La discusión de una nueva reforma tributaria en Colombia tiene a más de un funcionario dudando sobre cuál es mejor momento para presentarla. Las nuevas cuarentenas, el disparo de los contagios de covid-19 y la llegada de la época preelectoral tienen enredada una de las iniciativas claves del Gobierno Duque.
Tramitar una reforma de este tipo siempre será uno de los desafíos más duros. Y con pandemia ni se diga. El país debe pagar la cuenta de la recesión, sin afectar al ya golpeado bolsillo de los ciudadanos. En medio de esta realidad, el presidente Duque dio mayores pistas de lo que será la reforma fiscal para 2021.
En la posesión del nuevo ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que el informe de beneficios tributarios, que trabaja una comisión, será la piedra angular del proyecto. Pero no será lo único. También se analizarán temas como eficiencia y ahorro del Estado que, en castellano, es recortar el gasto, privatizar empresas y aumentar impuestos en algunos rubros.
A la par del garrote vendrá la zanahoria. No es gratuito que el presidente le dijera al MinInterior que su tarea en este frente incluye fortalecer las herramientas de protección social a los más vulnerables. Razón no le falta. Desde que comenzó la pandemia, los ingresos laborales de los colombianos han caído en más de 30 billones de pesos, según Anif.
¿Ya o más adelante?
Con este telón de fondo, aumentar el pago de tributos para el grueso de la sociedad pondría a la recuperación entre la espada y la pared. “No se trata de buscar solamente herramientas para fortalecer las finanzas públicas, sino (...) llegar con herramientas sociales, transferencias monetarias, mecanismos y vehículos de protección a quienes han sido golpeados con mayor severidad por la pandemia”, dijo Duque.
Este chicharrón quedó en manos de Palacios, que deberá sacar adelante la reforma en medio de un complejo panorama. Por un lado, los contagios de coronavirus siguen sin dar tregua y, por el otro, los ciudadanos retornaron a sus hogares por las cuarentenas y las empresas volvieron a cerrar sus puertas.A finales de 2020 todo parecía indicar que el Gobierno estaba decidido a presentar la reforma fiscal en el primer semestre de 2021.
El presidente Duque siempre había insistido en que pasarla en medio de una pandemia era imposible y las calificadoras entendieron la situación. Por ende, le dieron un compás de espera, gracias, además, a que los contagios parecían haberse estabilizado y ya se mostraban señales de recuperación.
Sin embargo, llegó diciembre con su alegría y los colombianos bajaron la guardia en autocuidado. Las reuniones familiares, las fiestas clandestinas y las celebraciones fueron el común denominador.
Hoy el país está pagando las consecuencias. Enero inició con nuevas restricciones que, según Fedesarrollo costarán entre 8,3 y 12,5 billones de pesos y la pérdida de al menos 146.000 empleos. A esto hay que sumarle la incertidumbre por las vacunas, pues hasta hoy no se conoce cuándo será el día D del inicio de la inmunización.
La situación no es la mejor y definitivamente no hay ambiente para discutir una tributaria en el primer semestre del año. Incluso, fuentes cercanas a la Casa de Nariño indicaron que Duque estaría pensando en no presentarla y dejarle la papa caliente a su sucesor.
A pesar de lo anterior, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que definitivamente el Ejecutivo se la jugará por la reforma. Aunque advirtió que primero están analizando los distintos escenarios, la manera en que se está haciendo el gasto público y las fuentes alternativas de recursos que tiene la nación.
Lo cierto es que el nuevo panorama obligó a la administración Duque a repensar los tiempos de la tributaria. Por lo pronto, la prioridad es superar el segundo pico de la emergencia, atender a los hogares y empresas más afectadas e iniciar cuanto antes el proceso de vacunación.Esto llevaría a que los debates se trasladen al segundo trimestre o incluso a la segunda parte del año. El problema es que, para ese momento, el Congreso tendrá sus ojos puestos en las elecciones de 2022.
José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que la discusión se resume a cuándo se anunciará la tributaria y de si el Gobierno contará o no con el capital político para tramitarla en el segundo semestre, en pleno inicio de la época preelectoral.
En este orden de ideas, advierte que Duque y su gabinete se la deben jugar por hacer el anuncio de una manera contundente, dejando de lado la ambigüedad que lo ha caracterizado en este frente. De esta manera, sería posible que aunque con mucha reticencia, las calificadoras decidan ampliar su compás de espera.
De lo contrario, si el Gobierno no hace el esperado anuncio por el costo político que significa, el panorama del país se complicaría aún más. En este punto habría una alta probabilidad de que, por lo menos, Fitch y Standard & Poor’s castiguen la nota del país ante los mercados internacionales.
Una decisión de este tipo sería devastadora, no solo para el Estado, sino para el sector privado. En ambos casos, implicaría mayores dificultades y gastos a la hora de salir a los mercados internacionales. Ahora más que nunca es clave tener una buena calificación y perspectiva, pues la nación depende de los recursos que llegan del extranjero.
¿Va porque va?
Sumado a lo anterior, será responsabilidad de todos pagar las cuentas de la pandemia. Para atender la emergencia, el Ejecutivo elevó los niveles de deuda y de gasto a valores inimaginables en años normales. Los pagos en salud, atención a la población vulnerable y reactivación tendrán que ser compensados con mayores impuestos, menor gasto y un recorte fuerte a las exenciones vigentes.
Teniendo en cuenta lo anterior, por más enredada que esté, la tributaria va porque va. Aunque la pandemia pueda retrasar los debates, al Congreso llegarán nuevamente las deliberaciones sobre este espinoso tema. En este punto acierta el Gobierno.
Por más difícil que sea la realidad del país, es necesario aclarar el panorama fiscal para evitar mayores problemas e incluso que se ponga en riesgo no solo la calificación, sino la estabilidad fiscal del país en el futuro. Los rumores en Palacio y el MinHacienda dicen que los tiempos de la tributaria dependerán de la decisión que se tome en una reunión estratégica, que se llevará a cabo en los próximos días.
En cualquier caso, el Gobierno tiene claro que ya sea en el primer o en el segundo semestre, la eventual reforma no entrará a regir inmediatamente. En su lugar, lo hará de manera progresiva, sobre todo teniendo en cuenta que no se les puede pedir a las personas que paguen más impuestos cuando sus ingresos han caído de manera considerable.
Duque ha repetido hasta la saciedad que no se pueden subir los impuestos, justo en el momento más complejo. Con esto en mente, 2022 sería el año en que buena parte de los cambios cobren vigencia. Para ese entonces se espera que la pandemia haya dado su brazo a torcer y la recuperación económica avance a toda marcha.
Sea cual sea el camino que se decida recorrer en el tema tributario no será fácil. Bajo estas circunstancias, lo deseable sería que la discusión sea en el segundo semestre, a pesar del riesgo latente del populismo electoral.
López asegura que, en este escenario, Hacienda deberá convencer a todo el establecimiento político de que pese a la campaña, deben ser serios en los debates tributarios y no darle la estocada final a la economía.Porque no solo se trata de hacer la reforma como si fuera un mero requisito para mantener la calificación crediticia. Para las calificadoras es incluso más importante su contenido y, como todos saben, una cosa es lo que entra al Congreso y otra lo que sale.
En este terreno, la llegada de Daniel Palacios al Ministerio del Interior será clave. De cómo desempeñe su papel dependerá el éxito o fracaso de la nación en la era pospandemia.