Los recursos para atender la emergencia económica y sanitaria ocasionada por la pandemia están a punto de agotarse, y aumentarlos parece una misión cada vez más difícil. Al mismo tiempo, diversos sectores piden que se extiendan las ayudas, luego de que el país comenzara el año con cuarentenas.
La situación no es sencilla. Por un lado, casi la totalidad del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) está reservado, es decir, los recursos se encuentran comprometidos. Por el otro, las principales ciudades suman un nuevo mes de encierros parciales como consecuencia de la segunda ola del coronavirus.
Estas decisiones han sido fundamentales para atajar la propagación de casos de covid-19 y disminuir las muertes. No obstante, pusieron en jaque nuevamente al aparato productivo. Según Fedesarrollo, los nuevos cierres le costarían al país entre $ 8,3 billones y $ 12,5 billones. Eso sin contar con las cerca de 150.000 personas que se sumarían al desempleo en la actual coyuntura.
El panorama es negro. Desde el sector privado piden que las ayudas aún activas sigan en los próximos meses. La cuestión es que, excepto si se decreta otra vez la emergencia económica, el Gobierno tendrá que recurrir al Congreso para engordar la bolsa de recursos de la pandemia. La plata se acabó.
El Ejecutivo creó el Fome, a cargo del Ministerio de Hacienda, para administrar la plata de la pandemia. A esa instancia debieron llegar ministros, alcaldes, gobernadores y demás funcionarios en busca de recursos para enfrentar las dificultades originadas por esta coyuntura.
Su monto total es de $ 40,5 billones, los cuales, entre otros, provienen de préstamos de pensiones territoriales y de un fondo de riesgos laborales. Así las cosas, gran parte ha llegado de mayor deuda.
Pese a lo anterior, la profundidad de la emergencia, al parecer, sobrepasó las proyecciones. Según cifras del MinHacienda, del total de recursos del Fome, 39,8 billones se encuentran reservados, es decir, se gastaron o están programados para ejecutarse durante 2021.
Estos dineros se han destinado para atender la emergencia sanitaria, ocuparse de los más vulnerables y reactivar la economía. Allí se incluyen, por ejemplo, pagos para el sector salud, compra de vacunas, giros extraordinarios de auxilios y ayudas a empresas, entre otros. Por lo pronto, el gasto real se acerca a los $ 20 billones, con lo cual no le han faltado críticas al Gobierno por su presunta lentitud en la ejecución.
Pero las cosas no son tan sencillas. Si bien hay $ 40,5 billones para ejecutar, estos no se consiguen de la noche a la mañana. Sumado a lo anterior, la pandemia está lejos de terminar, con lo cual tampoco se puede gastar todo el arsenal antes de tiempo.
Por tanto, en las próximas semanas inyectarán $ 15 billones a este fondo, provenientes de deuda pública. Pero, así como llegarán, se destinarán a diferentes programas. El quid del asunto es que más del 99 % ya está reservado y no se puede disponer para iniciativas diferentes. En plata blanca, al país le queda menos de $ 1 un billón del Fome y solo por ley podrían aumentarse sus topes.
En la práctica, el Ejecutivo quedaría con poco margen de maniobra para afrontar nuevos picos de covid y sus efectos. Esto sucede en un momento en el que volvieron las cuarentenas, y las empresas y personas sudan nuevamente la gota gorda. Por ende, llegan las alertas tanto desde el sector privado como del público.
Si nada cambia, los empleadores solo podrán tramitar subsidios de nómina hasta marzo de este año. Esta ayuda le ha costado a la Nación cerca de $ 9 billones, pero les ha permitido a miles de empresas sobrevivir al desplome en ventas.
Algo similar sucedería con Ingreso Solidario, uno de los programas bandera de la actual administración. Este fue creado en plena emergencia económica y va dirigido a personas afectadas por la pandemia por fuera del radar de otras ayudas sociales. Según el presidente Iván Duque, los giros irán hasta junio de 2021, momento en el cual millones quedarían desamparados.
A ensanchar la bolsa
En los pasillos de Palacio y el MinHacienda pocos creen que se pueda cortar de chorro con esta iniciativa, sobre todo cuando se ha convertido en el caballito de batalla del presidente. Una fuente del Gobierno aseguró que, sin duda, los programas creados durante la pandemia deberán extenderse por lo menos hasta diciembre de este año.
Algo similar sucederá con el pago de las vacunas contra el coronavirus. Si bien aún no hay claridad de cuánto habrá que desembolsar para las diferentes farmacéuticas, está claro que el país no escatimará recursos. Por lo pronto, hay $ 1,5 billones aprobados, pero, en caso de requerirse más, estos se financiarán con el remanente del Fome u otra fuente que defina el Gobierno.
Sin contar este punto, que es la principal prioridad para Duque y su gabinete, cualquier gasto adicional tendrá que ser aprobado por el Congreso. Es precisamente allí donde algunos miembros del Ejecutivo temen que senadores y representantes vayan más allá y avalen proyectos con altos costos para el erario.
Esto ya sucedió a finales del año pasado cuando se aprobó la extensión del subsidio a las nóminas. El proyecto presentado por el MinHacienda se limitaba a ampliar por varios meses los subsidios, incluido el de la prima decembrina. Sin embargo, un grupo de congresistas pidió subir las ayudas para contratar mujeres y para la creación de puestos en sectores como el turismo.
Al final, el MinHacienda cedió, aun cuando esto le significó aumentar los pagos. El ajuste fue positivo para las mujeres y las empresas turísticas, que han sido los grupos y sectores más afectados. Pero sentó un precedente de que cualquier cambio es posible.
Como están las cosas, parece inevitable la ampliación del Fome. Sin embargo, el palo no está para cucharas, y los congresistas deberán limitarse a aprobar lo absolutamente necesario. Ir más allá podría poner en aprietos al fisco.