El gobierno tiene 45 días para lograr la aprobación de su reforma tributaria. Dará el banderazo inicial el miércoles 31 de octubre, cuando según lo previsto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radique en el Congreso de la República la propuesta que durante las últimas semanas ha venido trabajado con su equipo bajo el título de Ley de Financiamiento. El plazo para discutir y aprobar la iniciativa podría extenderse por unos cuantos días más en caso de que no quede lista antes del 16 de diciembre, cuando terminan las sesiones ordinarias. Por tener mensaje de urgencia, el Congreso podrá convocar a sesiones extraordinarias para que el presidente Iván Duque pueda sancionarla antes del 31 de diciembre. Le sugerimos: Carrasquilla, sin un rasguño
Esta maratón debió arrancar hace dos semanas, pero el gobierno la aplazó a raíz del alboroto generado por la propuesta de moción de censura, presentada por los partidos de oposición contra el ministro Carrasquilla. El hecho ha retrasado el cronograma que tenía listo el gobierno para sacar adelante esta iniciativa, con la cual espera aumentar el recaudo de impuestos en 14 billones de pesos para el año entrante. Todo indica que una vez la Cámara resuelva la moción de censura, el martes 30 de octubre, Carrasquilla radicará al día siguiente la iniciativa tributaria. Esta tiene entre sus objetivos centrales recuperar el crecimiento económico de largo plazo y la generación de empleo de calidad; consolidar la estabilidad fiscal; mejorar el diseño de los impuestos de renta y del IVA, y promover la inversión y la equidad. Tanto en el Congreso como en el gobierno dan por descontado que Carrasquilla se mantendrá en su cargo, pues cuenta con los votos necesarios para que no prospere la moción. Sin embargo, este proceso podría dejar debilitado al ministro de Hacienda, que tendrá que jugarse a fondo para sacar adelante la iniciativa. Le recomendamos: "Un negociante como Carrasquilla puede ser negociante, pero no ministro" Aunque en lo sustancial la reforma plantea cambios en materia tributaria y busca generar más recursos fiscales, el gobierno decidió bautizarla ‘Ley de Financiamiento’ por un tema que va más allá de la semántica. En efecto, se trata de una iniciativa que busca corregir el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación de 2019, tasado inicialmente en 25 billones de pesos por el nuevo gobierno, pero que luego de un cambio extremo en el perfil de la deuda se logró reducir a 14 billones de pesos.
Como se trata de un proyecto que busca recursos para financiar un déficit del presupuesto, su trámite no comenzará por las comisiones Terceras de Senado y Cámara, como es tradicional, sino de manera conjunta en comisiones Terceras y Cuartas de las dos corporaciones. Esto implica que la iniciativa podría contar con por lo menos 30 ponentes de los diferentes partidos, cuyas propuestas se acumularán hasta lograr un texto final que deberán aprobar las comisiones conjuntas a más tardar la primera semana de diciembre, para seguir a una aprobación final en sesiones plenarias.
Pese a que esta iniciativa cuenta con los tiempos necesarios –aunque ajustados–, será una prueba de largo aliento para el gobierno y en particular para el ministro de Hacienda. Javier Hoyos, director de Gestión Legislativa y Gobierno, cree que los cambios que contempla y que hasta el momento se conocen mejorarán la competitividad del sector empresarial, que se ha quejado de la excesiva carga tributaria. Sin embargo, piensa que la prueba de fuego estará en la aprobación del impuesto al valor agregado (IVA). Hasta el momento, han barajado propuestas que van desde mantener la tarifa del 19 por ciento y extenderlo a todos los productos de la canasta familiar básica hasta reducir la tarifa al eliminar exenciones y ampliar también la base. Un régimen simple La Ley de Financiamiento que presentará el ministro Carrasquilla tiene alrededor de siete capítulos y más de 130 artículos en los que el gobierno planteará cambios en materia de IVA y renta, nuevas normas antievasión y algunos tipos penales para castigarla. Sin embargo, la mayor novedad será el régimen simple de tributación para las pequeñas compañías. Busca incentivar la formalización tributaria, facilitarles la vida a los empresarios y, de paso, permitirles ingresar al régimen de seguridad social. Puede leer: “Insistiremos en la moción vía tutela”: Antonio Sanguino sobre Carrasquilla Esta figura se aplicará a las firmas que facturen hasta 2.652 millones de pesos al año, que hoy deben asumir altas cargas tributarias que les restan competitividad. En este caso, la norma busca aplicar una tarifa equivalente a un porcentaje fijo de sus ingresos, que cubriría temas como renta, IVA, impuesto al consumo y seguridad social. De acuerdo con la Dian, abarca unos 250.000 contribuyentes; de ellos, 170.000 personas naturales y 80.000 jurídicas que responden por el 4 por ciento del recaudo total. Este régimen tiene entre sus principales objetivos reducir la informalidad, que en el país alcanza el 80 por ciento en los microestablecimientos. En este caso, la meta será lograr que por lo menos un tercio de las 1,2 millones de empresas informales se incorporen al sistema. La norma plantea tarifas diferenciales basadas en la facturación, los sectores y el número de empleos que generan. Y el porcentaje aplicable sería menor al que rige actualmente para las empresas de mayor tamaño. No tiene terreno plano la carrera del gobierno por conseguir la aprobación congresional de su Ley de Financiamiento, que garantizará los recursos del Estado por los próximos años. Luce como una cuesta empinada en cuya escalada se juega la suerte económica del país.