El Congreso aprobó este viernes la reforma pensional del Gobierno Petro con una de las jugaditas más insólitas que se haya visto en la historia reciente del Legislativo y con la ayuda de congresistas conservadores, liberales, verdes y de La U.
Hacia las 5:30 p. m., cuando los colombianos se disponían a salir de sus trabajos y descansar con sus familias para el fin de semana del Día del Padre, a la mesa directiva de la Cámara de Representantes llegó una proposición con unas 20 firmas para dejar de debatir la iniciativa y acoger lo que ya había aprobado el Senado.
Los firmantes en su mayoría eran del Pacto Histórico y congresistas afines al petrismo, como Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), Eduard Sarmiento, María del Mar Pizarro y David Racero (Pacto Histórico), Karen López (curul de paz), Pedro Baracutao, Germán Gómez y Luis Albán (Comunes), Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador), entre otros. La ponente de la iniciativa en la Cámara, Martha Alfonso (Alianza Verde), la votó positivamente.
La proposición fue votada y respaldada por 86 congresistas y posteriormente se votó el proyecto de ley, que, a su vez, fue respaldado por 88 representantes. Así, la Cámara decidió aprobar un profundo cambio al sistema pensional del país sin dar la discusión de fondo a pesar de que tenían plazo hasta el 20 de junio. Con esta reforma se crea un nuevo sistema de pilares en el que Colpensiones y los fondos de pensiones se complementan. Además, lleva a una estatización del sistema, pues todos los trabajadores quedarán afiliados a Colpensiones. El mayor riesgo es la sostenibilidad financiera.
Asimismo, a largo plazo, habría impactos para los pensionados del futuro, cuyas mesadas serán más bajas, al tiempo que los afiliados actuales podrán enfrentar riesgos operativos por la debilidad institucional e informática de Colpensiones. Los fondos de pensiones, en todo caso, seguirán con una parte del negocio y obtendrán una jugosa comisión del 0,7 por ciento sobre los ahorros que quedarán a su cargo y que les representarán varios billones de pesos.
Desde la oposición reclamaron que se trató de un pupitrazo limpio. SEMANA conoció que la estrategia del Gobierno Petro no fue improvisada. Estaba pensada desde hace varias horas y decidieron activarla cuando vieron que el proyecto podría enredarse en el artículo de la vigencia, uno de los que más discusión generaba.
Precisamente, cuando se estaba discutiendo la vigencia, aprobada para el 1 de julio de 2025, el representante David Racero, del Pacto Histórico, comenzó a moverse para recoger las firmas de sus colegas, que sin ningún reparo respaldaron el documento con su puño y letra.
Vieron la oportunidad
La idea inicial era esperar para dar la discusión hasta la medianoche. El Gobierno sabía que debía avanzar lo más que pudiera en la sesión de este viernes porque la próxima semana se le podrían complicar los tiempos. Al ver que tenían los votos y la oportunidad de sacar adelante el proyecto, se emprendió la estrategia que en una hora dio resultados. Al contexto del fin de semana se le sumó el cansancio de los congresistas tras muchas horas de discusión y que varios ya tenían tiquetes comprados para irse a sus regiones.
La propuesta de Racero llegó a la mesa directiva. Se abrió la discusión y desde la oposición liderada por el Centro Democrático y Cambio Radical le reclamaron al Gobierno y al petrismo por esa jugadita. A esas críticas se sumaron congresistas como Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza. Algunos llamaron al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, “tramposo” por recurrir a este método y no dar el debate.
Varios de los ministros tenían roles para conseguir votos. Por ejemplo, el de las TIC, Mauricio Lizcano, habló con algunos congresistas de la bancada del Partido de la U y les dijo que si no respaldaban el proyecto “lo echaban del Gobierno al día siguiente”.
La estrategia y la presión funcionaron. En el recinto, además de Velasco, también estaban la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien ahora tendrá más poder y burocracia sobre los ahorros de los colombianos.
Al concluir el debate, el ministro Velasco convocó a una reunión en su despacho para terminar de analizar el avance del proyecto. Desde el petrismo celebraron en medio de la plenaria con un “sí se pudo” y argumentaron que recurrieron a ese hecho porque tenían los tiempos encima. Petro se pronunció desde Suecia. “Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo”.
Varios congresistas criticaron que con esa jugada del Gobierno se pasó por alto a la Cámara. Una de las razones por las que no querían ir a conciliación era porque sabían que no tenían los votos para ese trámite y se les enredaría la reforma en la puerta del horno. El mismo Racero reconoció que en el Senado podrían tener complicaciones con el presidente Iván Name.
Algunos alertan que la jugadita podría impactar negativamente al Gobierno en varios puntos porque al final del debate en el Senado, por conseguir el voto del senador Richard Fuelantala, aprobaron que las comunidades indígenas y campesinas tengan beneficios para pensionarse antes que los demás colombianos. El Gobierno había retirado ese artículo para la discusión en la Cámara. Como se acogió lo aprobado en los dos primeros debates, quedó en la ley.
Desde la oposición hicieron un fuerte reclamo y anunciaron que darán la pelea hasta el final. El representante Juan Espinal, del Centro Democrático, aseguró que demandarán el proyecto ante la Corte Constitucional. “No vamos a permitir que el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico se apropien de 460 billones de pesos, que es el ahorro de más de 16 millones de colombianos, para que hagan politiquería en el año 2026”, reclamó Espinal.
Igualmente, la representante Katherine Miranda afirmó que la reforma pensional se va a caer en la Corte Constitucional, pues “vulnera reglas de procedimiento que permiten el funcionamiento del diseño institucional del bicameralismo, cercena el poder de modificación de las plenarias, el rol de las comisiones de conciliación y elimina con todo ello un sistema de frenos y contrapesos intraorgánico esencial para el correcto funcionamiento del Estado social de derecho”.
A su vez, Jerome Sanabria, la joven estudiante que ha adquirido reconocimiento en redes sociales por sus posiciones en contra de las reformas del Gobierno, aseguró estar dolida por la aprobación de la reforma. “Es una derrota a todo el trabajo que hemos venido haciendo, a la pedagogía que he estado haciendo en videos para explicarle a la gente que esta reforma no perjudica a los ricos, sino a mi generación y a la gente de más escasos recursos”, dijo en su cuenta de X.
Constitucionalistas consultados por SEMANA dijeron que tan pronto llegue la demanda del Centro Democrático el alto tribunal podría “tomar la decisión de suspender la ley provisionalmente porque es ostensiblemente violatoria de la Constitución y de la Ley Orgánica del Congreso”. Además, algunas fuentes confirmaron que lo aprobado “viola el principio democrático de deliberación, debate y decisión objetiva”. Expertos consideran que los 86 congresistas pasaron por encima “del principio de consecutividad, propio del sistema bicameral, impidiendo el control de una cámara sobre la otra”.
La propia senadora Angélica Lozano, promotora de la reforma pensional, dijo: “Sorprendente que la Cámara y el Gobierno adoptaran hoy el texto de reforma pensional aprobado en Senado. La Corte Constitucional ha tumbado varias leyes por esto”. La otra declaración que causó controversia fue la de la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, que reconoció que “en total hubo tres debates de cuatro”. El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, dejó en evidencia a Carrascal. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, dijo.
Mientras la nueva ley llega a la revisión de la Corte, es clave entender los principales cambios que traerá.
Crea el sistema de pilares
Esta es la mayor transformación de la reforma pensional, pues ya no van a competir Colpensiones y los fondos privados, como lo hacen ahora, sino que se van a complementar mediante un sistema de cuatro pilares. Esos sistemas fueron popularizados por la Ocde y el Banco Mundial en la década de 1990 y consisten en crear pilares o peldaños para pagar las pensiones partiendo de la base de que ahora todos los trabajadores estarán afiliados a Colpensiones, lo que muchos han calificado como una estatización.
El primer pilar es el solidario y busca subsidiar a los hombres de 65 años y a las mujeres de 60 que estén en pobreza extrema. La idea es darles una transferencia por encima de la línea de pobreza, que hoy equivale a 223.000 pesos.
El segundo pilar es el semicontributivo, que es para las personas que, aun cuando han ahorrado durante su vida laboral, no alcanzan a completar las 1.300 semanas que se exigen para obtener la jubilación (en el caso de las mujeres ese requisito irá bajando a 1.000 semanas entre 2025 y 2026). La idea es que en vez de que les devuelvan lo ahorrado, como se hace hoy, les garanticen un giro mensual equivalente a lo que alcanzaron a ahorrar más un aporte del Gobierno. Sería una pensión por debajo del mínimo.
El tercer pilar es el más controversial y es el denominado como contributivo, pues está dirigido a los 24 millones de trabajadores afiliados a Colpensiones y a los fondos privados. Todos automáticamente pasarán al régimen público, pero aquellos que devenguen más de 2,3 salarios mínimos (2.990.000 pesos actuales) cotizarán el excedente en el fondo de pensiones privado que elijan. El umbral a partir del cual se ahorrará en los fondos privados es una de las mayores preocupaciones, pues mientras que académicos y gremios dicen que debería ser más bajo, pues en 2,3 salarios incrementa demasiado la deuda pensional a cargo del Estado, el Gobierno y los sindicatos señalan que debe ser más alto, porque a medida que baja reduce el valor futuro de las pensiones.
El cuarto pilar es el voluntario y está dirigido a todos aquellos que quieran hacer un ahorro extra para su pensión, tal como ocurre hoy con los fondos de pensiones voluntarias. Al final, el pagador de todas las pensiones será Colpensiones, pues, cuando los hombres lleguen a los 62 años y las mujeres a los 57 y cumplan con las semanas exigidas, los fondos privados deberán girarle a la empresa pública lo que ahorraron con ellos sus afiliados para completar la mesada.
Nuevo régimen de transición
Con el fin de proteger las expectativas legítimas de los afiliados al sistema de pensiones, toda reforma en este campo viene con un régimen de transición y la del Gobierno Petro no es la excepción. Así, los hombres que tengan 900 semanas cotizadas (unos 18 años) al momento de la entrada en vigencia de la reforma y las mujeres con 750 semanas (unos 15 años) tendrían derecho a pensionarse con las condiciones actuales, es decir que si están en los fondos privados no tendrían que pasarse a Colpensiones, pues no les aplicaría el sistema de pilares. De todas maneras, si consideran que el cambio les favorece, también lo podrían hacer como está establecido en la ley: diez años antes de la edad de pensión. En Colpensiones seguirían recibiendo el subsidio que les da el Estado a todos los pensionados que cumplan los requisitos y que consiste en una mesada equivalente al promedio de los últimos diez años de trabajo. Quienes no estén en el régimen de transición, independientemente de su salario, les darán máximo 2,3 salarios mínimos más lo que alcancen a ahorrar en el fondo privado, lo cual suele ser bastante bajo, pues no hay ningún subsidio.
Simulaciones de la Maestría en Actuaría y Finanzas de la Universidad Nacional indican que, teniendo en cuenta las tasas de interés actuales y los rendimientos históricos de las AFP, en el caso de una persona a la que le liquiden la mesada con siete salarios mínimos (9,1 millones de pesos de hoy), recibiría, con las condiciones actuales, 1,9 millones de pesos mensuales si se pensiona con el fondo privado y 4,9 millones si fuera con Colpensiones, pero con la reforma la pensión sería de 3,65 millones de pesos.
Unos 2 millones de colombianos quedarían en el régimen de transición.
Mujeres, un capítulo aparte
Dado que solo 13 por ciento de la población femenina se jubila, la reforma incluye varias medidas para ayudar a las mujeres a alcanzar una pensión y una de ellas está en línea con la sentencia de la Corte Constitucional que indica que se reducirá de manera gradual el número de semanas exigidas a ellas, de 1.300 a 1.000, lo que ocurrirá en 2036.
Además, se introduce un bono de género que consiste en reconocer 50 semanas de cotización a las mujeres por cada hijo propio o adoptado, hasta por tres hijos.
Las medidas a favor de la mujer parten de la idea de que el cuidado de los hijos las hace salir del mercado laboral y de esa manera interrumpen el ciclo de cotizaciones, con lo cual la mayoría de ellas llegan a la edad de retiro (57 años) y aún les faltan entre tres y siete años para cumplir el requisito de las semanas.
Pensión anticipada
Otra figura aprobada en la reforma es la pensión anticipada, la cual busca ampliar la cobertura y abonar el camino a aquellos que por alguna razón tienen dificultad para alcanzar las semanas cotizadas.
Es una alternativa que no genera un gasto para el Estado, toda vez que no se trata de un subsidio. La idea es que quienes se acojan a la pensión anticipada reciban una mesada de un salario mínimo, de la cual se le descontará mensualmente la cotización, que corresponde al 16 por ciento del ingreso, hasta que complete las 1.300 semanas.
Para solicitar una pensión anticipada hay que cumplir ciertas reglas. Aplica para los que no estén en el régimen de transición y cuando lleguen a 62 años, si son mujeres, o 65, si son hombres, tengan más de 1.000 semanas cotizadas. Además, en ningún caso se podrá recibir un doble beneficio, pues una mujer que aspire a que le reduzcan semanas de cotización por hijos no es elegible para optar por la pensión anticipada.
Por otra parte, las personas que padezcan una deficiencia física, psíquica o sensorial del 50 por ciento o más, que tengan 50 años para el caso de las mujeres o 55 para los hombres y que hayan cotizado 1.000 semanas al sistema tendrán derecho a una pensión anticipada.
Nuevo fondo de ahorro
Para evitar que se repita lo que le pasó al antiguo Seguro Social, al que se le acabaron las reservas, dejando al Gobierno a cargo del pago de las mesadas y ante la realidad de un cambio demográfico en el que a futuro habrá más viejos y menos jóvenes que financien las pensiones de los ya jubilados, la reforma creará un nuevo fondo de ahorro generacional que será administrado por el Banco de la República.
No obstante, hay dudas sobre los parámetros que fija la reforma para usar el dinero del fondo, que debe ser sagrado.
Se aprobó que cada trabajador que gane entre tres y 25 salarios mínimos deberá aportar un punto de los 16 que conforman su cotización mensual para el fondo de ahorro y allí también llegará todo el dinero que trasladen quienes se pasen de los fondos privados a Colpensiones. Hoy esa plata no se ahorra, sino que se gasta inmediatamente para pagar a los actuales pensionados. De hecho, así se esfumaron 14 billones de pesos de ahorro solo el año pasado.
Una reforma carísima
Uno de los mayores reparos que ha tenido el proyecto de ley ha sido su costo fiscal. Asofondos, gremio de fondos privados de pensiones, argumentó en una audiencia pública que el pasivo pensional subiría de 150 a 205 por ciento del PIB.
En el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) tienen otras cuentas. El pilar solidario, que para el Ministerio de Hacienda es el que mayor presión ejerce, tendría un costo anual equivalente a 0,3 por ciento del PIB, lo que equivale a unos 5 billones de pesos. Entre tanto, el pilar semicontributivo costaría inicialmente 0,2 por ciento del PIB en 2025, para luego subir a 0,3 por ciento del PIB en 2036, siguiendo una senda ascendente a medida que se incrementa el número de personas que llegan a la edad para ser beneficiarias de este pilar.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante el debate en la Cámara de Representantes dijo que la reforma pensional es fiscalmente sostenible.
A todo esto se suma la creación de una nueva comisión para los fondos privados de pensiones, que, por ejemplo, recibirán un 0,7 por ciento del total de los activos por administrar el ahorro que quede en sus manos mientras se lo pasan a Colpensiones, al tiempo que existe un elevado riesgo operativo de la misma Colpensiones, la cual no tiene la capacidad para manejar las cotizaciones de todos los trabajadores del país.
La votación registrada el viernes se dio en medio del mayor de los escándalos de corrupción del Gobierno Petro ante los señalamientos de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Sneyder Pinilla, exsubdirector de esta entidad, quienes han señalado a congresistas de recibir dineros y contratos para aprobar las reformas, y acusaron, en principio, a dos ministros –Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior–, que forman parte de la matriz de colaboración ante la Justicia de los dos exfuncionarios.
No cabe duda de que se trata de un revolcón en el sistema pensional de los colombianos, un cambio que prometió Petro en campaña y que el Congreso aprobó.
El Gobierno se apoyó en los partidos tradicionales, que van a tener que rendirle cuentas al país si el cambio, en un tema tan sensible, no sale bien, como muchos pronostican. Mientras tanto, se espera la primera demanda y, si es así, la Corte Constitucional tendrá la última palabra.