La compañía Celsia destinará $ 71.000 millones para llevar a cabo la ejecución de 11 proyectos viales (3), educativos (7) y ambientales (1) de alto impacto en cinco departamentos y 16 municipios de alta vulnerabilidad del país, a través del mecanismo de Obras por Impuestos.
Estas iniciativas, aprobadas por la Agencia de Renovación del Territorio, fueron presentadas en conjunto con las alcaldías y las gobernaciones de los departamentos del Tolima, Antioquia, Cauca, Sucre y Valle del Cauca. Algunas de ellas tuvieron el apoyo de los respectivos estamentos parlamentarios.
Estos proyectos fueron seleccionados luego de que las mismas comunidades los propusieran y priorizaran, y serán desarrollados por Celsia, que no solo canalizará una parte de los impuestos que debe pagar para desarrollar estas obras, sino que se encargará de los diseños, logística, contratación, administración, ejecución y seguimiento de los proyectos.
Además, la empresa aseguró que se encargará de verificar que la ejecución de estas obras se dé en los plazos anunciados, con altos estándares de calidad y sin sobrecostos. Todo el riesgo de la ejecución de las obras, en costos y cronogramas, los cubrirá Celsia.
“Nosotros pagamos, como parte de nuestra responsabilidad empresarial, los impuestos que nos corresponden directamente al Gobierno Nacional; pero tener la opción de ejecutar parte de ellos directamente en proyectos que necesita la comunidad nos hace doblemente felices porque aseguramos que esos recursos se queden en las regiones donde tenemos presencia y que las comunidades de nuestras áreas de influencia se vean favorecidas”, afirmó Ricardo Sierra, líder de Celsia.
Además, destacó que entre este paquete de 11 proyectos nuevos se incluyó el primero de tipo ambiental para la restauración ecológica que se realiza bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Los municipios que serán beneficiados son Cajamarca, Rovira y Roncesvalles, en el departamento del Tolima.
A través del mecanismo de Obras por Impuestos, las empresas pueden destinar hasta el 50 % del impuesto de renta en la ejecución de proyectos de agua potable y alcantarillado, energía, infraestructura vial, educación y salud pública, en municipios afectados por el conflicto armado o que están priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).