Argentina cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar su deuda con el organismo por 45.000 millones de dólares, a través de un nuevo convenio crediticio que será sometido al Congreso y debe ser ratificado por el directorio del FMI.
Al cabo de año y medio de arduas negociaciones, el Gobierno argentino anunció el envío este jueves al Congreso del acuerdo alcanzado con el ‘staff’ del FMI.
“El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, señaló el Ministerio de Economía en un comunicado.
El FMI calificó el programa como “pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica”, y con el objetivo de “abordar de manera duradera la alta inflación persistente (en el país), a través de una estrategia múltiple que involucra una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria”.
Argentina tiene una inflación anual de más del 50 %, una de las más altas del mundo.
El acuerdo preliminar había sido anunciado por el presidente de centroizquierda Alberto Fernández el 28 de enero.
El acuerdo conocido como de facilidades extendidas incluye 10 revisiones trimestrales durante dos años y medio. Cuando se apruebe, permitirá reprogramar los abultados vencimientos que enfrenta Argentina, con unos 19.000 millones de dólares previstos este año y otros 20.000 millones en 2023, un horizonte que el gobierno de Fernández considera imposible de cumplir.
“El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión”, indicó el ministerio, al explicar que el período de repago es de 10 años, con una gracia de cuatro años y medio, por lo que la deuda deberá cancelarse entre 2026 y 2034.
Con este acuerdo, Argentina se compromete a reducir su déficit fiscal del 3% del PIB actual al 0,9 % en 2024.
Uno de los puntos más difíciles en la negociación fue la eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, especialmente el gas y la electricidad, que se hará de manera proporcional por niveles de ingreso económico, según la vocera presidencial Gabriela Cerruti.
Con información de la AFP.