrado únicamente por el Estado podría afectar seriamente la calidad, eficiencia y libre competencia existente bajo el esquema actual de EPS, y aumentaría la congestión judicial por el incremento en acciones de tutela”, agregó esta abogada con más de 25 años de experiencia.
Para Garcés, el gran reto de los abogados estará centrado en la implementación de los cambios y formalizar las estructuras propuestas.