Ya van varios años de lo mismo: taxistas protestan contra las plataformas digitales de transporte y Gobiernos prometen solucionar definitivamente el conflicto. Algún día. Han pasado ocho años desde la primera manifestación de los gremios tradicionales del transporte contra Uber. En ese lapso han cursado varias demandas en los estrados judiciales y sucesivos ministros han anunciado iniciativas para solucionar el problema. Y, no obstante, nadie sabe todavía si en Colombia es legal o no prestar servicios de transporte mediante las populares aplicaciones de teléfono.
Con ocasión de la reciente protesta de taxistas en varias ciudades, el Gobierno prometió tener listo, en menos de diez meses, un proyecto de ley, redactado en conjunto por los ministerios de TIC, Transporte y Comercio, para regular la economía colaborativa. De ese modo se conoce a los modelos de negocio basados en plataformas tecnológicas que promueven el intercambio libre de servicios entre ciudadanos, tipo Uber, Rappi o Airbnb.
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El Plan Nacional de Desarrollo estableció un plazo de un año para regular el tema, y ya han transcurrido dos meses. Los tres ministerios trabajan en ello y, según confirmó el viceministro de Economía Digital de MinTIC, Jehudi Castro, el Gobierno tomará contacto con congresistas del Partido Verde y del Centro Democrático, que también preparan iniciativas para radicarlas el 20 de julio, cuando comience el nuevo periodo del Congreso. Por eso, se trata de unificar los proyectos hasta donde sea posible. “La inacción no es una opción”, le dijo a SEMANA el viceministro Castro.
Jehudi Castro, viceministro de Economía Digital de MinTIC, señala que “la inacción no es una opción”.
La cuestión de fondo plantea qué tipo de normatividad necesita la economía colaborativa, y si hay que regularla. El Gobierno tiene el objetivo principal de resolver los problemas laborales. Rappi, el emprendimiento digital más exitoso originado en Colombia, ha enfrentado protestas de personas que trabajan con la aplicación por la ausencia de seguridad social. Pero Rappi no contrata trabajadores para repartir domicilios, ni Uber es una empresa de transporte que emplea conductores para manejar sus vehículos.
Esas compañías solo poseen la plataforma tecnológica, incluida una aplicación para los teléfonos, desde la cual los ciudadanos intercambian servicios sin intermediarios tradicionales. Ese es un concepto disruptivo en la economía, pero también una papa caliente para los Gobiernos. Estas plataformas no estarían obligadas a brindar contratos laborales ni a hacerse cargo de la protección social, salvo la de los empleados directos que trabajan en su operación.
“Someter a este tipo de emprendimientos a las reglas actuales del mercado laboral es condenarlos a desaparecer”, sostiene María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Para ella, las premisas para crear estos proyectos no obedecen a las normas de la economía convencional. “No se puede regular con la ley laboral actual”. La cámara propone un régimen especial para el sector, en el cual las personas que prestan sus servicios deberían hacerse cargo de sus propias contribuciones a la seguridad social, bajo el modelo de trabajadores de bajos ingresos.
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Lorenzo Villegas, abogado experto en derecho digital, va más allá, y pone en duda hasta la necesidad de una regulación. “Imaginemos que cuando llegaron los computadores hubiera salido una regulación para proteger a las máquinas de escribir. No es razonable simplemente proteger mercados tradicionales”, sostiene.
No pocos consideran que Colombia tiene demasiadas regulaciones. El propio Ministerio de Transporte piensa eso y hay casos que sorprenden, como una norma que expidió hace siete años la Aeronáutica Civil para controlar el uso de drones, cuando prácticamente no los había en el país. Esa regulación, que está vigente, impediría a Amazon prestar en el país los servicios de entrega de mercancías con drones que ya opera en Estados Unidos.
El viceministro Castro reconoce que el proyecto de ley tendrá que considerar la naturaleza específica de los emprendimientos digitales. “El marco legal actual no se ajusta a la innovación que ha hecho Rappi, y la solución no es forzarlos a ellos a un marco legal actual; por eso decimos que tenemos que hacer ajustes en la ley, o en decretos o en resoluciones”, dijo.
El debate plantea qué tipo de regulación necesita la economía colaborativa, e incluso si la requiere.
Pero una cosa piensa MinTIC y otra MinTransporte. Esa duplicidad de miradas en el Gobierno viene desde hace varios años. Hace menos de dos meses, el Ministerio de Transporte expidió un decreto que, en opinión de expertos, violaría el principio de neutralidad tecnológica que el MinTIC defiende, al imponer requisitos habilitantes para las plataformas. MinTIC, por su parte, se aferra a ese principio, que le impide prohibir apps o plataformas de servicios o contenidos. Pero advierte que los negocios que usen estas aplicaciones deben ajustarse a la ley que rige cada sector económico. Así que Uber sería legal, pero su servicio no. ¿Cómo entender esto?
La llamada economía colaborativa tiene dos caras. Una, la de emprendimientos innovadores y exitosos, que atraen el interés de los grandes fondos de inversión y que están en camino de revolucionar la economía. Rappi recibió hace poco 3.000 millones de dólares para financiar su expansión en Latinoamérica. Sin embargo, es difícil explicarle al público que este dinero no puede servir para pagar salarios de los repartidores de domicilio. Estos no son empleados, y si en un hipotético caso llegaran a serlo, Rappi no tendría cómo pagar su nómina de 17.000 rappitenderos, pues esta empresa todavía opera con números rojos del orden de 2.000 millones de pesos mensuales. Los fondos de inversión que ponen capital en estos emprendimientos apuestan a muy largo plazo. De hecho, Amazon trabajó a pérdida por más de una década, y Facebook solo comenzó a generar utilidades hace cinco o seis años.
Y desde el otro lado del debate, ¿puede decirse seriamente que estas iniciativas han aportado a las economías, cuando los ciudadanos obtienen de ellos ingresos tan precarios? Un conductor de Uber, Didi o Beat apenas gana un poco más que un taxista, y ambos están desprotegidos en cuanto a seguridad social. El problema surge porque las altas tasas de desempleo modifican el perfil original que tenían los prestadores de servicio mediante plataformas tecnológicas.
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En efecto, la idea de Travis Kalanick cuando fundó Uber era que la gente ganara un dinero extra trabajando en sus horas libres con su vehículo particular. Pero las diásporas y los migrantes encuentran en estos servicios la única opción de trabajo y la convierten en empleo de tiempo completo, del que se esperaría una mínima protección social. Y esto ocurre no solo en Colombia con la migración venezolana, sino en Europa, con la africana, que protesta contra Deliveroo de la misma manera que lo hace contra Rappi acá.
Por el momento, el limbo jurídico y los conflictos de intereses van a generar protestas durante los próximos meses, hasta que se lleve a consideración del Congreso una solución definitiva. El debate sigue abierto.