Hasta julio, se han identificado 19.882 contratos relacionados con la emergencia de covid-19, los cuales suman aproximadamente 2,5 billones de pesos, de acuerdo con un informe de la alianza de organizaciones sociales Ciudadanía Activa, la cual se encarga de vigilar los contratos que se han adjudicado para enfrentar la pandemia.
No obstante, el informe alerta que persisten los sobrecostos y la falta de idoneidad en los contratistas. En los reportes de los departamentos de Atlántico, Córdoba, Bolívar, Risaralda, Santander y Valle del Cauca se ha alertado sobre presuntos sobrecostos en la contratación pública, especialmente en la compra de elementos de bioseguridad y kits de alimentación. También, se han encontrado alertas sobre contratistas que no cumplen con criterios de idoneidad, empresas sin experiencia previa en contratación pública o sin Registro Único de Proponente (RUP). En su tercer informe, que abarca desde el 16 de marzo al 17 de julio, se tuvieron en cuenta datos de contratación pública en Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá, sumado a Atlántico y Antioquia. Según el análisis, se han celebrado 19.882 contratos para atender la emergencia sanitaria, en su gran mayoría (85 por ciento), mediante contratación directa. La organización también señala que, “de los contratos celebrados bajo modalidad directa, el 36 por ciento se han hecho utilizando la causal de urgencia manifiesta. El valor de estos contratos asciende a 1,5 billones de pesos, cifra que representa el 63 por ciento de los recursos contratados para atender la emergencia“. Sobre presuntas irregularidades que se han presentado desde que se declaró la emergencia sanitaria, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia por Colombia ha recibido 72 reportes relacionados con posibles hechos de corrupción, de estos el 63 por ciento corresponden a posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios durante la emergencia. Las principales irregularidades reportadas son sobrecostos en los productos, abuso en la contratación directa o favorecimiento a intereses políticos.
Por último, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para atender la emergencia, el Ministerio de Hacienda ha reportado la destinación de 7,1 billones de pesos para atención en salud y 4,7 billones de pesos para atención humanitaria. No obstante, advierte el informe, llama la atención la diferencia de montos reportados en el servicio electrónico de contratación (Secop) y las cifras dadas por el Gobierno nacional.