La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este viernes que imputó cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil por presuntamente desatender sus requerimientos en el marco de una visita administrativa realizada a la entidad.
A través de un comunicado, la SIC manifestó que a mediados de marzo de este año realizó la vista con el propósito de recaudar “información relacionada con el cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal”.
“En el marco de estas visitas de inspección, la Superintendencia se encuentra facultada para decretar y practicar pruebas y, en general, para recaudar toda la información conducente que permita la verificación del cumplimiento de las normas del régimen de libre competencia económica en el mercado colombiano”, agregó.
Adicionalmente, manifestó que dentro de sus funciones puede “solicitar a las personas naturales y jurídicas tanto de derecho público como de derecho privado, el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio, así como el acceso a los equipos de cómputo, móviles y correos electrónicos, que estos requieran para ejercicio de sus funciones”.
La SIC afirmó que con el pliego de cargos a los funcionarios de la Registraduría busca determinar si en el curso de la visita administrativa de inspección, ellos omitieron “el deber de acatar en debida forma las órdenes e instrucciones dadas por la Superintendencia como Autoridad Nacional para la Protección de la Competencia. Y, con ello, establecer si pudieron obstruir la investigación que se adelanta por parte de esta Entidad en el marco de sus funciones, o no”.
“Las conductas omisivas objeto de investigación pudieron materializarse al haber desatendido los requerimientos de información, haberse negado a entregar la información almacenada en dispositivos electrónicos y/o no atender las diligencias programadas por la Superintendencia”, añadió.
La Superintendencia subrayó que en el curso de la visita no “solo se explicó el alcance de las facultades de la Superintendencia y el deber de reserva que le asiste, sino que también se indicaron las consecuencias a las cuales se podrían ver expuestos los investigados por no atender las solicitudes, órdenes e instrucciones”.
Además, aseguró que la diligencia estuvo acompañada por el procurador delegado para la vigilancia de la función pública de la Procuraduría General de la Nación (PGN). “Así mismo, se establecieron por parte de la Superintendencia las pautas especiales para garantizar la seguridad y reserva de la información que se esperaba recaudar en el curso de la visita. Sin embargo, pese a estas garantías, la información requerida no fue entregada de forma oportuna, ni tampoco fueron atendidas las demás órdenes e instrucciones”, subrayó.
Finalmente, la SIC señaló que la investigación puede culminar con la imposición de sanciones hasta por el valor de 2.000 salarios mínimos legales “para cada persona natural que haya infringido de forma directa las normas sobre protección de la competencia o que haya colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o tolerado dichas conductas. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009″.