El presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 12 % en el salario mínimo para el año 2024, fijándolo en 1′300.000 pesos más el auxilio de transporte. Esta decisión se tomó tras la falta de acuerdo entre los gremios de trabajadores y empresarios. Sin embargo, la aplicación de este aumento no es opcional, especialmente para aquellos empleados que devengan el salario mínimo.
Según la abogada Mariana Cepeda, si los empleadores no cumplen con la obligación de pagar el nuevo salario desde enero, se exponen a sanciones severas. La falta de acatamiento a esta disposición puede llevar a investigaciones administrativas con multas que varían entre uno y 5.000 veces el salario mínimo legal vigente, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, la abogada señala que esta negligencia podría resultar en la terminación del contrato laboral, con la obligación de pagar una indemnización correspondiente o el reconocimiento del salario con una indemnización moratoria.
Es importante destacar que el aumento salarial no se aplica a los funcionarios públicos en 2024, según lo anunciado por el presidente Petro en noviembre de 2023. Esta decisión se basa en el fallo de la Corte Constitucional, que eliminó la deducción de las regalías del impuesto de renta de las empresas petroleras y mineras.
En resumen, los empleadores que no cumplan con la obligación de pagar el aumento salarial decretado para 2024 pueden enfrentar consecuencias legales significativas. La aplicación rigurosa de estas medidas busca garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos laborales, protegiendo los intereses de los trabajadores frente a posibles incumplimientos por parte de los empleadores.