El pasado 20 de junio terminó la legislatura, y el Gobierno logró que algunas de sus reformas emblemáticas fueran aprobadas, como la pensional, y mantuvo con vida la laboral. Sin embargo, tuvo un duro revés en uno de sus proyectos bandera: en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se hundió el proyecto que prohibía el fracking para producir gas y petróleo en Colombia.
El fracking es una técnica en la que se utiliza fracturamiento hidráulico de la roca para extraer los hidrocarburos. Su práctica ha sido controvertida por ambientalistas debido al impacto en los recursos acuíferos, y hasta se ha argumentado que aumenta la sismicidad en las zonas donde opera. Pero también ha sido defendida por la industria que asegura que ya se han controlado muchos de sus riesgos y permite acceder a recursos que aumentan las reservas y la autosuficiencia, como en Estados Unidos y Argentina.
En Colombia, el presidente Petro y su ministra de Ambiente, Susana Muhamad, lideraron la iniciativa de prohibir esa práctica, que contó con el respaldo de más de 170.000 firmas que avalaron la presentación del proyecto de ley. Esto dejó en el congelador la realización de los pilotos de prueba para comprobar científicamente la viabilidad de su desarrollo.
La ministra Muhamad, en una declaración en X, lamentó el hundimiento de la reforma y reprochó la actitud del presidente de la Comisión Quinta de Cámara, quien, según ella, no lo puso en discusión.
“En el tercer debate se hunde el proyecto de prohibición del fracking y otras prácticas no convencionales. Se hunde porque el presidente de la Comisión Quinta no lo quiso siquiera poner a discusión, proyecto que ya contaba con ponencias. Y esta actitud es absolutamente reprochable precisamente en el año en que tuvimos uno de los fenómenos de El Niño más fuerte y casi 400 municipios se quedaron sin agua”, argumentó la jefa de la cartera de Ambiente.
El hundimiento del proyecto de prohibición del fracking coincide con el informe del dato de las reservas en el país y el anuncio del Gobierno de llevar la producción a un millón de barriles diarios, en un escenario en el que el Ejecutivo ha mantenido su política de no hacer nuevos contratos de exploración e impulsa la importación de gas desde Venezuela, con los riesgos por las sanciones de Estados Unidos y la incertidumbre por el estado en que se encuentra el gasoducto y la disponibilidad de campos cercanos a la frontera.
Según la información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al cierre de 2023, las reservas de hidrocarburos se redujeron en el país: pasaron de 7,5 años a 7,1 en petróleo y, más dramáticamente, en gas de 7,2 años a 6,1. Además, como lo advirtió Ecopetrol, a partir del año entrante habrá un déficit en el balance de oferta y demanda de gas, que obligará al país a importar este recurso.
Mientras la ministra Muhamad considera que esta técnica “tiene altísimo riesgo de contaminación por ese coctel de químicos para romper la roca y sacar el gas al agua subterránea, recurso absolutamente estratégico en la transición climática de Colombia”, para otros la decisión en el Congreso es positiva.
“Es un acto de responsabilidad del Congreso. Es evidente que luego de dos años, el Legislativo no ha estado convencido de esa prohibición porque el gobierno de Gustavo Petro no quiere hacer uso de esa técnica –que está en todo su derecho– y esa política ya está siendo aplicada, y seguramente en los dos años restantes tampoco la usará. Pero eso no significa que termine amarrando a los siguientes gobiernos que contemplarían hacer uso de la técnica, más cuando el país avanza hacia una deplorable situación en materia energética, al perder la autosuficiencia en gas natural”, dice Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).
Hace un par de años, la ACP señaló en un documento que, con el fracking, en 25 años se calculan 2.800 millones de barriles de nuevas reservas de petróleo y 7 terapiés cúbicos de gas, lo cual extendería y aseguraría el autoabastecimiento energético del país. Esto significaría unos 450.000 barriles diarios adicionales de petróleo que se sumarían a la producción actual. Colombia recibiría recursos fiscales por cerca de 103 billones de pesos en los próximos 25 años. Y se calcula un incremento del 40 % de la inversión extranjera directa con respecto a 2017.
Ante la queja de la ministra sobre la ausencia de debate y deliberación en la Cámara, Lloreda calificó de “paradójico” que la funcionaria se lamente “cuando ella y el Gobierno se negaron a lo más importante: hacer los proyectos pilotos para contar con elementos científicos que permitan saber si realmente hay un impacto”.
Con él coincide el exministro Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE). “Se tomó la decisión de acabar con el fracking sin un proceso objetivo y riguroso. Lo trágico del tema, más que la prohibición, es que la decisión se tomó sin haber hecho la evaluación objetiva, la que nos iba a aclarar científicamente si era catastrófico, como nos dijeron, o si se podría hacer de manera segura”, señaló, y agregó que no dejaron hacer las evaluaciones “porque hubieran mostrado que sí se podía hacer bien, como en otras partes del mundo”.
Por su parte, Oscar Ferney Rincón, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet), resaltó la importancia de la realización de los proyectos piloto de investigación integral, “pues estos nos muestran no solo el potencial de los yacimientos no convencionales, sino la viabilidad económica, social y ambiental de estos proyectos. Es importante llevar a cabo esta discusión desde lo técnico y el rigor científico y en eso los pilotos son el camino. Adicionalmente, nos dan la oportunidad de conocer cuál es la realidad de los recursos con los que cuenta Colombia y así, aportar de manera efectiva a la definición de la ruta para garantizar la soberanía y la seguridad energética del país”.
Lloreda asegura que el fracking, hoy por hoy, es una técnica segura. “Si uno examina cuáles son los casos de reclamación ante la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, ve que son mínimos. Colombia no solo podría, sino que debería contemplarla en los años futuros para recuperar la autosuficiencia en petróleo y en gas. Y para no poner contra la pared las finanzas públicas y el desarrollo regional”, dijo.
El fracking podría ser hoy la respuesta más rápida a las necesidades del país. Como explicó Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, en una entrevista reciente con SEMANA, al describir el desarrollo del campo Permian en Estados Unidos, donde participa la petrolera colombiana, se trata de hidrocarburos de ciclo corto, que, en este caso, pasó de cero a una producción de 160.000 barriles en cuatro años, a pesar de la pandemia. Además, destacó que el promedio de huella de carbono de un barril a nivel mundial está entre 50 y 51 kilogramos de CO₂, mientras que el fracking en Estados Unidos, que hace Ecopetrol con Oxy, tiene una huella de 7,8 kilogramos.
“¿Se puede traer el fracking a Colombia y hacerlo con estos estándares ambientales y de emisiones, con la recirculación y reutilización de agua que se hace en el Permian, con altísima tecnología? Yo creo que sí”, dijo Bayón.
Acipet apoya la importancia de no prohibir esta técnica. “Se abre otra oportunidad para seguir acompañando a la rama legislativa y a la sociedad para que se tomen decisiones informadas, sobre todo, con el suficiente sustento técnico y todo el rigor científico”, explicó Rincón.
Aunque su desarrollo podría ser clave para evitar la pérdida de autosuficiencia, como advierte González, “renunciamos a reservas que podrían duplicar las actuales, en momentos en que vamos a tener déficits de más del 30 % en la segunda mitad de esta década. Y vamos a tener que importar gas que puede ser un 50 % más caro que el nacional y que genera menos impuestos y regalías”.
Para el exministro González, esta situación la tienen que explicar al país los que abogaron por esta causa, algunos de los cuales están hoy en el Gobierno. “Y ya no basta con que se haya hundido el proyecto. Se necesita mucho más tiempo para que las compañías se interesen nuevamente por estos recursos”, manifestó.
El Gobierno se encuentra en medio de una contradicción: mientras impulsa la prohibición del fracking en Colombia, esta práctica ha sido clave para Ecopetrol porque, como recuerda Bayón, gracias a su uso la petrolera evitó que su producción cayera en el primer trimestre de 2024.
Lloreda describe esta decisión de una manera muy gráfica: “Al Gobierno le gusta la leche, pero no la vaca. Dicho de otra manera: le encanta la industria del petróleo y el gas, siempre y cuando le dé recursos de corto plazo para poder implementar sus políticas y especialmente buscar comprar conciencias a nivel político y a través de subsidios. Pero no le gusta la industria a largo plazo y la coge a palo. Si tuviese consistencia, no habría permitido que Ecopetrol continuara haciendo fracking en Estados Unidos. ¿Cómo explicar que el fracking en Colombia sea malo, pero si se hace en otro lugar del mundo es bueno? Esas son las típicas incoherencias, no solo del Gobierno, sino de la izquierda radical”, puntualiza.
Por ahora, la ministra Muhamad anunció que volverá a presentar el proyecto en la próxima legislatura. “No vamos a ceder en nuestro empeño, volveremos a radicar con la ponencia que fue aprobada y el proyecto que fue aprobado en el Senado de la República”.
El debate en torno a las posibilidades y desafíos del fracking parece revivir.