Uber se va. Hasta el 31 de enero de este año la plataforma de transporte prestará sus servicios a los millones de colombianos que han apostado por esta alternativa de movilidad, y dejará a más de 88.000 socios conductores sin trabajo. ¿Empezará una pesadilla?
Según lo informado por la start-up estadounidense, al retirarse acata la decisión del fallo expedido por un juez que ordenó suspender sus operaciones en desarrollo de una demanda presentada por Cotech (Taxis Libres) en 2016. Para Uber la disposición es arbitraria, pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, viola el debido proceso y sus derechos constitucionales. La noticia, sin duda alguna, llega caída del cielo para los taxistas, quienes desde 2013 mostraron su inconformidad con el servicio que presta la plataforma. Hugo Ospina, representante del gremio, celebró la decisión y aseguró que vendrán demandas penales contra empresas como Cabify, Didi, Beat y las que prestan el servicio de patinetas en las ciudades del país.
De igual manera, señaló que los usuarios no deberán preocuparse, pues, según él, la ausencia de Uber permitirá mejorar la movilidad en ciudades como Bogotá. Afirmó, además, que habrá 40.000 plazas de trabajo para recibir a nuevos conductores. Pero no todo es dicha. En un país con un Gobierno que ha promovido la economía digital y la innovación, la salida de la plataforma dejará un sinsabor. Para muchos, comprobará la incapacidad de Colombia para adaptarse a las nuevas posibilidades que trae la tecnología. Y no es para menos. Los dos últimos Gobiernos han sido incapaces de abrir el camino a un diálogo para regular los servicios de transporte intermediados por plataformas. En varias oportunidades, Uber ha dicho que, en el contexto latinoamericano, solo en Colombia ni siquiera han podido conversar para reglamentar su servicio. Esto ha quedado en evidencia con el desacuerdo entre el Ministerio TIC y el de Transporte sobre la legalidad de Uber, y el malestar entre el gremio amarillo frente a los servicios de este. Precisamente, la decisión anunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reabrió el debate sobre el vacío normativo y empezaron a aparecer luces al respecto. En los últimos meses, entidades y funcionarios del Gobierno buscan definir una hoja de ruta que establezca una fórmula normativa para permitir este tipo de emprendimientos tanto de origen local como extranjero. Sylvia Constaín, ministra TIC, aseguró a SEMANA que desde ya estudian una serie de cambios regulatorios y legislativos en este tema. Afirmó que su cartera y la de Transporte están trazando una propuesta, que anunciarán para comentarios en las próximas semanas. Y agregó que el documento permitirá tener claridad frente a la normatividad que regirá las plataformas y abrirá el campo a los retos de los emprendedores tecnológicos del país. Aun así, las acciones del Gobierno aparecen bastante tarde y ya no solo queda el reto de legislar.
Expertos han advertido que las decisiones contra las plataformas de transporte podrían afectar la confianza inversionista que con gran esfuerzo ha logrado erigir el país. Asimismo, se convertiría en un bache para el desarrollo del emprendimiento y de la economía digital, y debilitaría el impulso que el Gobierno del presidente Iván Duque ha querido darle a este tipo de innovaciones. Incluso, las propias plataformas han manifestado que las decisiones tomadas desestimularían la generación de ideas y el desarrollo de negocios que representan el futuro de sectores como movilidad, financiero, hotelería y turismo. De igual manera, expertos aseguran que esto abriría paso a una fuga de emprendedores que preferirían crear sus empresas en países con mejores condiciones, y a que inversionistas extranjeros frenaran sus proyectos por temor a que les pasara algo similar. Incluso, algunos estiman que con estas decisiones Colombia podría dejar de recibir unos 150 millones de dólares en inversión. No hay que ir muy lejos. A finales del año pasado, Uber canceló una inyección de más de 40 millones de dólares en el país a causa de la inseguridad jurídica. Recursos que iban a ser destinados a la creación del Centro de Excelencia de Latinoamérica y con el que proyectaba generar cerca de 600 empleos. Otros analistas mencionan el efecto sobre los impuestos que dejaría de recibir el Estado de estas plataformas. Por concepto de IVA, solo Uber ha recaudado un total de 35.000 millones de pesos con corte a diciembre de 2018. Pero, sin duda alguna, el mayor perdedor con esta salida será el usuario, un actor que no ha aparecido en este debate. Eso deja en el aire la idea de que el Estado solo ha velado por los derechos de un sector. En este sentido, resulta diciente que las entidades gubernamentales tomaron las decisiones que afectan el servicio de Uber en medio de los disturbios sociales del año pasado, tiempo en el que también se llevaron a cabo algunos encuentros entre los líderes del gremio amarillo y el Gobierno.
Que Uber se retire significa que 2 millones de ciudadanos quedarán en el limbo en cuanto a una alternativa de transporte. Se trata de un sector poblacional que probablemente no querría volver a usar el servicio del gremio amarillo. Y es que plataformas como Uber, Cabify, Beat, Didi e InDriver desmonopolizaron el sector y brindaron diversidad de opciones de transporte a los colombianos. De igual manera, algunos expertos consideran que también ayudan a satisfacer la demanda que los taxis no están en capacidad de atender y que, en muchas ocasiones, ni las mismas plataformas alcanzan a llenar (en temporadas de festividades como las de fin de año).
El tema del empleo también ha tocado fibras. El representante a la Cámara Mauricio Toro resalta que suspender las operaciones de Uber en Colombia violaría el derecho al trabajo de los ciudadanos que ven en estas plataformas una alternativa laboral, en tiempos en los que conseguir empleo se ha convertido en una tarea imposible. Unos 88.000 colombianos dejaron sus trabajos para independizarse o encontraron una forma de sustento con una opción más rentable, y ahora han quedado en el aire. Además, según datos de la start-up, más de 76 por ciento de los socios conductores registrados tienen personas que dependen de ellos, y más de 60 por ciento es cabeza de familia. Habrá que esperar si el Gobierno, que se ha mantenido en silencio, tomará medidas para ayudar al usuario y si buscará un reemplazo para mejorar la movilidad de los ciudadanos. También quedará pendiente el avance del proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso, cuyo objetivo es regular estos servicios en igualdad de condiciones con las nuevas empresas y los taxistas.
A esto se suma el plan de Uber de demandar a Colombia por violar el TLC con Estados Unidos. Fuentes cercanas al asunto, que prefirieron no revelar su identidad, sostienen que esa decisión no será fácil para la empresa, pues no tendría cómo demostrar la existencia de inversiones en el país basadas en el tratado. A lo que se agrega que Uber está prestando un servicio para el cual no está habilitado. Lo que pase con la demanda en los tribunales marcará el nuevo capítulo de este lío que parece de nunca acabar.