El sonado caso de los sobrecostos en los precios de los productos alimenticios que hacían parte de los mercados repartidos a nivel nacional en el comienzo de la pandemia vuelve a sonar.
La Contraloría general abrió proceso de responsabilidad fiscal contra varios funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, al igual que contra varios proveedores del Estado, por presunta vinculación con lo ocurrido en ese momento, cuando la población más vulnerable requería de ayudas con alimentos y el país estaba haciendo un esfuerzo económico para financiar las ayudas.
Además de productos facturados al doble y más, como sucedió con latas de atún de 370 gramos a 20.000 pesos, la Contraloría pudo establecer que en los mercados había faltantes en cantidades y productos; al igual que entregas incompletas de mercados que debían ser destinados a los afectados por la emergencia sanitaria de la covid-19.
En la apertura de juicio de responsabilidad fiscal la Contraloría general vinculó al director de gestión de riesgo de desastres, al igual de 4 subdirectores y 35 proveedores.
Dicha responsabilidad fiscal está establecida por 16.637 millones de pesos y entre los argumentos expuestos por el organismo de control, se destaca que hubo 89 órdenes de proveeduría emitidas por la unidad de riesgo de desastres para la entrega de estos kits de alimentos de asistencia humanitaria de emergencia, conforme a la declaratoria de calamidad pública en el país.
Hallazgos
De acuerdo con lo señalado por la Contraloría, los actos irregulares que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron puestos en conocimiento de la Contraloría a través de dos denuncias que llegaron a la entidad, vía correo electrónico, el 29 de abril, cuando estaba en pleno furor la cuarentena estricta.
El caso fue asumido por la Contraloría delegada de participación ciudadana, que, a su vez, solicitó a Ditri (dirección de información, análisis y reacción inmediata, que iniciara la recopilación de pruebas para la investigación.
El tema llegó hasta el Congreso de la República, donde el control político fue ejercido sobre la unidad de gestión de desastres.
La Contraloría pudo establecer que hubo sobrecostos, que se despacharon las porciones con menores cantidades en casos como la leche, el arroz, la pasta, la panela, el frijol, la lenteja, el chocolate y el aceite.
Inclusive, hubo kit de alimentos que no llegaron a su destino (mercado puerta a puerta), como se dijo.
Además de afectar a la población que, en el momento de entrega de las ayudas tenía necesidad apremiante de los alimentos, la Contraloría halló presunto detrimento del patrimonio público.
Dentro de los nombres anotados por la Contraloría, tras la apertura de Eduardo José González Angulo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; María Grisela Benítez Ospina; Fernando Carvajal Calderón, y Ariel Enrique Zambrano Meza, subdirectores para el Manejo de Desastres
Entre tanto, de los 35 proveedores de esta entidad, la Contraloría menciona empresas como Apoyos y Logísticas SAS, Ardiko A&S Construcciones, Suministros y Servicios SAS, Central Cooperativa Proveeduría Indígena del Cauca – CENCOIC, Corporación Ceres, D&M Distribuidora y Comercializadora SAS, Distrifruver La Carreta y Diver Dotaciones SAS.