Desde que inició el actual gobierno, o incluso antes, una palabra que ha venido marcando el presente y el futuro próximo del país es: reforma. Ya se presentó y se aprobó la tributaria, se dio a conocer la propuesta a nivel pensional, y para el próximo año, se estaría presentando, la laboral.
Quizás, el termómetro frente a lo que será esta nueva reforma que adelantará el gobierno de Gustavo Petro, fue el anuncio que el mismo mandatario realizó con respecto a los contratos por prestación de servicio. No obstante, están en curso un cúmulo de iniciativas, alrededor de 18 para ser exactos, en el Congreso de la República y que le apuntan a mejorar las condiciones laborales de los colombianos; atendiendo principalmente a grupos vulnerables, caso puntual, las mujeres, la comunidad LGTBI+, discapacitados y los trabajadores del sector agrario, entre otros.
Para entender la pertinencia o no de estas iniciativas, Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, manifiesta que es necesario analizarlas desde tres ejes: el constitucional, el de impacto económico y la necesidad. La mezcla de los tres deben dar respuesta y justificar su estudio, trámite, aprobación y que se conviertan en leyes de la república.
Sin embargo, advierte la académica que si en estos tipos de proyectos no se cumple con los tres ejes, lo más probable es que esta futura norma, termine generando efectos adversos en el ámbito laboral, donde lo fundamental en estas iniciativas es que favorezcan la empleabilidad y propendan la formalización.
Con respecto al eje constitucional, destaca las iniciativas como las cuotas mínimas de contratación y otras que están orientadas a flexibilizar las condiciones laborales de mujeres o de quienes ejercen roles de cuidado en sus hogares. No obstante, advierte que “es importante actuar con cautela, porque estos proyectos podrían tener efectos contraproducentes; aumentar las regulaciones laborales para las mujeres podría traducirse en mayores costos para su contratación y, por tanto, en menos puestos de trabajo para ellas en el sector formal”.
Así mismo, resalta que “la historia ya lo ha demostrado. La Ley 1822 de 2017 amplió a 18 semanas la licencia de maternidad (antes eran 14), pero esto ocasionó un aumento de la informalidad de las mujeres en edad fértil. Por eso, importa que los legisladores estudien en profundidad estos asuntos y consulten autores que llevan tiempo analizando los impactos reales de medidas de este tipo, en especial a las economistas feministas”.
Frente al eje de impacto económico, llamó la atención sobre los efectos que estos proyectos pueden tener para las empresas, en especial para las Mipymes, que representan más del 70% del aparato productivo del país, y son a su vez, las generadoras del empleo en Colombia. Al respecto, destaca los estudios que se realizaron a la Reforma Laboral del 2002 o Ley 789, en donde se analizaron variables como el volumen de empleo, las tasa de desempleo, la cantidad de horas trabajadas y la estabilidad laboral.
“Esta reforma no aumentó los costos para los empleadores, sino que amplió la jornada, ya sí disminuyó el pago por horas extras. También, disminuyó los costos de la indemnización por terminación del contrato sin justa causa y modificó los contratos de aprendizaje, que es uno de los mecanismos para la contratación de jóvenes. De esta manera, todos los estudios anteriores coinciden en que la reforma del 2002 se tradujo en nuevos puestos de trabajo y en mejoras de la remuneración y la calidad del empleo”, apuntó.
Sin embargo, frente al último eje, el de la necesidad, y en articulación con los dos anteriores, la inquietud que surge es ¿Si es prioritaria una nueva reforma laboral o no es mejor establecer regulaciones que fortalezcan la normativa ya existente? Para la directora del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, se necesita más de lo segundo, debido a que hay algunos aspectos que actualmente están aconteciendo en lo laboral y que no están establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo (CST).
“No necesitamos una reforma laboral. Lo que se necesita es regular ciertos aspectos, sobre todo, de trabajos que han estado al margen del Código Sustantivo del Trabajo y que son vulnerables, como el de las trabajadoras sexuales y de los trabajadores agrarios, que necesitan una regulación de mínimos”, afirmó.
“Considero que hay otros elementos que se deben plantear como el salario mínimo diferencial y una cobertura mínima en protección social. Por lo tanto, una reforma laboral no es prioritaria, lo que sí hay que hacer son unas regulaciones que son necesarias hacia ciertos sectores, incluidas, las tecnologías. Sobre esto último, no se ha dicho qué va a pasar con los ‘rappi-tenderos’, donde un grueso importante son migrantes venezolanos irregulares y que están en las peores condiciones de vulnerabilidad en el trabajo”, puntualizó.