El asunto no tiene precedentes en la historia reciente, pues lo natural es que la discusión se dé durante el segundo semestre del año, para que el nuevo marco tributario entre en vigencia a partir del primero de enero de la siguiente vigencia.

Pero hay otro factor clave: un gobierno nunca presenta una reforma tributaria en el año tres de la administración. El tema de impuestos representa siempre un costo político, porque a nadie le gusta que modifiquen las tasas de tributación. Así las cosas, todos los gobiernos entienden que solo en los dos primeros años tiene el suficiente capital político para impulsar la medida.

Pero la pandemia ha representado una situación extraordinaria: una caída en la economía sin precedentes y un golpe a las finanzas públicas que va a llevar el déficit fiscal a un nivel cercano al 9% del PIB.

Así que buscar más ingresos es absolutamente necesario para el gobierno nacional.

El expresidente Álvaro Uribe tiene claro el panorama y fue el primero en plantearlo en entrevista con Dinero y Semana: “la reforma tributaria es un imperativo, porque al país le han renovado la confianza inversionista, pero no puede correr el riesgo de perder el grado de inversión, lo que nos podría costar 200 puntos básicos más al año en tasas de interés. Con un endeudamiento de 650 billones de pesos, eso equivaldría a 13 billones adicionales en intereses al año. Eso es muy grave”.

El argumento es incontrovertible: el país no se puede dar el lujo de aplazar el debate sobre cómo cubrir el faltante que generó la pandemia.

Pero él tiene otro argumento, de carácter político: si se aborda, como es tradicional, en el segundo semestre, hay un enorme riesgo de propuestas demagógicas.

“A mí me dan mucho miedo algunas propuestas que se pueden acentuar en época electoral: ¡que a los patrimonios hay que cobrarles 4 o 6 por ciento! ¡Por Dios! ¡Acaban con la inversión! ¡Si el Gobierno Santos con lo que hizo en materia de impuestos frenó la inversión, frenó la creación de empleo y, al mismo tiempo, congeló la reducción de la pobreza! Si yo estuviera hablando como empresario diría: ‘el año 21 está cerca de elecciones. Yo quiero ayudar a reactivar, pero no me dejen una incertidumbre tributaria: díganme de una vez cuáles son las reglas del juego’. Esa es otra razón para pedir que haya un acuerdo y unas decisiones rápidas en esta materia”.

Así las cosas, el asunto va a darse a partir del inicio de las sesiones ordinarias en marzo del próximo año o, si el gobierno se la juega, en sesiones extraordinarias que podrían darse a finales de enero. Cualquier de esas dos opciones tendrían un ingrediente adicional que da para la discusión: si no se meten con el IVA, es claro que la reforma solo va a tener impacto real a partir de 2022.

Ese es el panorama complejo que tienen el gobierno y el Congreso: no van a poder meterle mano al único impuesto (IVA) que realmente podría recaudar lo necesario y de manera inmediata apenas se apruebe la reforma.

La fórmula más viable va a ser: algunos ajustes en renta, con la imposición de un nuevo impuesto a los patrimonios y revisión de algunos beneficios y aumento en el impuesto a los dividendos. Pero todo ello solo se vería reflejado en 2022.

Así las cosas, el país está nuevamente abocado a aprobar una reforma de carácter fiscalista que no tiene ningún componente estructural. A pesar de la novedad de discutir una reforma en el primer semestre, se trata de repetir la misma historia de siempre.