Actualmente, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se acerca a los 30 billones de pesos y se espera que al cierre de este año llegue a 34 billones, cifra que representa 2,7 % del PIB, según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Esto hace casi imposible evitar un aumento progresivo y constante de los precios de la gasolina y del diésel en el país.

Como resultado, el nuevo gobierno tendrá que destinar unos 28,5 billones de pesos al FEPC para cubrir el déficit entre los años 2023 y 2025. Esto es un poco más de la mitad de lo que plantea recaudar la reforma tributaria propuesta por el Ministro de Hacienda entrante.

Reducir este déficit afectará directamente el bolsillo de los colombianos, incluso para aquellos que en el día a día no consumen directamente estos combustibles. De acuerdo con la última encuesta del pulso social del Dane, más de la mitad de los colombianos se moviliza en transporte público a su lugar de trabajo, y solo el 26,6 % lo hace a pie o en bicicleta.

Sin embargo, en medio de la creciente inflación y el consumo disparado de los colombianos, un alza considerable en el precio de los combustibles no parece mejorar la situación. En el que fue su primer acto público desde su nombramiento como ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reconoció que la modificación en los precios del combustible es un tema delicado en términos sociales, e incluso podría decirse que ha protagonizado la ola de protestas regionales más recientes.

Este asunto es uno de los más importantes dentro de la agenda del nuevo gobierno, pues el precio de los combustibles ha permanecido relativamente estable en el último cuatrienio. Eso no solo aumentó el hueco del fondo de estabilización, sino que acostumbró a los colombianos a unos precios que son difíciles de mantener en el futuro.

Colombia es uno de los países de la región con uno de los combustibles más económicos medidos en dólares. Sin embargo, en pesos no es barato por el limitado poder adquisitivo de los consumidores. Un estudio del portal Picodi indica que en Colombia con el salario promedio (estimado en 1,3 millones de pesos) se pueden comprar 546 litros de gasolina, mientras que en Argentina son 360 litros, en Brasil 324 y en Estados Unidos, donde la gasolina es mucho más cara que acá, con el salario medio se pueden adquirir 2.952 litros.

Para mayo de este año, Colombia tenía el tercer litro de gasolina más barato de Latinoamérica, con un precio de 0,60 dólares, aunque en el país se vende por galones. Solo lo superan Venezuela con (0,02 dólares) y Bolivia (0,54). Incluso, estas naciones junto con Colombia también están entre las que tienen los precios más bajos por litro de gasolina en todo el mundo, de acuerdo con Global Petrol Prices.

Un alza en este insumo puede ser perjudicial para el balance de la economía nacional, especialmente en lo que se refiere al costo del transporte de alimentos, de pasajeros y de carga, solo por mencionar algunos. En ciudades como Bogotá, cuyo sistema de transporte masivo es uno de los más costosos del país, el déficit del funcionamiento crecería aún más y obligaría a un aumento en las tarifas finales para el usuario.

Para contrarrestar la tendencia alcista de los combustibles, desde el Ministerio de Transporte han buscado incentivar el uso de medios de transporte libres de combustibles, como la bicicleta y la caminata. En conjunto con la Agencia Nacional de Vías lanzaron la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial (ENMA), para que los colombianos utilicen menos los medios de transporte tradicional.

“Con la ENMA, el Gobierno de Iván Duque sigue cumpliendo los desafíos que se había impuesto en materia de transporte, como los consignados en la Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional, el Conpes 3991 de 2020, y en las acciones definidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del país. Esta estrategia nos impone un reto y una visión: trabajar para tener ciudades caminables y aptas para que las niñas, mujeres y personas con discapacidad se muevan en bicicleta, es decir, ciudades más inclusivas y sostenibles, donde los medios activos se complementen con los demás.”, aseguró la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, durante la rueda de prensa de lanzamiento de la estrategia.

La estrategia ya cuenta con una acción temprana de su implementación: la “Guía de Sistemas de Bicicletas Compartidas”, elaborada por C40 Cities Finance Facility. Este documento responde a la acción 10 de la ENMA para promover la evaluación de la pertinencia técnica, normativa y financiera en la implementación de este tipo de sistemas en las ciudades del país.

Esta guía busca reflejar la diversidad de experiencias, capturando la complejidad y profundidad de los diferentes aspectos desarrollados en varios procesos de planeación e implementación, con el fin de servir a otras ciudades y personas expertas, como una orientación práctica y aplicada. Se espera que este trabajo permita mejorar la calidad de los sistemas existentes, y sirva para evaluar la pertinencia de la implementación de nuevos sistemas en las ciudades grandes y pequeñas, que así lo determinen para beneficio del medio ambiente, la salud, la movilidad y la economía.

Con este tipo de iniciativas y las correcciones fiscales necesarias, se espera que el déficit del fondo para la estabilización de los combustibles alcance niveles aceptables en el futuro. Mientras tanto, un alza en el precio de la gasolina y el diésel parece inevitable.