Entre lunes y martes de la semana que inicia, se presentará la ponencia con la que empezará la discusión en el Legislativo de la reforma laboral. No ha sido un tema fácil, en especial, porque Colombia tiene allí un problema estructural: ni siquiera los crecimientos históricos de la economía de los dos últimos años lograron reducir significativamente el desempleo, que se ha quedado bordeando el doble dígito, pero con un nivel de informalidad que roza el 60 por ciento de la población laboralmente activa y con serios llamados a la pertinencia de la formación.
El reto ahora es todavía mayor, pues este será un año con una marcada desaceleración de la economía, que se calcula crecerá apenas 1 por ciento, según el promedio de los analistas, después de haberse expandido 7,5 por ciento en 2022.
La gran preocupación de los empresarios es que la reforma no busca ni propende por la generación de nuevos empleos. Su énfasis es una mayor remuneración y protección a los actuales empleados formales, pero aumenta los costos de ese empleo formal.
Algunos de los puntos más onerosos de la reforma son las indemnizaciones por despido sin justa causa, el trabajo nocturno, los recargos dominicales y la limitación a los contratistas de servicios, que deberán implementar las mismas condicionales laborales que se aplican en las empresas beneficiarias.
De hecho, la cereza de la polémica la puso un estudio del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República, en el que, paradójicamente, participó el hijo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Los resultados indican que, de aprobarse la reforma como se radicó, habría incrementos del costo laboral promedio asociados tanto al componente salarial como al de indemnizaciones en despidos injustificados. “El aumento de los costos salariales recortaría alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años, mientras que el incremento de los costos de despido podría tener un impacto en un horizonte más largo”, concluye el estudio.
Hace unos días, en una entrevista con SEMANA, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que la reforma laboral, como estaba concebida, les daba un golpe mortal a los emprendimientos y a las mipymes y estimó que los costos que se generarían podrían estar entre 2 y 4 por ciento del PIB. En un trino, Mac Master señaló que no se pueden tomar decisiones en una reforma laboral “que generen desempleo, no generen empleo, o produzcan informalidad. La economía entra en un momento complejo de crecimiento en el cual el empleo de los colombianos debe ser prioridad para todos. (…). Estoy seguro de que no puede ser la intención del Gobierno generar desempleo o aumentar la informalidad, pero lo cierto es que muchos estamos alertando sobre ese riesgo”, señaló.
Por su parte, Fedesarrollo también calculó el impacto de la reforma. Como lo advirtió Luis Fernando Mejía, su director, en las audiencias de los últimos días, la reforma casi duplica los costos de despido implícitos mensuales. En la práctica, se estarían reversando en un 30 por ciento las ganancias de formalidad que se generaron con la reforma 1607 de 2012. Y, según sus cálculos, para una pequeña empresa, la reforma aumenta casi 19 por ciento los costos laborales.
Uno de los temas más sensibles en la reforma es el de las personas que trabajan en las plataformas y aplicaciones. José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio del sector, advirtió que, si el proyecto avanza como está, de 120.000 repartidores que operan en el país, 80.000 se quedarían sin esa fuente de ingresos. “Pero, además, los 75.000 comercios que venden a través de esas plataformas, como lo dijo Fenalco, perderían un billón de pesos en ventas cada año”, agregó. El punto de fondo, para él, es cuál es el tipo de vinculación para los repartidores. Hoy el vínculo es la independencia, la otra opción que plantea el Gobierno es que sean empleados, pero cree que hay una tercera vía en la que se encuentre un equilibrio. Coincide con el Gobierno en proteger a los repartidores (las plataformas están dispuestas a pagar el 50 por ciento del aporte a salud, el 50 por ciento a pensiones y el 100 por ciento a riesgos laborales), “pero con una dosis alta de autonomía, que nada tiene que ver con la subordinación propia del contrato de trabajo”.
¿Qué viene?
“Bienvenidas las propuestas y vamos a revisarlas. Este Gobierno reitera su capacidad de diálogo y concertación, somos flexibles pero no maleables”, aseguró la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la audiencia pública de la reforma laboral. Durante la última semana, la representante María Fernanda Carrascal, ponente del proyecto, ha buscado consensos en torno a este.
Explicó que el país está muy desactualizado en materia de derecho laboral, al igual que el Código Sustantivo del Trabajo. “No estamos inventando nada. De hecho, todo lo que está consignado en la reforma laboral ya está en la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, en los convenios internacionales de la OIT, en las recomendaciones de la Ocde a Colombia y en los acuerdos de libre comercio firmados por el país”, dijo.
Para Carrascal, el corazón de la reforma es la búsqueda de la estabilidad laboral y la formalización de sectores como el trabajo doméstico, los jornaleros, los contratos de aprendizaje, los migrantes y los repartidores de plataformas. “Esa es la formalización que queremos. Lo otro es volver a los recargos nocturnos, a los dominicales y a los festivos, que son derechos adquiridos que los perdimos en la reforma 789 de 2002, que fue la de Álvaro Uribe Vélez. Eso representa un incremento en sus ingresos que se verá reflejado en el consumo”, dijo. Añadió que “está comprobado que reducir costos laborales precarizando trabajadores no aumenta la productividad de las empresas”.
También respondió a los señalamientos sobre el aumento en el costo laboral por las indemnizaciones derivadas de despidos sin justa causa. “Sí, se va a encarecer el despido, pero el despido nunca se puede contar. Esa narrativa que han instalado, que encarecer el despido significa encarecer los costos laborales, es mentirosa, porque eso nunca se cuenta, usted no contrata a un trabajador para despedirlo”. Advirtió que no se han movido del proyecto original temas como las jornadas dominicales y los festivos. “Estamos evaluando la posibilidad de que sean medidas progresivas”, señaló.
Carrascal recordó también que la reforma laboral ajustará el Código Sustantivo del Trabajo y el derecho laboral, pero la política pública que crea empleos y los mantiene está a cargo de otras entidades. “La reforma laboral en sí misma no crea puestos de trabajo. Lo que busca es mantenerlos, darles estabilidad a poblaciones vulnerables, mejorar las condiciones laborales para que las personas no sean precarizadas con el abuso, por ejemplo, de contratos a términos fijos u obra labor”, concluyó. El debate empieza.