La polémica sigue en el Ministerio de las TIC, por cuenta del proceso de adjudicación del dominio .CO, que le fue renovado a .CO Internet SAS por cinco años más. Gerardo Aristizábal, representante legal del consorcio Dotco (que también pujaba por ese dominio), radicó este martes una acción de tutela contra la cartera de tecnologías de información y la comunicación para que reverse, cuanto antes, este proceso. En el documento, el directivo confirma lo dicho la semana pasada, cuando denunció un presunto error de cálculo por parte del Mintic, puntualmente relacionado con "el límite inferior para la evaluación de las propuestas económicas".
En su concepto, "el error es evidente e incontrovertible como ya se explicó, lo que hace al acto de adjudicación ilegal y por lo tanto revocable aún sin el consentimiento del particular. De esta manera, no solo en un caso como el presente sí es posible revocar el acto de adjudicación, sino que, además, en este caso es necesario para evitar la causación de un perjuicio irremediable dada la magnitud del error". La controversia estaría en que, según los pliegos de licitación, el límite inferior de las propuestas sería de 19,6% y, de acuerdo con el análisis realizado por DotCo, la propuesta de .CO Internet SAS (la ganadora) fue de 19%, lo que habría generado su descalificación. En cambio, la propuesta del denunciante fue presentada por el valor de 36%. Este panorama llevó a Dotco le pidiera a un juez estudiar la posibilidad de que el Ministerio de las TIC revoque el "acto de adjudicación para que sea nuevamente realizada de calificación de las propuestas".
En caso de que lo anterior no pueda realizarse, el consorcio Dotco pide que el juez frene la firma del contrato de adjudicación, "hasta tanto sea superada la doble situación de estar en periodo de vacancia judicial y en estado de emergencia económica y social". Vale señalar que el Mintic ya había desestimado la petición de este grupo de empresas la semana pasada, asegurando que "se aplicaron estrictamente los criterios de cálculo de evaluación de las ofertas", tal y como aparecían en el pliego, y que la herramienta utilizada fue pública durante la audiencia.