Este 27 de julio se radicó oficialmente y con mensaje de urgencia, el proyecto de reforma tributaria conocido como Ley de Inversión Social, ante las Comisiones Económicas del Congreso de la República.
En el marco del debate por aprobar una nueva reforma tributaria que le genere al país unos 15,2 billones de pesos para atender las urgencias fiscales y continuar con algunos subsidios para los colombianos en situación vulnerable, también surgió el interés por sacar adelante un proyecto de ley radicado en mayo pasado que busca indultar a aquellos ciudadanos a los que se les impuso comparendos durante el año 2020 que, como se sabe, fue el año en que la pandemia azotó con más fuerza a la economía y la salud de los colombianos.
La iniciativa de indultar a los ciudadanos que recibieron comparendos el año pasado ya la había expuesto meses atrás Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. El mandatario regional la defendió tras asegurar que “sabemos que los jóvenes han sido los más afectados por la pandemia, y son ellos los que muchas veces no pueden acceder a un empleo porque tienen multas que se lo impiden. Con este proyecto buscamos hacer borrón y cuenta nueva y que puedan tener un empleo formal que les permita ser parte de la reactivación económica”.
La propuesta del alcalde Pumarejo tuvo acogida entre los congresistas del Atlántico. Entre ellos están el representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy, quien junto a su colega Armando Zabaraín radicaron la iniciativa. Lorduy destacó que “hay miles de ciudadanos que no pueden pagar las infracciones de tránsito en las que incurrieron en el año 2020 y para ellos hemos pedido que se les decrete una amnistía total para los estratos 1, 2 y 3, y para los estratos 4, 5 y 6 una amnistía hasta del 50 %, fundamentalmente para multas distintas de embriaguez y otras de carácter más peligroso”.
Además, se tiene proyectado el desarrollo de un sistema que brinde apoyo tanto a las personas afectadas en sus ingresos, ya sea por cuenta de la pérdida de su empleo o incluso para quienes corren el riesgo de ser embargadas por no poder pagar sus deudas.
“Muchos no pueden pagar la cuota de la lavadora, de la nevera, la cuota del carro o de otras obligaciones, e incluso algunos ni siquiera tienen cómo pagar el colegio de sus hijos; a estas personas las están embargando y les están secuestrando los pocos bienes que tienen y para ellos también habría una especie de amnistía, suspendiendo esos embargos hasta ocho meses después que termine la pandemia”, manifestó Lorduy.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, comentó que esta propuesta, que busca beneficiar a los colombianos, será previamente analizada y se evaluará su viabilidad. En diálogo con RCN Radio, Restrepo manifestó que “estas propuestas tenemos que analizarlas en detalle, tendremos que darles una validez técnica, económica, fiscal y no hemos hecho esa tarea porque no tenemos esta proposición puntual. Vamos a ver, una vez se presente, cuál es el estudio técnico que se haga y validaré después de que se haga ese análisis”.
Eso sí, por ahora el debate económico se concentrará principalmente en sacar adelante la reforma tributaria, que es una prioridad para el Gobierno y para millones de colombianos que siguen sufriendo los efectos de la pandemia.
El coordinador ponente de la reforma tributaria, también llamada Ley de Inversión social, senador Fernando Nicolás Araújo, aseguró que se estará dando inicio al debate sobre el articulado la semana próxima. El congresista prevé que la aprobación final de este proyecto estará lista antes de que finalice el mes de septiembre.
“La premura es avanzar con la ampliación del programa Ingreso Solidario y la extensión del subsidio a la nómina, que ha ayudado a sostener alrededor de cuatro millones de empleos en Colombia, por lo menos hasta diciembre. Seguir avanzando en la matrícula cero para llegar a casi 800.000 colombianos, profundizar en el programa de subsidio para incentivar el empleo, sobre todo el empleo joven, y eso no da espera”, expresó el congresista.
La Ley de Inversión Social apuesta a recaudar un total de 15,2 billones de pesos y su principal estrategia de recaudo se sienta en el aporte de los empresarios. La cifra recolectada de destinará a la financiación de la política social.