A causa del paro minero que se ha venido sosteniendo en Antioquia, más concretamente en la localidad del Bajo Cauca desde el pasado mes de abril, esta región y su actividad minera se han encontrado en el centro del debate con el fin de solucionar esta problemática.
Según activistas y participantes de este paro, sostienen que los detonantes para esta movilización no responden a una situación coyuntural, sino a una estructura fallida de gobernanza, ante la cual esperan una intervención a largo plazo por parte de las autoridades.
Dentro de esta situación de conflicto ha tenido alto grado de participación el Clan del Golfo (a quienes incluso se les atribuye la articulación de este paro), debido a su presencia en la zona, y en las cercanías a los corredores entre Venezuela y Panamá, por lo que los mineros denuncian presencia no solo de violencia, sino también de corrupción y contrabando, lo que ha dificultado las labores del sector y, según activistas, solo ha sido resuelto con medidas de corto plazo, y no de fondo.
A causa de esto y entendiendo las necesidades de la actividad minera en la región, el Grupo de Diálogo Sobre Minería en Colombia (GDIAM) realizó una serie de propuestas con el fin de dar mayor énfasis a esta difícil situación:
En primer lugar, solicitan entender la tipología minera y realizar un censo que permita caracterizar estos tipos de actividad y las necesidades que puedan llegar a presentar; posteriormente, solicitan fomentar alianzas socio-público-privadas que promuevan la formalización a través de la inclusión financiera.
En tercer lugar, solicitan crear mesas permanentes de diálogo y coordinación que permitan medidas preventivas, y en conjunto luchar contra la extracción ilícita de minerales, protegiendo así a la minería artesanal ancestral.
Finalmente, los involucrados solicitan conformar una Misión de Ordenamiento Territorial, considerar el alcance de los enfoques de género y étnico y deslegitimar las vías de hecho como forma de alcanzar objetivos sociales, económicos o criminales, con el fin de que estos no atenten contra la seguridad del territorio y de los mineros de la región.