Movistar, empresa de telecomunicaciones que además está en capilla para una posible fusión con su homóloga Tigo, fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con una millonaria sanción.
La empresa tendrá que pagar una multa de $ 718.229.188, lo que es equivalente a 740 salarios mínimos, por una infracción relacionada con desacato.
Según la entidad de vigilancia y control, “no acataron los plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las actividades a su cargo dentro del proceso de portación y por desconocer los derechos de información y elección de sus usuarios”.
La división de la Superindustria que tuvo a su cargo la decisión fue la Dirección de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, quienes argumentaron estar velando “por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones”.
Portabilidad numérica
En ese contexto, manifestaron que investigaron al operador con ocasión de algunas denuncias por irregularidades presentadas durante el proceso de portabilidad numérica.
De acuerdo con lo expresado por la entidad de vigilancia y control, en la investigación adelantada se evidenció que “el operador activó una línea móvil objeto de portación sin que se hubiere efectuado la entrega de la tarjeta SIM al usuario”.
La Superindustria pudo establecer que, además, se generó “un indeseado trámite de portación de una usuaria”.
Dichas irregularidades, a juicio de la SIC, constituyen conductas que resultaron en “la infracción de disposiciones relativas a la portación, el derecho de los usuarios de elegir y cambiar libremente el proveedor y a recibir de los proveedores información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre los servicios ofrecidos”.
Tienen derecho a apelación
Según estableció que contra la Resolución emitida por la Superintendencia de Industria, que tiene carácter sancionatorio, procede el recurso de reposición, lo que tendrá que hacer la compañía implicada ante la directora de investigaciones de protección de usuarios de servicios de comunicaciones.
Si llegaran a irse por apelación, dicho recurso tendría que hacerse ante la superintendente delegada para la protección del consumidor.