Los colombianos reclaman más empleos que subsidios. Pero, en la coyuntura de una crisis sanitaria y económica como la que ha vivido la humanidad, no queda más remedio que seguir activando las ayudas monetarias para las familias más pobres. Los subsidios y las estrategias para crear empleo, de alguna manera, tienen que ver con las muchas tareas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuya nueva directora es Alejandra Botero Barco.
Ella, a solo dos semanas de estar al frente del cargo, ya tiene trazada la hoja de ruta que seguirá en menos de un año, tiempo que resta para concluir el Gobierno del presidente Iván Duque. Estas son sus prioridades.
SEMANA: ¿Cuál es la indicación precisa que le dio el presidente Duque al asumir este cargo?
Alejandra Botero: Vengo de ser consejera para la gestión y cumplimiento, cargo en el que hacía un seguimiento detallado a las metas del presidente. Teníamos en la mira una diversidad de temas, desde formación para el trabajo, catastro multipropósito, reducción de la pobreza hasta tópicos ambientales, como la siembra de 180 millones de árboles a 2022. De cierta manera, eran unos 65 o 67 indicadores, es decir, el equivalente al 10 por ciento del Plan de Desarrollo. Al asumir la dirección del DNP, el presidente me da la indicación de que este sea el año para cumplir. De manera que vengo con la intención de acelerar todos los sectores para llegar a un cumplimiento del 85 por ciento del Plan de Desarrollo. Este cumplimiento como tal no se ha hecho en décadas. El promedio de los últimos dos Gobiernos, desde Uribe I hasta Santos II, es de 81 por ciento.
SEMANA: Con la pandemia ya se perdió un año. ¿Cambiaron las metas de cumplimiento en pobreza y empleo?
A.B.: El Plan de Desarrollo tiene 670 indicadores, alrededor de los cuales se armó un tablero interno para los que pudieran tener cambios por la pandemia. De resto, todo se mantiene como si fuera 2019. Es más, la pandemia le agrega nuevos retos. De ahí parten los objetivos grandes que quisiera lograr en este Gobierno. Uno es el fortalecimiento del Sisbén IV, el instrumento de focalización más poderoso que tenemos en este momento para que todas esas ayudas monetarias, dentro de la política social, lleguen a los que más lo necesiten. Ese es uno de los componentes más importantes para la reactivación económica.
SEMANA: Los críticos creen que no se logrará una reactivación sostenible con subsidios...
A.B.: Así es. No podemos hacer reactivación sin llegar a mitigar la pobreza y, sobre todo, de las personas que cayeron por debajo de la línea de ese indicador, lo cual fue una consecuencia muy triste de la pandemia. Como instrumento, Sisbén IV ya tiene un cubrimiento de 26,1 millones de colombianos en el registro, incluidos vulnerables y no pobres. Al terminar este Gobierno, queremos llevarlo a cubrir 98 por ciento de la población pobre y vulnerable. Por otro lado, un foco que va de la mano con la reactivación económica es el empoderamiento de los territorios.
SEMANA: Los territorios manejan las regalías. ¿Cómo hacerlos parte de la reactivación si la Contraloría dice que la plata está quieta en cuentas y fiducias?
A.B.: Dentro de los instrumentos que tenemos para el fortalecimiento de los territorios, está el tema de las regalías. Se han aprobado 27 billones de pesos en este Gobierno y queda disponible un saldo de 15 billones en este bienio. Es el equivalente a una ley de inversión social (reforma tributaria de 2021). Todo eso se puede irrigar a la economía en proyectos de transporte, agua y saneamiento, lo que, a su vez, significa generación de ese empleo local que necesitamos. Por eso al tema de regalías quiero darle una aceleración importante. Para ello, tenemos que fortalecer la evaluación y el control de la gestión de dichos recursos.
SEMANA: ¿Cómo lograr que las regalías se utilicen en generación de empleo?
A.B.: Hay un índice de gestión de regalías. Existe un pacto por la transparencia y trazabilidad de las regalías. Quiero hacer una acción más contundente para que esos recursos no se conviertan en los elefantes blancos que tanto asustan. Como DNP, monitoreamos, podemos suspender pagos si hay lugar a ello, pero las acciones son de las entidades de control: Procuraduría y Contraloría. Nosotros tenemos la responsabilidad de que los proyectos queden bien estructurados, de manera que no tengan errores después de su aprobación. Según los hallazgos, en falencias de formulación pasamos de 67 por ciento a 27 por ciento.
SEMANA: Los Conpes son otro instrumento de lo que usted llama “el año de cumplir”. ¿Cuántos quedan pendientes?
A.B.: Tenemos más de 70 Conpes que debemos sacar adelante. También estamos organizando un documento, muy participativo, que se llama ‘Colombia visión 2034’, en el que vamos a dejar todo lo que se ha aprobado; las tendencias que hay en el mundo en un horizonte de 15 años. Será algo que le podrá servir de insumo a los candidatos el año entrante en elecciones.
SEMANA: ¿En qué estrategias de empleo está empeñado el Gobierno?
A.B.: Insisto en que la reactivación tiene que ir muy de la mano con el empleo. Hay un programa muy importante, el Paef (Apoyo al Empleo Formal), que se está dejando hasta 2022 para mantener 400.000 empleos. Estamos cerrando la Misión de Empleo, liderada por Santiago Levy, cuyos resultados se tendrán en un mes. Ahí revisaremos las recomendaciones que hagan para decidir las que podemos implementar. Por lo pronto, en línea con la reactivación, tenemos que enfocarnos en el Sisbén IV para hacer las transferencias enfocadas en los que más lo necesitan, y, a la par, acelerar la ejecución de recursos territoriales para generar empleos.
SEMANA: Una vez concluya el Sisbén IV, ¿qué sigue?
A.B.: El próximo paso es el registro social de hogares. Es un proyecto que estamos desarrollando, apoyados en el Sisbén IV. Implica cruzar los registros administrativos con la información del Sisbén, y lograr la base de datos completa de todos los colombianos. Con un registro social así, se puede saber si la persona accede a los programas sociales o si cotiza en la Pila (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes). El objetivo es establecer con más eficiencia la focalización de los subsidios. En este momento, estamos en 50 por ciento de implementación del registro social. La idea es llegar a 70 por ciento en diciembre y terminarlo a fines de 2022. En ese momento, se daría la transición del Sisbén IV al registro social.
SEMANA: El DNP reaccionó rápido al activar el subsidio de Ingreso Solidario. ¿Planean hacerle algún ajuste?
A.B.: La visión con Ingreso Solidario es que seaun apoyo complementario, no se trata de un ingreso mínimo. Son 160.000 pesos que se transfieren a los más vulnerables, lo que se complementa con otros recursos, como devolución de IVA. Con ello se cubre la diversidad de necesidades que hay dentro del mismo componente de vulnerabilidad.
SEMANA: Además de generar empleo, se requiere avanzar en formalidad. ¿Qué harán por ese tema?
A.B.: Lo importante es abordar el empleo de manera integral. El líder de la política de empleo es el Ministerio del Trabajo, pero desde Planeación participaremos una vez salgan los resultados de la Misión de Empleo.
SEMANA: El Gobierno tiene una disyuntiva con el empleo público, porque prometió austeridad en el gasto. ¿Cómo participarán en la generación de empleo que tanto se requiere ahora?
A.B.: La austeridad se ve como una manera de optimizar la gestión del Estado. Hay que optimizar los recursos gradualmente sin contribuir al desempleo.
SEMANA: ¿En el presupuesto de 2022 se priorizaron recursos para el empleo?
A.B.: De 62,2 billones de pesos de inversión, 52 por ciento (32,8 billones) son para sector social, dentro de los cuales 7 billones se destinarán a Ingreso Solidario en 2022, con un apoyo económico a 4 millones de hogares. Con los recursos del presupuesto, seguimos la misma línea prioritaria: el apoyo a la población más vulnerable y la reactivación económica.