Una regulación más robusta del sector financiero, así como un deseo del Gobierno de cerrar el déficit habitacional, llevó al Congreso a aprobar una nueva Ley de Vivienda, que promete cambiar aspectos clave de este sector y darles más oportunidades a los ciudadanos de tener casa propia.
Quizás uno de los puntos más importantes que se avaló con este articulado –que está pendiente de su conciliación– fue el de ampliar el plazo máximo para financiar proyectos de vivienda.
Actualmente, si una persona desea tomar un inmueble por crédito hipotecario o leasing, tiene hasta 30 años para pagarle a la entidad financiera. Con la aprobación de esta ley, el Ejecutivo podrá extender el tiempo hasta donde lo considere viable.
Dicho cambio se realizará con el fin de que más personas puedan acceder a vivienda, pues si bien aumenta el pago a largo plazo, les permite tener cuotas mensuales más bajas y, por ende, es más asequible para el grueso de ciudadanos que aún vive en arriendo.
Según congresistas, este artículo se aprobó porque el país ha cambiado frente al siglo pasado, sobre todo en aspectos como la dinámica del mercado inmobiliario, las fuentes y mecanismos de financiación de vivienda, los beneficios otorgados por el Estado, la longevidad de los colombianos y los años de vida productiva.
En todo caso, este es apenas uno de los puntos que aprobó el Congreso y que se enmarca en el hecho de que la vivienda será una política del Estado colombiano. Esto implica que el actual Gobierno y los vinientes tendrán que cumplirla y buscar formas para que cada vez más colombianos tengan casa propia y digna.
“Colombia ha avanzado en los últimos 20 años y se ha convertido en ejemplo internacional de implementación de políticas en materia de vivienda por su efectividad. Sin embargo, nos encontramos ante el desafío de atender a las cerca de 600.000 familias que todavía están en déficit de vivienda, en particular en déficit cuantitativo”, dijo Jonathan Malagón, ministro de Vivienda.
El Congreso también eliminó la restricción de tiempo para vender un inmueble, cuando este haya sido adquirido con un subsidio de ‘Mi Casa Ya’. Además, en el caso de las viviendas gratis, las familias podrán disponer de este activo posterior a cinco años de utilización y no de 10 como estaba establecido.
Finalmente, los hogares que recibieron un auxilio de mejoramiento también podrán acceder a subsidio para compra de vivienda nueva.
Vivienda rural y ordenamiento territorial
La ley, una vez entre en vigencia, también brindará una atención al déficit habitacional en el campo.
La población rural “será atendida de acuerdo con su género, etnia, edad, condición de discapacidad, condición de víctima del conflicto armado o en proceso de reincorporación”. Esto se concretará mediante acciones que efectivamente reduzcan la brecha existente y garanticen la superación de la exclusión social y la desigualdad.
Una de estas acciones incluye aumentar el valor de subsidios para zonas rurales, donde hay mayores dificultades en cuanto a transporte de materiales y condiciones de vías de acceso. La idea es que las ayudas estatales sean más altas, tanto para compra de vivienda nueva como para construcción en sitio propio, reforzamiento y mejoramiento de vivienda social y prioritaria (VIS y VIP).
De otro lado, el Ministerio de Vivienda precisó el procedimiento para realizar la concertación ambiental del ordenamiento territorial cuando más de dos autoridades ambientales cuentan con jurisdicción en el municipio o distrito formulador.
Además, la ley clarifica conceptualmente las definiciones de acción y actuación urbanística, el procedimiento para la concertación y adopción de planes parciales, así como el aprovechamiento económico del espacio público.
Otro aspecto para destacar está relacionado con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), para los cuales se clarifican los procesos de formulación, revisión, ajuste y modificación de estos instrumentos, así como la participación ciudadana comprendida en estos procesos.