En medio de la escasez de alimentos que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro tomó otra de sus drásticas medidas contra el sector privado. Expropió una gran bodega de Polar, la principal compañía que produce comida en ese país, así como de las multinacionales Nestlé, Pepsi-Cola y Cargill. El mandatario dio a estas empresas un plazo de 60 días para que desalojen un terreno de 140 hectáreas en el que se construirán viviendas populares. Luego de conocerse la noticia, las protestas no se hicieron esperar. Por lo menos 2.000 personas podrían perder su trabajo y se afectará la distribución de productos –desde ese centro salen cada mes 12.000 toneladas de alimentos y 6 millones de litros de bebidas–. En el caso de Polar el tema es más complicado porque este grupo, con más de 70 años de historia, fabrica varios de los productos de alto consumo como la Harina Pan y Cervezas Polar. Esta última compañía tenía dos de sus seis plantas al borde del cierre la semana pasada ante la escasez de materia prima. Polar, del empresario Lorenzo Mendoza, ha sido objeto de duros cuestionamientos en los últimos meses por parte de Maduro, que lo acusa de apoyar una guerra económica contra el pueblo. Algunos analistas señalan que detrás de esta medida está el propósito del gobierno de controlar los principales centros de distribución para dirigir los productos básicos a donde quiera, y contrarrestar la especulación. Pero esta no es la única compañía en problemas. Muchas otras empresas han advertido que su producción podría paralizarse por falta de dólares e insumos. Es el caso de Palmolive, que anunció que trabaja al 15 por ciento de su capacidad, o de Kraft, que tiene nueve de diez líneas industriales cerradas. El 85 por ciento de los empresarios consultados por Conindustria (Confederación Venezolana de Industriales) reportó una caída del 85 por ciento en sus inventarios de materia prima y el 75 por ciento reveló un descenso en los niveles de producción. El fuerte control de cambios y de precios de los productos básicos acorrala al sector privado, que muchas veces debe vender por debajo de los costos. A ello se suma que las importaciones están frenadas por la falta de divisas, problema que se agudizó con el desplome de los precios del petróleo, que son el 96 por ciento de los ingresos de Venezuela. La escasez de productos básicos se agudiza cada día. Son interminables las filas de personas a la salida de establecimientos para comprar arroz, carne o leche. También han surgido los llamados ‘bachaqueadores’, que se dedican a hacer largas filas para adquirir los artículos subsidiados o regulados por el gobierno y luego revenderlos a precios cinco y hasta diez veces por encima del oficial. Por ejemplo, un kilo de carne, que según el precio regulado cuesta 250 bolívares, en el mercado negro vale unos 900 bolívares; el champú de 30 bolívares sube a 300 y los pañales pasan de costar 160 bolívares a más de 600 según donde se adquieran. La situación se ha complicado a tal extremo que en las últimas dos semanas se han presentado nuevos desórdenes en establecimientos de comercio. El saqueo del supermercado San Félix, al sur de Venezuela, dejó como resultado una persona muerta y 60 heridas. También se presentaron desórdenes en Locatel, Makro y otros establecimientos. La organización no gubernamental Human Rigths Watch, en la visita que hizo este año al país, advirtió sobre una posible crisis humanitaria al señalar que “muy pocas veces hemos visto un deterioro más rápido en el acceso a la medicina que lo que ha sucedido en Venezuela, con excepción de las zonas de guerra”. Inflación imparable Como consecuencia de la falta de medicinas y alimentos los precios siguen subiendo como espuma. El Banco Central no revela cifras oficiales sobre el comportamiento de la inflación desde diciembre pasado, pero firmas como Ecoanalítica sostienen que el costo de vida supera el 80 por ciento en lo corrido del año y 120 por ciento en los últimos 12 meses. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también encendió las alarmas sobre la elevada inflación y sobre la caída en el producto interno bruto (PIB), que estimó en 7 por ciento este año. A ello se suma que Venezuela tiene uno de los sistemas cambiarios más complicados del planeta. Para comprar alimentos básicos y medicinas opera una tasa de cambio de 6,3 bolívares por dólar. Hay otra de 12 bolívares que opera bajo un esquema de subastas, y una tercera, cercana a 200 bolívares, conocido como el Sistema Marginal de Divisas (Simadi). Pero estas tasas palidecen frente al dólar negro o paralelo que ronda los 680 bolívares por unidad. Lo más grave es que en el corto plazo no se ven cambios en la política económica. La proximidad de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre tiene en ascuas al gobierno, que podría perder escaños en el Congreso ante el creciente malestar de la población. El sector privado insiste en hacer llamados para que el Ejecutivo dé un viraje en las políticas económicas. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, propuso la semana pasada titularizar la deuda con proveedores internacionales, que llega a 10.000 millones de dólares. Estas obligaciones se pagarían en un periodo entre 2 y 4 años. También le planteó al gobierno permitir que el sector privado vuelva a manejar algunas empresas estatizadas, como las industrias cementeras, siderúrgicas y eléctricas. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, dice que en lugar de “surfear la crisis”, Maduro debe tomar decisiones drásticas que pasan por eliminar el control de precios, que ha fomentado el contrabando y el mercado negro, y acabar con las distorsiones cambiarias. “Si no se toman medidas puede haber una implosión social y una dinámica hiperinflacionaria que no ha conocido Venezuela en su historia”, dice el analista. Por su parte Luis Vicente León, de Datanálisis, hace énfasis en que se necesita un gran acuerdo nacional para sacar adelante al sector productivo, porque de lo contrario los problemas se agravarán a unos niveles inimaginables. La pregunta que muchos se hacen es cuánto más oxígeno le queda al gobierno antes de que el panorama se complique más. La respuesta no es fácil porque Maduro ha hecho malabares para sortear la falta de divisas. Entre ellos acudir a las reservas internacionales, que están por debajo de los 16.000 millones de dólares, o recurrir a préstamos de China. Uno de los últimos recursos fue acudir al FMI para retirar, por segunda vez en 2015, parte de los ahorros que mantiene en ese organismo (los derechos especiales de giro). Este año ha retirado 1.880 millones de dólares y le queda un saldo de 1.200 millones. Pero la munición se está acabando y, por lo visto, la paciencia de los venezolanos también.