Las estadísticas de la empresa Air-e en 2021 evidenciaban la magnitud del efecto que puede tener la dificultad financiera por la que atraviesa y que llevó finalmente a que se proceda a la intervención por parte del Gobierno.
Para ese momento eran 1.246.951 usuarios, de los cuales el 60 % está en el departamento del Atlántico, donde la gente se queja de altos costos en la factura, frente a la baja calidad del servicio.
Un 26 % de usuarios son del departamento del Magdalena y el 15 % vive en La Guajira.
Esa gran masa de personas que dependen de que Air-e salga a flote es lo que intentan defender Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y SER Colombia, gremios de servicios públicos relacionados con la energía, que emitieron un pronunciamiento conjunto, tras la intervención a la empresa, que fue confirmada este jueves.
Los agremiados enfatizaron en que una toma de posesión de una empresa de servicios públicos se hace cuando ya no hay más camino, es decir, es una medida excepcional que solo debe tener el objetivo de proteger al usuario, garantizándole la continuidad del servicio y en las condiciones de calidad que más se puedan lograr.
Por esa razón, los gremios subrayan que, en ningún momento, esta alternativa puede reemplazar la solución definitiva que exigen para Air-e. “Es de suma importancia encontrar soluciones estructurales que resuelvan de raíz las problemáticas presentadas desde años atrás”, manifestaron.
Debe ser algo ordenado
Pese a que se trata de una crisis, no debe haber lugar para improvisaciones. Por el contrario, el proceso debe llevarse de manera ordenada, respetando el debido proceso y minimizando el impacto sobre los usuarios, solicitaron. “Es fundamental mitigar el riesgo de un efecto en cadena que pueda generar una crisis sistémica en el sector”.
Lo que han propuesto está vigente
Para los gremios relacionados con el sector energético, las medidas que han propuesto de tiempo atrás cobran relevancia, si se busca evitar la repetición o agravamiento de situaciones como esta. Ellas son:
1. Pago oportuno de subsidios: es esencial que el Gobierno nacional cumpla con la obligación legal de pagar oportunamente los subsidios dirigidos a los usuarios de energía eléctrica y gas natural de los estratos 1, 2 y 3, los cuales han sido aplicados y financiados por las empresas comercializadoras de energía.
2. Compromisos sobre la opción tarifaria de energía: es necesario que el Gobierno nacional asegure la entrega de los recursos comprometidos para cubrir la deuda de la opción tarifaria y garantice la subrogación de dicha deuda a las empresas comercializadoras. Esto debe definirse de manera ágil en una ley única independiente que no esté supeditada a la aprobación de otras normas como una nueva reforma tributaria. Además, debe extenderse a los usuarios de gas natural.
3. Recursos adicionales para pérdidas: se deben asignar nuevos recursos del Presupuesto General de la Nación para cubrir las pérdidas adicionales aprobadas a las empresas que operan en la región Caribe, lo que permitirá evidenciar una reducción de tarifa a los usuarios y mejorar el flujo de caja de las empresas.
4. Pago de obligaciones de entidades oficiales: es fundamental que los gobiernos locales y regionales garanticen el pago de la deuda que tienen con las empresas de energía por la prestación de este servicio a instalaciones oficiales como hospitales, centros educativos, entre otros. Para las empresas Afinia y Air-e estas deudas ascienden a $ 370 mil millones.
5. Revisión de los conceptos adicionales de la factura: realizar la revisión de los montos de los impuestos municipales y departamentales que se vienen cargando en las facturas de energía como lo son el impuesto de alumbrado público y los impuestos de seguridad, que para la región Caribe llegan a representar el 30 % del valor total de la factura.
6. Incentivos a más proyectos de generación: es crucial promover la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía, así como destrabar el desarrollo de los que actualmente tienen obligaciones asignadas, con las condiciones e incentivos adecuados, para aumentar la oferta y así garantizar mejores precios en el mercado.
7. Garantizar la continuidad en la operación: la medida de intervención debe asegurar el normal funcionamiento de la operación de Air-e, lo que incluye que se garantice el pago de los compromisos de la empresa, tanto con los demás agentes del mercado mayorista de energía, como con todos los demás prestadores de bienes y servicios de la compañía.
8. Evitar la estigmatización: las empresas que hacen parte de los sectores que representamos han sido por muchos años aliados por del Estado en la prestación del servicio público de energía eléctrica, y están dispuestas a trabajar con el Gobierno nacional en la solución de las causas estructurales que han llevado a decisiones como la anunciada.