Cerca de 7 horas duró la audiencia convocada en el Congreso de la República sobre la reforma laboral, que tiene una nueva ponencia, con varias modificaciones, y, según confirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Salamanca, empezaría a ser debatida oficialmente para sus respectivas votaciones y aprobaciones en la segunda mitad de septiembre.
Mientras tanto, los debates previos ya son bastante álgidos. Así se evidenció en la audiencia que tuvo lugar este jueves, 22 de agosto, en la que se dieron 72 intervenciones desde distintos frentes.
Aunque varios son los temas que generan reparos o respaldos, hay que destacar el del mercado laboral rural, que fue puesto en el tapete en la intervención del presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), Jorge Bedoya, quien puso el dedo en la llaga.
De acuerdo con las cifras presentadas por el dirigente gremial, de 22 millones de ocupados en el país, el 14 % son trabajadores rurales, lo que equivale a 3,2 millones de colombianos. Pero el gran lunar es la alta informalidad, ya que, mientras en el total del país ese fenómeno es cercano al 56 %, en el campo es del 86 %. “La informalidad del campo es inadmisible”, dijo.
Según dijo Bedoya, si no se tienen en cuenta las realidades del mercado laboral rural, lo que se introduzca en la reforma laboral podría ser una cura peor que la enfermedad.
De ahí que habló de “contratar y pagar por el tiempo efectivamente laborado”, además de cotizar a seguridad social de la misma manera. En ese sentido, Bedoya pidió quitar de la ponencia de la reforma cuatro artículos (31, 32, 33 y 35) que, a su juicio, le harían más daño a la ruralidad.
La respuesta de la ministra del Trabajo
Haciendo referencia a los contenidos del contrato agropecuario y a las propuestas de la SAC, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que la reforma hace clara diferencia entre lo que es el trabajo agropecuario y el agroindustrial, y agregó que han dialogado con la SAC al respecto, pero ante el reparo presentado en la audiencia, invitó al gremio de agricultores a “un proceso de concertación, pero, eso sí, con una línea roja: este Gobierno no aceptará que se cotice por horas al sistema de seguridad social. Eso para nosotros es precarización laboral”.
Además, manifestó estar de acuerdo en que se busquen formas a través de las cuales el campo se sienta representado en la reforma, pero “nunca tratando de forma igualitaria lo que es el trabajo agropecuario y el trabajo agroindustrial”, puntualizó.
Calificó como absurdo que se esté pidiendo que la entrada en vigencia de la reforma sea después de 2027, cuando se acabe de aplicar la Ley 2110, que es la tramitada y lograda por el Centro Democrático, la cual, expresó Ramírez, “acompañamos porque nos parece apropiada” (se refiere a la reducción de la jornada semanal). “Estamos necesitando la estabilidad laboral en este momento”, enfatizó.