Para el martes 11 de junio se encuentra en el quinto punto en el orden del día de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de ley para la creación de Ecominerales, una empresa industrial y comercial del Estado que tendrá a su cargo la administración de bienes de reversión por títulos mineros, el acompañamiento en programas de legalización y la comercialización, exploración y extracción de minerales estratégicos.
Esta iniciativa forma parte de un paquete de decisiones que impulsa el Gobierno en el sector, así como un decreto del Ministerio de Ambiente, que establece criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal, o la nueva ley minera que reforma el Código de Minas y que incluye la prohibición de contratar la exploración y explotación de carbón térmico.
Antes de su tránsito en el Congreso, y tras audiencias públicas, la Contraloría General de la Nación lanzó los primeros dardos contra el proyecto de creación de Ecominerales, en una carta firmada por Carlos Mario Zuluaga, contralor (e), y dirigida a Germán Blanco, presidente de la Comisión Primera del Senado.
Zuluaga manifiesta varias preocupaciones. La primera tiene que ver con la creación de una empresa que repita “los problemas financieros, de corrupción y de falta de independencia e idoneidad” que se presentaron en entidades del sector en el pasado, como Ecominas, Mineralco, Ecocarbón, Carbocol y Minercol. El proyecto de ley, agrega la carta, contempla que a la nueva empresa minera le sean transferidos recursos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) durante los primeros cinco años de su creación, además de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y de créditos, con aumentos sucesivos de capital.
La Contraloría considera necesaria una evaluación financiera del dinero que demandaría la creación y funcionamiento de esta nueva entidad, del que dejarían de recibir la ANM y la ANH, y de los rubros presupuestales que se verían afectados, para que no suceda lo mismo que con la creación del Ministerio de la Igualdad, proceso que la Corte Constitucional declaró inexequible al no cumplir los análisis de impacto fiscal.
La entidad advirtió que no se ha dado un adecuado manejo de los bienes reversados por Prodeco, empresa que en 2021 renunció a los títulos mineros que tenía en el Cesar. Destaca la Contraloría que esta es una función propia de la ANM y que así se evidencia “que la ANM no está cumpliendo plenamente con la totalidad de las funciones asignadas”.
También preocupa a la entidad que la participación de Ecominerales o de alguno de sus socios en los procesos de selección objetiva de las áreas estratégicas pueda comprometer la objetividad y la transparencia de los mismos. También señala una posible contradicción –que generaría falsas expectativas a las comunidades e inseguridad jurídica a la inversión extranjera– porque en las audiencias se mencionó que Colombia dejará de necesitar inversión extranjera para extraer minerales, pero el articulado establece la posibilidad de realizar contratos de asociación.
Zuluaga señala que podría darse un escenario en el que Ecominerales no estaría obligada a realizar aportes por regalías, y advierte que en el proyecto de ley se pretende limitar a la Contraloría en su ejercicio del control fiscal.
Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, señaló que las advertencias de la Contraloría coinciden con las que ha hecho su gremio desde hace un tiempo: “Se necesita conocer el estudio de viabilidad fiscal que sustenta la creación de una empresa estatal minera, que entraría a intervenir en toda la cadena, para que esta no se convierta en un fiasco más, como las que ya han existido en el pasado”.
La defensa
Álvaro Pardo, presidente de la ANM, le explicó a SEMANA los alcances del proyecto de ley de creación de Ecominerales y señaló que varios de los temas que ha planteado la Contraloría se refieren al primer proyecto, “pero muchos fueron ya abordados para la primera ponencia”.
Frente a repetir la historia de otras empresas estatales del sector, Pardo dijo que, sin desconocer que se han presentado casos de corrupción, algunas empresas como Carbocol desaparecieron “porque su objeto social desapareció”, o porque se dieron fusiones, como el caso de Ingeominas, que absorbió a Minercol.
De cara al tema fiscal, reconoce que se han hecho ajustes, precisamente para evitar correr la misma suerte que el Ministerio de la Igualdad. Afirmó que el Ministerio de Hacienda va a entregar un aval positivo, “porque no estamos pidiendo plata del presupuesto nacional y estamos buscándole otras fuentes para financiar a Ecominerales”.
Dichas fuentes serían dos: bienes de reversión y el manejo de los excedentes de la operación de la ANM. De los primeros, ya tiene en sus cuentas el avalúo que hizo Cisa de los bienes que revirtieron de Prodeco, los cuales suman 121 millones de dólares. De los segundos, se planteó girar parte de los excedentes de la ANM para fortalecer durante los próximos cinco años el patrimonio y los activos de Ecominerales. “Nosotros generamos ya recursos propios que son suficientes para funcionamiento e inversión. Y los excedentes que quedan en manos de Hacienda se distribuyen y, hasta ahora, lo que hay aprobado es que el 20 por ciento de esos excedentes puede también utilizarlos la agencia. Allí planteamos sacar una parte para Ecominerales. Quiero hacer mucha claridad: no se está poniendo en riesgo la agencia”, dijo Pardo.
Ante la preocupación de la Contraloría con el tema de Prodeco y la reversión de bienes, Pardo lamentó el pronunciamiento del ente de control porque dijo que ha sido informado de todo el proceso. Agregó que ya se tiene la hoja de ruta para la reversión. Explicó que la fecha inicial terminaba en marzo de 2024, pero Prodeco pidió un plazo para terminar y se extendió para el próximo 8 de julio. En este momento, hay dos demandas: una de Prodeco, por la demora en la liquidación de los contratos, labor que no hizo el anterior Gobierno, añade Pardo. Y otra del Gobierno, porque hay activos que, a juicio de Prodeco, no entran en la reversión, pero que el Ejecutivo considera que sí.
En lo que respecta al posible conflicto de intereses, Pardo lo compara con el sector de hidrocarburos. Allí está la ANH para entregar rondas y áreas (en este caso la ANM) y Ecopetrol participa como una empresa más en igualdad de condiciones, como lo haría Ecominerales.
“He destacado la importancia del sector privado por tres razones: tiene la experiencia, el conocimiento y los recursos para actuar en el sector minero colombiano. Son imprescindibles. Nunca se me ha pasado por la cabeza sacar al sector privado. Nunca hemos estado en contra de la inversión privada. La necesitamos”, señaló Pardo al explicar el papel de las empresas en este proceso.
Finalmente, advirtió que Ecominerales está obligada a pagar regalías y todas las responsabilidades legales que tienen las empresas del sector, y se preguntó cómo una compañía le puede restar competencias a la Contraloría, cuando sus funciones las fija la Constitución y actos legislativos.
Arranca así la discusión de este proyecto clave para el Gobierno, pero que algunos consideran un retroceso al volver a un modelo minero del pasado.