Los artefactos explosivos y las armas de todo tipo siguen siendo una amenaza importante y continúan causando daños indiscriminados no solo durante los ataques, sino también durante muchos años después de su uso. En 2022 se registraron en Colombia 145 víctimas por minas y restos explosivos de guerra, siendo uno de los 5 países en donde se reportó su uso por parte de grupos armados no estatales en ese año.
A pesar de los importantes avances realizados en la reforma de diversas leyes y políticas, siguen existiendo brechas en cuanto al acceso a los servicios médicos, la asistencia sanitaria, los servicios de rehabilitación física y la ayuda humanitaria. El uso de armas explosivas y la subsiguiente contaminación a largo plazo tiene repercusiones no solo en los individuos directamente afectados. Por ello, no solo se consideran víctimas las personas muertas o heridas, sino también los miembros de sus familias y las comunidades que viven en zonas afectadas por armas y artefactos explosivos, que han sufrido individual o colectivamente daños físicos, emocionales o psicológicos, pérdidas económicas o un menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales.
Para alertar sobre esta problemática, la organización de solidaridad internacional independiente, Humanity & Inclusión (HI), publicó el informe “La Rehabilitación importa: un llamado de la población afectada por conflictos armados”, en el que a través de los testimonios y experiencias de siete personas en el acceso a la rehabilitación y a la tecnología de asistencia en zonas afectadas por conflictos armados en Colombia, Irak y la República Democrática Popular Lao, busca hacer un llamado a redoblar los esfuerzos y garantizar que todos los que lo necesiten reciban una rehabilitación y una tecnología de asistencia de calidad, como una cuestión de derechos, inclusión y dignidad.
Esta publicación, financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, también proporciona recomendaciones y líneas de acción para que los gobiernos, las entidades locales y los organismos internacionales entiendan que el acceso de estas personas a la rehabilitación y a la tecnología de asistencia temprana reduce las complicaciones de salud, acelera el alta hospitalaria, fomentan su autonomía, su participación en la sociedad, su productividad económica y facilita su vida independiente.