SEMANA: El país se alborotó con el anuncio de la suspensión de subsidios de vivienda en el programa Mi Casa Ya. ¿Por qué no se apropiaron los recursos para seguir?
DIEGO GUEVARA: La decisión de asignación es interna de cada cartera y es potestad de su respectivo ministro.
Lo que yo puedo decir al respecto es que las caídas de recaudo que hemos tenido este año han hecho que los subsidios disminuyan. Por lo tanto, con ese choque de caja, las decisiones de los ministerios tienen que ser responsables.
Hay que recordar que con los subsidios hasta antes de 2022, cuando se abrió la llave, cualquier constructor podía ofrecer el auxilio estatal, incluso sin verificar con nosotros. Esto lo que creó fue una burbuja de proyectos VIS sin que hubiera una garantía a futuro.
Y yo creo que al final el debate de fondo tiene que ver con que si en la práctica es posible una política ilimitada de subsidios. Yo creo que no. De hecho, la situación es similar a lo que pasó con el programa Ser Pilo Paga en el Gobierno anterior. Lo tuvieron que cerrar. Son insostenibles fiscalmente por más loable que sea su objetivo.
SEMANA: Pero este Gobierno ha basado su política en subsidios.
D.G.: Uno no puede desconocer el poder de las transferencias condicionadas para sacar a gente de la pobreza, pero esto no puede ser ilimitado. Más bien, debe ser una plataforma para graduar gente rápidamente. En el caso de la vivienda, tiene un plus y es que reactiva la economía, pero no por ello puede ser infinito.
SEMANA: ¿Esta suspensión es temporal?
D.G.: La decisión tendrá que ser de la ministra (Helga María Rivas), pero creo que el anuncio hecho es una señal al sector para no contar con esos recursos, porque al final esto es parte de la asignación presupuestal para el próximo año, en el que todas las entidades saben que no contarán con lo que cada una deseaba, pues el escenario fiscal no lo permite.
También, porque dentro del gasto de funcionamiento lo que más crece son las transferencias que se hacen a través del Sistema General de Participaciones, y eso es más culpa de la estructura institucional del Estado que de un crecimiento del presupuesto de funcionamiento.
No es por ser un Gobierno derrochón, sino por gastos en pensiones de maestros, de policías, salarios y toda la estructura del Estado, que se ha ido robusteciendo en las últimas décadas y que, al final, se ha vuelto el músculo de una gran parte del sector privado.
SEMANA: Es decir, ¿el sector privado se beneficia del aumento en el gasto público?
D.G.: Muchos de los que han criticado un Estado grande son los que se han beneficiado por las transferencias de ese Estado hacia las contrataciones con el sector privado. Eso no es que esté mal, pero sí requiere una reflexión profunda de la importancia del gasto público.
SEMANA: Una cosa son las inversiones, pero se dice que aumentaron mucho el gasto en nómina, algo que es más controlable.
D.G.: El 95 por ciento del funcionamiento es inflexible. Cuando crecen las nóminas, crecen por IPC. Si bien es cierto que hay entidades nuevas, como el Ministerio de la Igualdad y algunas embajadas, cuando uno mira eso en términos porcentuales sobre todo el presupuesto de la nación representa menos del 1 o 2 por ciento. Entonces, es una crítica infundada. Pero lo que sí hay que decir es que el servicio de la deuda aumentó dramáticamente y lo hemos pagado como indican los principios de sostenibilidad fiscal.
SEMANA: Se le hundió la ley de financiamiento. Finalmente, ¿cómo le quedan las cuentas? ¿No le parece que le tocó un potro salvaje con este ministerio?
D.G.: Salvar una ley de financiamiento en dos semanas, con todo el momento de tensión política en el Congreso, era muy difícil. Sin embargo, creo que incluso, siempre con la actitud de concertar, logramos radicar una ponencia. Lo triste es que, en principio, no dieron la oportunidad de discutir y había puntos positivos de esa propuesta.
SEMANA: ¿Cómo cuáles?
D.G.: La ley de financiamiento traía condonaciones para las personas con deudas en la Dian; traía una reducción del impuesto de renta corporativa desde 2025 para pequeños empresarios. Había muchos puntos loables. De hecho, era una ley de financiamiento relativamente pequeña. Estábamos concertando por debajo de 10 billones, cuatro de ellos estaban soportados en impuesto de timbre, una modificación al patrimonio, un alza en el impuesto al carbono.
La otra parte era el espacio que se obtendría al adelantar la regla fiscal. No era para nada una afectación al bolsillo de la clase media. En este Gobierno, en términos de pago de impuestos, más de un 70 por ciento del país no ha visto afectado su bolsillo. Solo quienes forman parte de los colombianos con mayores ingresos han tenido que pagar más y así lo sintieron en la declaración de renta.
SEMANA: ¿La suspensión de subsidios de Mi Casa Ya es parte del recorte? Además, el presidente Petro había dicho que sacrificaba todo menos los programas sociales.
D.G.: La realidad es que cuando nosotros planteamos un presupuesto de 523 billones, y hoy estamos jugando con un decreto que sale desfinanciado, desafortunadamente, lo que se termina sacrificando es la inversión.
Acerca de Mi Casa Ya, habrá que revisar con la ministra si va a hacer una reasignación a otros programas sociales de mejoramiento o cuál es la agenda, porque no es que yo quito Mi Casa Ya y sacrifico completamente el gasto social. Creo que eso requiere un examen en el Consejo de Ministros para definir en dónde se pueden hacer los aplazamientos, y eso es del resorte de la política de cada cartera.
En resumen, sacamos un decreto por 523 billones de presupuesto, le restamos los 12 billones que iban en la ley de financiamiento, empezamos a hablar de 511 billones. Ese es el punto de partida.
SEMANA: Varios expertos estiman que habría que aplazar más de 12 billones de pesos por la expectativa que tienen con recursos que provendrán de la gestión de la Dian. ¿Qué les dice?
D.G.: Ese proceso se tendrá que ir monitoreando año tras año según el comportamiento del recaudo. Hay algunos centros de pensamiento que plantean que las metas de recaudo son altas, y ahí se ensañan en críticas. Pero iremos revisando y tomando las medidas respectivas, siempre tratando de estar comprometidos con la sostenibilidad fiscal.
SEMANA: Con el crecimiento económico proyectado, ¿va a revisar la cifra para 2025?
D.G.: En el frente macroeconómico, las cifras son positivas. Se tiene un crecimiento de la economía estimado para este año en alrededor del 2 por ciento. La inflación está bajando. La tasa de desempleo también. En ese escenario vemos que la macroeconomía y sus variables van bien. Si logramos mantener esta senda el otro año, tendremos unos buenos niveles de crecimiento. Hay que recordar que muchos impuestos de este año se recogen en el otro año. Entonces, si el PIB está creciendo tres veces más, el ingreso va a mejorar, pero, aun así, el reto fiscal sigue latente.
SEMANA: La deuda pública desata controversias por lo cara y abultada. ¿Cómo va a hacer para honrar los pagos y qué expectativas se pueden tener con el cumplimiento de la regla fiscal?
D.G.: El pago de la deuda es parte de una obligación constitucional. El presupuesto que presentamos ya incluye ese pago, que, hay que decirlo, por primera vez en mucho tiempo es más alto que el de inversión, 112 billones, mientras que para la inversión solo hay 81 billones.
Se trata de un compromiso con el pago de la deuda, lo que nos permite tener los mercados financieros abiertos.Por otro lado, la regla fiscal es un mandato constitucional y una ley de la que no se puede olvidar que tiene diferentes herramientas.
Hay parámetros técnicos sobre los cuales se puede debatir. No es un santo grial (copa usada por Jesús en la última cena). Hay discusiones técnicas en el interior de la regla fiscal que siempre se deben tener presentes.
SEMANA: ¿Ya tiene una cifra estimada del recaudo para el año entrante y cómo cerrará este?
D.G.: No, la cifra se cierra a finales de diciembre. En esto hay que ser muy prudente en los datos, no especular. Eso sí, sabemos que está por debajo de la meta y por eso hemos estado haciendo toda la revisión.
SEMANA: Volviendo a los subsidios, pues es un tema muy sensible, ¿qué se puede esperar con los subsidios de energía que no se han pagado este año y con los proyectados para 2025? ¿Qué va a pasar con los recursos para el Icetex?
D.G.: El problema con los subsidios o con los recursos del Icetex tiene que ver con esa caída del recaudo que nos ha impactado la caja. Es cierto que hay que trabajar más en un manejo eficiente de la caja, lo que está en línea con la priorización: pagar lo básico, a las madres comunitarias, financiar los programas de alimentación escolar, cubrir los salarios de las personas. Acá estamos en una cruzada para garantizar las cosas básicas, y eso ha sido parte de la apuesta.
SEMANA: ¿Qué posición va a asumir en la Junta del Banco de la República? Porque su antecesor, Ricardo Bonilla, decía que las tasas no estaban bajando con la rapidez y el monto que él quería.
D.G.: Mantendré la misma posición. Las tasas deben bajar mucho más rápido, deben ayudar a la reactivación de la economía, y yo creo que una posición de una política monetaria que llegue mucho más rápido a la gente es adecuada. Si bien el objetivo es la inflación, también lo es el crecimiento. Lo ha dicho la misma Corte Constitucional.
SEMANA: Van a cambiar dos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Quiénes se van?
D.G.: Sí, en enero el presidente cambia a dos codirectores, por ley. Los nombres se conocerán en su momento.
SEMANA: ¿Cómo se siente un hombre como usted ahora con guardaespaldas?
D.G.: Raro. Yo era de andar hasta en TransMilenio.